Defensores y defensoras de la Bahía de Ohuira, en Ahome, al norte de Sinaloa, denuncian que la empresa Gases y Petroquímicos de Occidente (GPO) ha reclutado a habitantes de comunidades de la región para ejercer actos de violencia contra activistas que se oponen a la planta de amoniaco que se construye en Topolobampo, debido a sus implicaciones socioambientales.

“Esos operadores son los que ya están en la comunidad, y ya no es la empresa la que te está violentando, es tu propio hermano. Cuando a nosotros nos golpearon y hubo violencia dentro de nuestra comunidad, no fue la empresa ni el gobierno la que me golpeó, la que golpeó a mi hijo. Fue mi propio vecino, entre familias. Pero es el dinero de la empresa que compra las conciencias“, dijo a ESPEJO Susana Quintero, líder indígena de Ohuira.

 

De acuerdo con el testimonio de los activistas del colectivo Aquí No, las mismas personas que buscan confrontaciones y amedrentan a los activistas han dicho que son empleados por GPO. Algunos, incluso, portan indumentaria alusiva a esta y a Proman, la empresa suizo-alemana dueña de GPO. Las comunidades en lo que se ha visto el fenómeno incluyen a Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas.

Quintero denuncia que estos operadores han hecho amenazas contra ella y su familia, además de ejercer la violencia física. La situación ha llevado a que tanto ella como los demás defensores de la Bahía de Ohuira porten chaleco antibalas y botones de pánico.

“Había bajado bastante esa violencia porque ya no les daban dinero. Ya no les daban apoyos y ya no les daban nada, pero hace dos meses que ya lo vimos de vuelta y empezó más fuerte”, siguió la activista.

 

Entre septiembre y octubre se presentaría lo que denominan una segunda ola de violencia por parte de los operadores de GPO, misma que llevaría las agresiones a un siguiente nivel.

“Esta otra ola de los actores de la empresa está muy violenta. Ahorita puedo decir que dentro de la comunidad se han ligado con personas que manejan las tiendas malditas [donde se ejerce el narcomenudeo]. Entonces, es donde la gente dice: «No, está el de la plaza y me da miedo»”, dijo, por su parte, Melina Sandoval, promotora comunitaria ambiental en la comunidad de Lázaro Cárdenas.

 

El colectivo asegura que hay razones para creer que la empresa GPO ha comenzado a instrumentalizar esquemas del crimen organizado para atentar contra quienes piden la suspensión de la planta de amoniaco.

Sandoval comenta que, pese a que ya ha interpuesto denuncias ante las autoridades locales, estas no han tomado acciones. Califica la actitud de las mismas como una “muy tibia”.

¿Qué es la planta de GPO y por qué protestan en su contra?

 

La planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del conglomerado suizo-alemán Proman, es un megaproyecto industrial que se construye en Topolobampo, Ahome, con una inversión superior a 1,200 millones de dólares. La planta está financiada por el banco alemán KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Su finalidad es producir amoniaco para la industria de fertilizantes y se ubicaría dentro de la Bahía de Ohuira, una zona estratégica para la pesca y de alto valor ecológico. También es un área sumamente importante para la cosmovisión de los pueblos indígenas de la región.

Diversas comunidades Mayo-Yoreme y organizaciones civiles mantienen su rechazo al proyecto. Señalan que la planta podría provocar daños a los ecosistemas marinos, afectar territorios y sitios sagrados, y modificar la economía local basada en la pesca.

Además, sostienen que la consulta indígena realizada no cumplió con los estándares de un consentimiento libre, previo e informado, y acusan que las decisiones gubernamentales han privilegiado intereses empresariales por encima de los derechos de las comunidades.

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