El valor del pino: el árbol por el que asesinan a guardabosques

Por Patricia Ramírez

En la tierra donde lo apuntaron con un arma, hoy crecen los árboles que plantó. Son pinos de apenas un metro de alto con troncos de centímetros de ancho que se mueven con el viento de octubre. “Para abrazar a uno de 200 años se necesitan hasta tres personas”, dice el guardabosques mientras se detiene en el predio donde amenazaron con quitarle la vida. Allí comienza su recuerdo.

Eran las ocho de la noche. Él y un par de jóvenes más, casi todos hijos de ejidatarios, siguieron el rastro de los talamontes de la zona. Los encontraron por el sonido de las motosierras y, en un conteo rápido a la distancia, se dieron cuenta de que habían 25 pinos talados. Sacaron el celular para grabar. Tiros al aire. “Salgan de allí, ya los vimos”, gritó uno de los hombres mientras las armas señalaban en su dirección.

“Nos pararon a todos allí en medio, apuntados de la cabeza… por suerte, había otros compañeros que venían por detrás y traían armas para cacería, les dijeron que nos soltaran”, cuenta el guardabosques que pide el anonimato para esta historia.

En aquel momento, con las armas en las manos, se vieron las caras y se reconocieron entre sí. Talamontes y guardabosques, todos del mismo ejido, el mismo pueblo, el mismo bosque; unos sembrando y otros cortando a las faldas de la Iztaccíhuatl, el volcán en forma de mujer dormida que reposa junto al Popocatépetl, en los límites de Puebla y el Estado de México.

“Sabemos quiénes son [los talamontes], toda la gente sabe quiénes son, es tan ridículo, hasta parece de película”, dice el guardabosques. Su dedo señala hacia lo alto y hace un zig zag que dibuja una bajada. Imaginar a un “torton”, como se le conoce a los camiones de carga que utilizan los talamontes, descendiendo por aquella colina empinada, también parece de película.

Cada tronco de pino real (Pinus montezumae) –conocido como ocote– tendrá un valor de 5 mil a 7 mil pesos mexicanos (273 a 383 USD). Si bien hay árboles más caros, como el ciricote (Cordia dodecandra) y la caoba (Swietenia macrophylla), que crecen en las zonas tropicales del sur del país, el pino tiene una resistencia que lo vuelve ideal para la carpintería y la industria de la construcción. El valor de su madera es el origen de las disputas en los bosques templados de la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico de México. En este último, se encuentran los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Al norte de esta región, el 25 de febrero de 2024 asesinaron a los ejidatarios José Ángel Pelcastre, Ventura Ojeda y Florentino Castro, mientras cavaban una zanja para evitar el paso de talamontes en San Andrés Hueyacatitla, una localidad del municipio de San Salvador El Verde, en Puebla. Nueve meses después fue asesinado Marcos Sánchez, presidente del comisariado ejidal.

“El robo maderero es un negocio enorme, parece que no, pero es muy grande”, comenta el guardabosques.

Clandestino, furtivo, ilegal

“Madre Naturaleza, permíteme entrar a tu bosque. Protector del bosque, permíteme el paso”, recita el guardabosques antes de empezar el recorrido. Lo pronuncia en un murmullo, apenas con un gesto de cabeza y labios. Es una costumbre pedir permiso al guardián Cuahutepochtle (del náhuatl cuáhuitl, “árbol”, y tepochtli, “bromista”) para ir y regresar con bien. Esta mañana las nubes cubren la forma de los volcanes. “A este paso, llegar a la mujer dormida nos tomaría un día y medio”, dice luego de una hora de camino.

Los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl son una de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) más antiguas de México. Su decreto se dio en 1935 bajo la categoría de Parque Nacional con un plan de manejo que permite la actividad humana, pero prioriza las acciones de conservación como la reforestación. En dicho documento se reconoce que los bosques mixtos de ocote y oyamel (Abies religiosa) son los más abundantes. Además de tener otras especies de pino como el de navidad (Pinus ayacahuite) y el de las alturas (Pinus hartwegii).

México es uno de los países más diversos en especies de pino. En el mundo existen alrededor de 100 y la mitad crece en el territorio mexicano, además de tener 200 tipos de encinos que conforman los bosques templados. Al sur de la Ciudad de México y el Estado de México se les llama “bosques de agua” porque tienen la función de retener la lluvia, que se infiltra al subsuelo y recarga los mantos acuíferos.

A pesar de que su madera no es la más costosa en el mercado, “los bosques templados concentran más volumen comercial y por esa razón son más atacados”, explica Juan Manuel Torres Rojo, ingeniero agrónomo especialista en bosques y exdirector de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Aunque los pinos son biológicamente abundantes, la tala clandestina se mueve por el mercado nacional e internacional practicada por una gama de actores, desde los pequeños grupos hasta el crimen organizado que extorsiona a ejidos y comunidades. Como cualquier otra actividad ilícita, la información es opaca.

