Topolobampo, Ahome.- Los defensores y defensoras de la Bahía de Ohuira, miembros del colectivo Aquí No, anunciaron que 11 relatorías de la Organización de las Naciones Unidas han emitido recomendaciones y solicitado acciones a los gobiernos y empresas involucradas en el megaproyecto de amoniaco en Topolobampo, al norte de Sinaloa, derivado de preocupaciones por posibles violaciones de los derechos humanos implícitos en el proyecto.
“Las Naciones Unidas sacaron sus recomendaciones. De esto, es de suma importancia mencionar, que es histórico el que 11 relatores hayan avalado tales recomendaciones […] Hablar de 11 relatores es hablar de algo preocupante a nivel internacional, que 11 relatores se hayan unido a las recomendaciones, que la ONU ha visto todas las violaciones de nuestros derechos ambientales y humanos. 11 relatores es algo que debe preocupar al gobierno mexicano”, dijo Claudia Quintero, líder indígena de Ohuira.
Se trata de un grupo de expertos independientes en derechos humanos, designados y mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Entre los 11 relatores está un especialista sobre derechos de los pueblos indígenas, de promoción y protección al derecho a la libertad de expresión, derechos de los campesinos, derechos culturales, entre otros.
“Es importante que todo México sepa que la ONU ya está sobre el norte de Sinaloa, que ya hay recomendaciones. Que a gran vista ya se ven las violaciones de derechos humanos”, dijo Quintero
Las cartas del grupo de relatores fueron enviadas a seis entidades: al banco alemán KfW, que financia el proyecto; a Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), responsable de la inversión y construcción de la planta en México; a Proman, la empresa suizo-alemana propietaria de GPO; así como a los gobiernos de México, Suiza y Alemania.
“5 cartas de las 6 ya fueron contestadas, no conocemos todavía la contestación, pues por diplomacia quieren sacar juntas las contestaciones. Resulta que la única que falta es la del gobierno mexicano. O no le interesa, se está haciendo de la vista gorda, o quiere dejar que pase el tiempo para que quede finiquitado el proyecto y estas violaciones de nuestros derechos”, siguió la líder indígena.
¿Qué dicen los relatores de la ONU sobre la bahía de Ohuira?
Desde que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza PROMAN, llegó en 2013 con la intención de construir una de las plantas de amoníaco más grandes de América Latina, la vida en Topolobampo comenzó a tensarse.
La región no es cualquier costa, es un sistema lagunar reconocido desde 2009 como sitio Ramsar, protegido internacionalmente por su biodiversidad. Ahí habitan tortugas, delfines, aves migratorias y miles de especies marinas; ahí pescan más de 3,000 familias indígenas y ribereñas. Aun así, las primeras obras del proyecto avanzaron sobre un territorio declarado frágil.
Según documentación citada por Naciones Unidas, la empresa ya habría ocasionado la destrucción de 21,000 metros cuadrados de manglar y la desecación de humedales que sostienen la vida de flora y fauna. Una vez operativa, la planta usaría 2,000 metros cúbicos de agua de mar por hora, una extracción que podría destruir más de 500 toneladas de larvas de camarón al año: más de la mitad de toda la pesca ribereña que sostiene la economía local.
Pero no es solo un problema ambiental, pues la ONU detalla riesgos que rozan la tragedia humana. El propio Estudio de Riesgo Ambiental del proyecto reconoce que una fuga de amoníaco de apenas cinco minutos, causada por una ruptura en los ductos, podría generar una nube tóxica de 45 kilómetros de diámetro, suficiente para poner en “peligro inmediato a la salud o la vida” de más de 400,000 personas. Y eso sin considerar las fases futuras que incluirían una segunda planta de amoníaco y otra de metanol.
A pesar de ese escenario, la empresa obtuvo permisos sin haber cumplido con la consulta previa, libre e informada que exige la ley para proyectos que afectan a Pueblos Indígenas. La Suprema Corte de Justicia lo confirmó en 2021: se violó el derecho a la consulta y las comunidades Yoreme-Mayo no fueron escuchadas. En 2022, cuando el Gobierno organizó una consulta tardía, cuatro de cinco comunidades votaron en contra. Aun así, SEMARNAT reautorizó el proyecto.
La respuesta social no tardó en organizarse. Nació el movimiento ¡Aquí No!, encabezado principalmente por mujeres defensoras, pescadores y autoridades tradicionales. Se volvieron la voz de una bahía que no quiere sacrificar su futuro. Y por eso, según documentó la ONU, enfrentaron hostigamiento, difamación, vigilancia, allanamientos, amenazas y hasta intentos de desaparición.
En la documentación de la ONU, se corroboró que una defensora fue interceptada después de una marcha y solo logró escapar corriendo. Otra fue desplazada de su hogar
La gravedad escaló cuando, según uno de los mandatos de Naciones Unidas, GPO habría pedido a un organismo público “evitar los pronunciamientos” de una mujer que se oponía al proyecto. Para los expertos internacionales, esto no solo es impropio: constituye una señal clara de que los derechos de participación, expresión y defensa del territorio están siendo vulnerados.
Los defensores cuentan con medidas de protección federal y estatal, pero aún viven con miedo. Las obras continúan de manera parcial. Las denuncias también. Y las cartas enviadas por más de diez Relatorías de la ONU a México, Suiza, Alemania y PROMAN sostienen que el proyecto amenaza el medio ambiente, vulnera los derechos del Pueblo Yoreme y pone en riesgo la vida de toda la región.
Con información de Marcos Vizcarra
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