Por Karla Quintana / Raichali

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora solicitaron el insulto en tres casos que evidencian condenas desproporcionadas, falta de perspectiva de género y violaciones al debido proceso, en el marco de la reciente aprobación de la Ley de Indulto en Chihuahua.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT), presentaron tres solicitudes de indulto a favor de mujeres privadas de la libertad, al amparo de la recientemente aprobada Ley de Indulto, conocida también como Ley de Beatriz, avalada el pasado 23 de octubre por el Congreso del Estado.

En rueda de prensa, las organizaciones explicaron que esta legislación faculta a la titular del Poder Ejecutivo estatal para otorgar indultos a personas sentenciadas por determinados delitos, con el objetivo de atender a mujeres indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad. La norma busca regular la figura del indulto y ofrecer una salida digna a personas condenadas sin que se hayan garantizado plenamente sus derechos fundamentales.

“Con ello pretendemos crear precedentes en la historia de la defensa de los derechos humanos de las mujeres; es un gran paso para alcanzar la justicia para ellas”, señalaron las representantes de las organizaciones.

En el evento se presentaron tres dramatizaciones que recrearon los casos de las mujeres para quienes se solicitará el indulto. Las defensoras subrayan que se trata de madres de familia y trabajadoras, a quienes se busca beneficiar con la aplicación de esta ley.

Beatriz, mujer indígena rarámuri de Guachochi

El primer caso corresponde a Beatriz, mujer indígena rarámuri, madre y abuela, originaria del municipio de Guachochi. De acuerdo con el relato presentado, los hechos ocurrieron durante una fiesta de quince años que derivó en una tesgüinada que se prolongó hasta el día siguiente. En ese contexto llegó su primo hermano, Pascual, quien se encontraba visiblemente intoxicado.

“Caminaba chueco y hablaba confundido”, narraron. Beatriz llevaba a su nieta en el rebozo cuando el caballo se soltó. Pascual portaba un cuchillo con el que comenzó a amenazarla. En la disputa intervino el hermano de Pascual, quien resultó herido por él mismo. Posteriormente, Pascual se abalanzó sobre Beatriz y, al intentar defenderse, ella lo hirió con el cuchillo.

“En ese momento me enteré que con ese solo cuchillazo que tiré para defenderme lo maté”, relató Beatriz. Actualmente cumple una condena de ocho años de prisión. Dentro del penal trabaja en la cocina para obtener ingresos y enviarlos a su nieto, con el fin de que continúe sus estudios.

Rosa María Saénz, del área jurídica de CAMT afirmó que Beatriz no debió haber sido encarcelada ni procesada en los términos en que ocurrió. Explicó que, al contar con un defensor de oficio, se le recomendó aceptar un juicio abreviado bajo el argumento de evitar una condena de hasta 40 años por homicidio. Por su desconocimiento del proceso y el temor a una pena mayor, Beatriz aceptó ese procedimiento, lo que derivó en la sentencia actual.

“Empezamos a revisar los casos de mujeres privadas de la libertad y encontramos que muchas no tenían razón de ser para estar ahí. Detrás de la mayoría había contextos de violencia y decisiones judiciales que no consideraron su realidad. A partir de eso comenzamos a pensar en la creación o ampliación de la figura del indulto para sacar a tantas mujeres que injustificadamente se encontraban con sentencias condenatorias”, explicó Martha.

Eugenia

El segundo caso es el de Eugenia, quien se casó y tuvo seis hijos, además de criar a una sobrina a la que consideraba como una hija. Trabajaban como jornaleras en siembras de temporada y se alojaban en albergues. Una noche, su sobrina comenzó a sentirse mal y expresó que su suegra le había “echado una maldición” en Guerrero.

El esposo de Eugenia, quien era curandero, intentó auxiliarla mediante rituales tradicionales: pasó flores, un huevo, rezó y encendió una veladora, sin que hubiera mejoría. La joven se quedó dormida y no despertó. “Hicimos todo”, relataron. La familia cubrió los gastos funerarios y, poco después, llegaron policías que los acusaron.

“A mí me decían que aceptara que matamos a Esmeralda”, narraron durante la dramatización. Eugenia fue condenada por feminicidio, sin que existiera un juicio oral que permitiera esclarecer plenamente los hechos.

Las organizaciones informaron que, además de presentar la solicitud de indulto, exhortarán a las y los diputados de la actual legislatura a reformar el artículo 12 de la Ley de Indulto. Reconocieron la voluntad política para aprobar la ley, pero advirtieron que el inciso B de la fracción segunda establece limitaciones que excluyen delitos contra la libertad y seguridad sexuales.

Consideraron que esta restricción debe modificarse, ya que impide analizar casos como el de Eugenia desde una perspectiva de contexto, derechos humanos y debido proceso.

Erika Gabriela Bieto

El tercer caso corresponde a Erika Gabriela Bieto, quien desde hace cuatro años se encuentra en prisión tras ser condenada por el delito de trata de personas. De acuerdo con lo expuesto, la acusación derivó de vender chocolates en la calle junto a su hija, en un contexto de pobreza y violencia de pareja

“El hambre y la necesidad me llevaron a vender chocolates en la calle, junto a mi hija. Éramos ella y yo contra el mundo”, se escuchó en la dramatización. Actualmente, tanto ella como su hijo cumplen la condena.

María Luisa Salazar, coordinadora del área jurídica del CEDEHM afirmó: “Hoy lo presentaremos formalmente y decirles que esto no es solo un trámite legal más, sino una acción de justicia”.

Las defensoras señalaron que la intención del indulto es corregir condenas que, por no analizar el contexto y por la desproporción de las penas, resultan injustas. Erika tiene 45 años y ha pasado cinco años en prisión. Padece trisomía 3 y lupus eritematoso sistémico, enfermedades incurables, progresivas y crónicas que limitan su movilidad. Vive en el centro penitenciario con su hijo de tres años, quien tiene epilepsia y requiere cuidados especiales.

Además, resaltaron que Erika mantiene una conducta ejemplar y un alto grado de organización dentro del penal. Su pena es de 13 años de prisión. Durante su proceso no fue juzgada con perspectiva de género, de infancia ni de discapacidad, y en la sentencia no se analizó la violencia de la que fue víctima.

“El solicitar el indulto no es buscar impunidad, sino una justicia distinta, que reconozca que castigar sin analizar el contexto también constituye violencia institucional, arraigada especialmente en mujeres pobres, mujeres con enfermedades y mujeres que viven violencia”, subrayaron.