“Esta falta de una información más dinámica, más rápida, más accesible, también nos limita a tener estimaciones de cuáles son los lugares donde tenemos una mayor incidencia de tala clandestina o de actividades que no siguen con toda puntualidad el proceso administrativo para una cosecha sustentable y legal”, dice Torres Rojo.

Especialistas del sector forestal en México han creado diferentes metodologías para obtener estimados de la tala ilegal. En su mayoría apoyados de datos abiertos como consumo, producción, importación y exportación de madera. Los resultados, diversos entre sí, coinciden en que el volumen de tala clandestina podría ser del mismo tamaño e incluso mayor al volumen de la tala legal.

En cifras oficiales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) publicaron un informe en 2022 con tres escenarios para estimar el problema. En el “más amigable”, la tala furtiva solo ocupa el 30% del consumo aparente; en un “intermedio”, el 50%; y en el “más pesimista”, hasta el 70%. Dependiendo del escenario será el impacto económico, las pérdidas anuales se estiman desde los 41 mil millones de pesos (2 mil 224 millones USD) a los 97 mil millones de pesos (5 mil 261 millones USD) al año.

En el mismo informe, se detalla que la producción nacional es insuficiente para la demanda del mercado. El consumo aparente ronda los 27 millones de metros cúbicos al año, para un país que legalmente está produciendo entre 8 y 9 millones de metros cúbicos en el mismo periodo.

“La producción maderable en México no ha pasado desde hace 20 o 25 años de los 8 o 9 millones de metros cúbicos. Y la razón es obvia: ¿cómo un productor va a invertir en innovar un proceso productivo si sabe que hay un mercado ilegal que le va a quitar el lugar? Sería muy riesgoso”, dice Torres Rojo.

Cuando el conocimiento ancestral se pierde

Para los pueblos que están a las faldas del volcán Iztaccíhuatl, crecer junto al bosque significaba tener una relación con los nombres, las leyendas y los remedios detrás de cada especie que vive en él. Era escuchar a los abuelos susurrar: “Madre Naturaleza, permíteme entrar a tu bosque. Protector del bosque, permíteme el paso”. Desde hace 40 años, todo este conocimiento se ha diluido y solo algunos pobladores, principalmente guardabosques, conservan los rituales y el conocimiento.

La pobreza y la entrada del crimen organizado atraviesan a muchos ejidos y comunidades en el país, lo que ha modificado sus costumbres y, en algunos casos, obligado al desplazamiento. Para José Iván Zuñiga-Pérez, gerente de paisajes forestales WRI México, organización internacional dedicada a la conservación, el incremento de la tala ilegal también tiene sus causas en la pérdida de la gobernanza de estos territorios, cuando los pueblos dejan de participar en la toma de decisiones y el manejo de sus recursos.

“Cuando se erosiona la gobernanza local, ya sea comunitaria, del Estado, del municipio, del gobierno federal, quien sea, todos los recursos naturales presentes en la región sufren», explica Zuñiga-Pérez. “Recuperar la gobernanza local es muy complicado y es tardado”.

En México, el sistema ejidal surgió desde la Revolución Mexicana para que las comunidades rurales accedieran a las tierras, incluyendo montes, selvas, bosques, manglares y cuerpos de agua, catalogados como propiedad social, es decir, que no pertenecen a un individuo, sino a la comunidad. Actualmente, los ejidos eligen una asamblea y un presidente del comisariado ejidal que se renuevan cada tres años.

Cuando Marcos Sánchez se convirtió en presidente del comisariado de Hueyacatitla, Puebla, tenía el plan de impulsar el turismo en los bosques. Así lo recuerda uno de sus antiguos trabajadores que prefiere mantener el anonimato. “Pero el pensamiento de unos es el disgusto de otros”, dice.

Marcos se encargó de promover la reforestación y hacer zanjas en los caminos para evitar el paso de talamontes, hasta que el 27 de noviembre de 2024 lo asesinaron hombres armados mientras viajaba a bordo de su vehículo. Se dirigía a una asamblea en el municipio de San Salvador El Verde.

Cuando se le pregunta al trabajador si siempre ha sido así, él responde: “Sí, así ha sido… Pero vamos a lo mismo, es una mafia que está ahí, que se siente, que se esconde, aunque todos la hemos visto, pero al final de cuentas, por el miedo nos mantenemos callados”.

Tras el homicidio de Marcos Sánchez no hubo información sobre personas detenidas. Tampoco tras los asesinatos de José Ángel Pelcastre, Ventura Ojeda y Florentino Castro, que habían ocurrido seis meses antes en el mismo ejido. Sus casos fueron retomados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en su Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2024, en donde también se documenta que el sector forestal es el segundo más letal para la defensa del territorio, después de la minería.

