Culiacán, Sin.- El 9 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó un nuevo endeudamiento por 2 mil 200 millones de pesos para el Gobierno de Sinaloa. La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS) rechazó la medida al considerar que el recurso se pretende ejercer sin planeación, sin diagnósticos previos y sin garantías mínimas de transparencia, lo que -advirtieron- compromete las finanzas públicas de los próximos años.
Los integrantes de la Red recordaron que este nuevo crédito se autoriza a menos de un año de que se aprobara otro por 2 mil 300 millones de pesos, cuya ejecución aún no concluye y del cual tampoco existe información pública suficiente para evaluar si cumplió su objetivo: reactivar la economía a través de obra pública.
Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, enfatizó que la planeación previa debía traducirse en un diagnóstico claro y en un listado de obras prioritarias que justificaran la contratación del nuevo crédito.
“Desde la información que tenemos, los diputados autorizaron un crédito a ciegas. No sabemos qué información recibieron ni con base en qué lo aprobaron. Hubo dos posicionamientos de legisladores oficialistas admitiendo que votaban sin claridad sobre las obras a financiar”, declaró.
Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, recordó que en el caso del primer megacrédito, aunque se habilitó un micrositio informativo, este ha sido insuficiente en materia de transparencia y rendición de cuentas. Señaló que no se han publicado documentos clave para verificar posibles irregularidades o actos de corrupción.
“Es positivo tener una plataforma con fotos del avance de obra, pero lo que hay detrás no se transparenta. La ciudadanía no puede saber si las obras son necesarias o incluso si no se están repitiendo. No hay una evaluación pública del ejercicio del primer crédito. Hacen obra, sí, pero en un contexto de debilitamiento institucional, y eso es lo grave”, afirmó.
Por su parte, Prissila Salas, del colectivo feminista No se Metan con Nuestras Hijas, coincidió en que la obra pública es necesaria, pero advirtió que debe responder a las necesidades más apremiantes de la población y sujetarse a los procesos participativos establecidos por la ley para garantizar un uso responsable del recurso.
Ante este escenario, RECIAS exigió que antes de cualquier contratación el Gobierno del Estado publique un plan integral que incluya: diagnóstico por municipio, listado de obras con montos y cronograma, indicadores de seguimiento, mecanismos de evaluación y plataformas accesibles de rendición de cuentas. También demandó integrar de manera efectiva a ciudadanía, organizaciones civiles, academia y organismos independientes en la supervisión, licitación y evaluación del gasto.
“¿Cuántos de esos materiales los vendieron ferreterías locales o tiendas locales? ¿Cuántos de esos trabajadores son locales? Eso es lo que impacta económicamente a una localidad beneficiada con obra y eso no lo vemos reflejado en ningún lado, no hay manera de comprobar y justificar este crédito y, más grave, para solicitar un crédito deben tener en la mano el plan y al menos la ciudadanía no lo conoce”, finalizó Gustavo Rojo.
El pronunciamiento está respaldado por Coparmex; el Consejo Ciudadano de Vigilancia por la Transparencia de Ahome; Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa; Sabuesos Guerreras; y Tacuichamona MX.
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