Desde hace tres ciclos agrícolas, la carretera Culiacán–Los Mochis, en el tramo que va de la capital a El Pisal, en Navolato, Sinaloa, ofrece un paisaje cada vez más fragmentado. Parches color café han ido ganando terreno sobre lo que antes era un manto verde continuo, el que formaban las parcelas tras ser sembradas en noviembre. En algunas aún es visible el rastrojo de temporadas pasadas, pues sus propietarios optaron por no invertir un peso más en trabajo que no garantiza ganancia.

“Tengo tres años que estoy perdiendo dinero. No saco lo que invierto en mi parcela. Entonces, no tengo otra opción de trabajo. Toda mi familia: mis ancestros, mis padres, mis abuelos, nos han dejado la agricultura. Estamos buscando que la presidenta voltee a vernos, que se establezca un esquema diferente al que estamos recibiendo, porque no está funcionando”, dijo Ramón Valenzuela, productor de Angostura que se manifestó en la caseta de El Pisal el pasado 17 de diciembre.

 

Este tramo abarca comunidades pertenecientes al municipio de Navolato como San Pedro, La Platanera y Balbuena. Esta última cuenta con cerca de 100 parcelas disponibles para cultivar, de las cuales este ciclo solo se sembraron 50. “Somos pocos los que seguimos confiando”, dice Martín Lim, productor oriundo de dicho pueblo con herencia y vocación agrícola. El mismo fenómeno se repite en otras comunidades del centro de Sinaloa.

El campo sinaloense viene atravesando una serie de crisis que han puesto a los pequeños y medianos productores contra las cuerdas. Falta de tecnificación, desaparición de instituciones destinadas a ayudar al sector y, más recientemente, la falta de certidumbre jurídica sobre el agua de sus terrenos son algunos de ellos. De entre todas, dos problemáticas resaltan como las de mayor capacidad para herir al sector: los bajos precios de los granos y la sequía.

Antonio Reyes produce en el municipio de Angostura. Explicó a ESPEJO que, actualmente, la industria de la transformación y acopiadoras compran la tonelada de maíz en alrededor de 3240 pesos, mientras que producirla cuesta cerca de 3666. Es decir que, por cada hectárea, de la que se pueden producir cerca de 15 toneladas, tienen un déficit de 6400 pesos.

¿Entonces, cómo le hacen? La mayoría de productores siembran con dinero prestado por alguna institución bancaria que “los habilita”, como refieren al financiamiento. Cuando la inversión no se recupera después de vendida la siembra, se procede a dar en garantía maquinaria, vehículos o hasta el certificado parcelario, el equivalente a las escrituras de su terreno. Las deudas también se difieren a la siguiente temporada. Por eso, dice Antonio, este año es crucial para decidir si muchos podrán continuar ejerciendo la agricultura.

–¿Y qué van a hacer si no logran el precio de garantía?

–Ya. Esto es lo último. El último tiro. Dijo Antonio, haciendo un ademán de cruz con sus brazos y meneando la cabeza.

 

El deterioro de los precios y condiciones climáticas, junto con la política monetaria del país, actualmente los financiamientos agrícolas tienen intereses muy altos en comparación de aquellos que podían obtenerse en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, desaparecida en el 2023 por el ejecutivo federal bajo el argumento de ineficiencia y corrupción.

Aunque en el marco de la extinción de la financiera se manejó que se reemplazaría por apoyos gubernamentales directos a los agricultores, esta sistema ha presentado retrasos en los pagos. Actualmente, hay productores con pagos pendientes de los estímulos de hace dos años.

Aunque menos que el año pasado, este ciclo agrícola la disponibilidad de agua siguió siendo una limitante de la producción. El nivel de las presas no alcanzó el 60% de almacenamiento, necesario para garantizar un ciclo agrícola regular, por lo que las hectáreas a plantar tuvieron que ser ajustadas a la disponibilidad hídrica. Con todo, el principal factor de incertidumbre siguen siendo los precios.

Con los precios al productor por debajo de los costos de producción, este ciclo se perfila para ser el tercero en que los productores de granos se quedan en pérdidas, de ahí que durante la segunda mitad del 2025 se haya conformado el Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano, una movilización de productores y trabajadores agrícolas a quienes une una consigna en común: la exigencia de mejores condiciones para la comercialización de granos.

¿Qué han estado haciendo los productores este año?

 

Concentraciones y manifestaciones han ocurrido en todo México de forma intermitente desde entonces. Protestas, bloqueos carreteros y hasta la toma de los cruces transfronterizos al norte del país han sido algunas de las acciones coordinadas por el sector, algunas a nivel nacional y otras a nivel local, para generar presión a las autoridades federales.

En este periodo ha habido acercamientos entre los líderes agrícolas de las diferentes entidades y autoridades federales y, aunque se han anunciado acuerdos que postergan las movilizaciones del sector, sigue pendiente el establecimiento de una vía de acción concreta para resolver las demandas de los agricultores. En su lugar, activistas por el campo han acusado haber sido víctimas de boicot en las negociaciones, con postergaciones y confusiones intencionales.

El único acuerdo relacionado con el precio de garantía del maíz fue limitado a los productores del bajío, al ser la región con cosecha en esta época del año, fue echado abajo de facto tras acusaciones de incumplimientos hacia las autoridades.

En Sinaloa, el movimiento del campo se ha vivido de forma intensa. Desde las casetas de municipios como Angostura y Salvador Alvarado, hasta concentraciones en el centro de Culiacán, cientos de productores se han manifestado en exigencia de mejores condiciones para la agricultura.

La última actualización ocurrió la noche del pasado 17 de diciembre, cuando se realizó una nueva reunión entre agricultores y autoridades en la Ciudad de México, esta vez con la presencia del secretario de agricultura Julio Berdegué. Terminó con la definición de una mesa de trabajo.

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