La utilización de un coche bomba para atacar las sede la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán, y los explosivos lanzados contra una vivienda en Villa Unión, municipio de Mazatlán, confirman el escalamiento del crimen organizado a hechos de violencia de tipo terrorista por más que las autoridades de seguridad pública determinen clasificarlos de diferentes maneras.

Los llamen como los llamen, el terror que provocan los métodos extremos a los que acuden los sicarios del narcotráfico instan a los gobiernos de México y Sinaloa a darles el tratamiento adecuado y que le pongan fin a la actitud que a través de minimizar las tácticas delictivas exhiben la maniobras de dejar pasar y dejar hacer aportando a que la crisis de la seguridad pública se prolongue y normalice.

En el caso de Coahuayana, en pleno proceso de pacificación de Michoacán el coche bomba dejó cinco fallecidos e igual número de heridos, entre ellos menores de edad, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y la Fiscalía General de la República informaron hoy que las investigaciones son por delitos de delincuencia organizada.

En lo que respecta a Villa Unión, murió una pareja que habitaba el domicilio atacado con explosivos y no obstante la psicosis de miedo en la población de esta sindicatura de Mazatlán, los militares y policías tardaron tres horas en llegar al lugar del atentado aun cuando la distancia entre la ciudad y la comunidad es de 24 kilómetros.

Sin ser el primero hecho de violencia en que se usan explosivos dirigidos contra personas, vehículos e inmuebles, los operativos tardan en implementar medidas específicas de detección y anulación de estos eventos de alto impacto que echan abajo cualquier avance en percepción de mejor seguridad. Sean clasificados como delincuencia organizada o terrorismo, da lo mismo si la prioridad gubernamental consiste en restarles importancia y no en evitarlos.