Culiacán, Sin.- La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del PRI, expuso las preocupaciones de su bancada respecto al nuevo modelo institucional tras la extinción de la CEAIP, por lo que planteó interrogantes sobre cómo funcionará el sistema de resolución de controversias cuando las y los ciudadanos soliciten información.
Gárate Valenzuela compartió su postura sobre la importancia de mantener instancias autónomas e independientes para garantizar el acceso a la información pública e hizo referencia a estándares internacionales en materia de derechos humanos y expresó su disposición al diálogo para mejorar el marco normativo.
La legisladora del PRI reconoció que toda institución es perfectible y que los organismos autónomos pueden y deben mejorar. En ese sentido, propuso que cualquier reforma debería construirse con diagnósticos, evaluación y participación de diversos sectores, incluyendo academia y sociedad civil.
Por su parte, el diputado Jorge Antonio González Flores, del Partido Acción Nacional recordó el proceso mediante el cual se creó el Sistema Nacional de Transparencia en el año 2000, resultado de una demanda ciudadana que fue atendida por el gobierno federal de esa época, por lo que manifestó su postura en contra exponiendo los argumentos de su bancada sobre la importancia de los organismos autónomos en un sistema democrático.
El debate en el Pleno reflejó la diversidad de opiniones sobre un tema fundamental para la vida democrática del estado.
La diputada de Morena, Juana Minerva Vázquez González, presentó la defensa del dictamen explicando que se trata de un proceso de armonización constitucional obligatorio para el Congreso local y enfatizó que el derecho al acceso a la información permanece consagrado en la Constitución y respaldado por tratados internacionales.
Vázquez González detalló que la reforma únicamente modifica el marco institucional bajo el cual se garantiza este derecho, trasladando la responsabilidad directamente a cada autoridad, y subrayó que el Estado seguirá exigiendo la publicación proactiva de información, auditorías ciudadanas y sanciones para quienes oculten datos públicos.
Por su parte, el diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, también de Morena, complementó la defensa del dictamen contextualizando la reforma dentro de un proceso nacional de transformación institucional, por lo que explicó los objetivos de simplificación orgánica del Estado y racionalización del gasto público que impulsa el gobierno federal.
Guerrero Verdugo detalló que la reforma busca eliminar duplicidades administrativas para redirigir recursos hacia áreas estratégicas como salud, educación y desarrollo social, y enfatizó que los derechos de transparencia y protección de datos personales se mantienen plenamente garantizados en el texto constitucional, con autoridades que seguirán actuando con independencia funcional.
Tras el intercambio de argumentos y agotarse la ronda de oradores, el dictamen fue sometido a votación en el Pleno. La reforma constitucional fue aprobada por la mayoría, con lo cual Sinaloa cumple con el proceso de armonización constitucional establecido por la federación.
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