“Las familias [de los asesinados] no hablan porque tienen pánico y tampoco quieren que corran más riesgo los jóvenes que aún tienen en casa”, cuenta el trabajador.

A pesar de esto, los guardabosques de Puebla dicen que la situación “no es tan grave” como en otros pueblos que rodean a los volcanes, principalmente del lado oeste, en el Estado de México. En dicha entidad se encuentra el municipio de San Pedro Nexapa, la última comunidad antes de subir al Popocatépetl. Aquí la tala clandestina es defendida por los pobladores.

“Desafortunadamente, cuando detienen a un talamontes, la gente prefiere linchar al policía. La mitad del pueblo tala los árboles y la otra mitad los siembra, aunque realmente no sabemos quiénes están involucrados, puede ser cualquiera”, comenta una de las reforestadoras de San Pedro Nexapa, que también pide el anonimato.

122 zonas sin identificar

En México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Semarnat han identificado 122 zonas críticas forestales, que son regiones con alta incidencia de delitos como la tala clandestina, los cambios de uso del suelo, el lavado de madera, los incendios forestales provocados, entre otros.

En una solicitud de información realizada a la Profepa sobre el registro de las zonas críticas forestales, la dependencia respondió que “después de una búsqueda en bases de datos que obran en la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal, así como en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP), no se encontraron registros de desglose de las zonas críticas de tala ilegal identificadas”.

El único listado sobre dichas zonas está publicado en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) e incluye únicamente el estado, el año y la cantidad de zonas críticas forestales. En otras palabras, el gobierno federal reporta cuántas hay, pero no sus nombres.

En el SNIARN también se informa que la delincuencia organizada extrae más metros cúbicos de madera a través de su comercialización, industrialización y almacenamiento, en comparación con las comunidades que lo utilizan para el autoconsumo.

Sobre las acciones de la Profepa para combatir la clandestinidad forestal, en los últimos 10 años se han registrado 5 mil 212 denuncias por tala ilegal en los estados de Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, que conforman el Eje Neovolcánico Transversal donde crece una parte de los bosques templados del país, de acuerdo con datos de la Profepa. En su mayoría se concentran en la Ciudad de México y el Estado de México.

En el mismo periodo se han realizado 5 mil 265 inspecciones, mil 164 recorridos y 285 operativos. Sin embargo, las denuncias superan las acciones implementadas por la Profepa, con excepción del norte de Morelos, que son menores que las inspecciones. Mientras que en los municipios de Tlahuapan, San Salvador El Verde y San Felipe Teotlalcingo, Puebla, donde ocurre esta historia, apenas se ha dado un operativo en 10 años.

“Todos sabemos que a veces hasta los mismos comisariados y secretarios del ejido saben quién roba la madera y quién la corta ilegalmente, pero es más fácil quedarse callado que hacer una denuncia y meterte en problemas con gente peligrosa”, cuenta el guardabosques.

Desde el comienzo del actual gobierno federal, Mariana Boy, titular de la Profepa, dijo que se incrementaría la inspección y vigilancia a pesar de los recortes presupuestarios al sector ambiental. Sin embargo, para algunos investigadores estas medidas no son suficientes para frenar la tala clandestina. Incluso en la “Agenda Socioambiental 2024. Diagnósticos y propuestas”, presentada por académicos y especialistas de organizaciones civiles a autoridades federales, existe una “política punitivista” basada en operativos y detenidos que “deja a la deriva tanto a los bosques como a las poblaciones rurales indígenas y no indígenas que los habitan”.

“Yo creo que algo que está buscando hacer el gobierno federal actualmente es tener un sistema de gestión forestal menos sobre-regulatorio y se necesitan ambas [políticas]. Se necesita tener una regulación más adecuada para el uso de los bosques y también las sanciones para quien no las cumple”, explica Zuñiga-Pérez, coordinador del capítulo sobre las regiones forestales.

En la Agenda Socioambiental también se señala que para comenzar a reparar es necesario construir estrategias de pacificación de las zonas forestales, a través de diálogos con comunidades, ejidos, empresarios y autoridades. Además de ajustar los procedimientos administrativos para facilitar el aprovechamiento a quienes trabajan legalmente.

Mientras tanto, las campañas de reforestación de los guardabosques continúan, muchas veces a base de prueba y error. “No podemos ir contra la corriente del río, pero sí podemos plantar un árbol o mil, y gracias al trabajo de la comunidad se han reforestado más de 300 mil en el área”, dice el guardabosques.

Al otro lado de los volcanes, la reforestadora de San Pedro Nexapa coincide: «Debemos seguir adelante, a pesar de los talamontes y las mafias, pero de una manera más inteligente, intentando despertar la conciencia de quienes perjudican a las futuras generaciones».

* Foto de portada: Patricia Ramírez
*Este reportaje fue realizado con el apoyo de la Earth Journalism Network (EJN) a través de la Beca para Historias sobre la Biodiversidad 2025.