La Alianza Yoreme que hizo frente al despojo de su territorio

Aranzazú Ayala Martínez / Periodismo de lo Posible

En 1996, una delegación del Congreso Nacional Indígena (CNI), junto con representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, llegaron al sur de Sonora como parte de un recorrido iniciado en Chiapas. Su objetivo era formar un bloque de resistencia indígena, y uno de los lugares que visitaron fue Cohuirimpo, una comunidad yoreme del municipio de Navojoa, en Sonora.

Escucharlos fue un parteaguas que impulsó la recuperación de las autoridades indígenas en los ocho pueblos de la tribu mayo considerados centros ceremoniales, que incluyen, junto con Cohuirimpo, a Macoyahui, Conicarit, Camoa, Tesia, Pueblo Viejo, Etchojoa y la Santa Cruz. Durante siglos, los yoremes (o mayos) han habitado los desiertos del sur de Sonora y el norte de Sinaloa, y han enfrentado el saqueo tanto de sus tierras, como de sus saberes tradicionales y forma de vida.

En su casa, junto a mujeres que integran la asamblea comunitaria, quienes han caminado hasta una hora para reunirse a platicar entre el sonido de las cabras y los gallos, el gobernador tradicional de Cohuirimpo, Remedios Severo Aguilar Osuna, recuerda esta etapa.

Ese mismo año de 1996, cuenta, Alfredo Osuna fue elegido gobernador tradicional de la comunidad. Durante su mandato sentó las bases para la recuperación de la cosmovisión yoreme. Era un tiempo en que no se hablaba de derechos indígenas y muchos pobladores se habían mudado a las ciudades para “perseguir el dinero”. Eso provocó una falta de valores que afectó el fundamento de su cultura, dice el defensor. Yoreme significa “los que respetan”; por eso piden permiso al espíritu del monte cuando se adentran en sus caminos.

“Hubo una falta de respeto entre la gente”, afirma Remedios Severo. “Esa enfermedad, que es el desrespeto, se traslada acá a las comunidades y es lo que nos divide”.

Después hubo un periodo en que las nuevas autoridades indígenas se acercaron a los gobiernos municipal y estatal de Sonora en busca de fondos, lo que quitó fuerza al movimiento de recuperación del territorio. Todo esto cambió con la elección, en 2013, de Severo Aguilar Ontamucha como gobernador tradicional —padre del actual dirigente—, quien rescató a Alfredo Osuna de su autoexilio para nombrarlo guardián del conocimiento ancestral, puesto que desempeñó hasta su muerte en 2021.

“Negar lo que somos es lo peor”

El creciente despojo, procedente de los diferentes niveles de gobierno, los empresarios y el crimen organizado, hizo que en 2023 varias comunidades se unieran para crear la Alianza Yoreme para la defensa del territorio, el idioma yoremnoki y la preservación de su cultura, que incluye las tradicionales danzas de los Pascola y del Venado.

“Los pueblos yoreme que firmamos este documento —Cohuirimpo, Bachoco el Alto, Buaysiacobe y Masiacahui— declaramos que nuestra existencia ancestral está en grave riesgo debido al rotundo fracaso de la política indigenista implementada por el Gobierno mexicano”, señaló Remedios Severo el 28 de enero de 2023, al dar lectura al comunicado que formalizó la alianza, y advirtió que, aun en la actualidad, “la colonización y el exterminio” sufrido por sus comunidades permanece, pues se reparten sus “territorios, recursos, agua y naturaleza”, en forma de concesiones.

A mediados del siglo XIX, a los yoreme de Cohuirimpo se les reconocieron 22 mil hectáreas de tierra comunal, de las que conservan apenas una tercera parte: 7 mil 625 hectáreas; el resto es propiedad de empresarios que siembran y exportan productos como trigo y tomate. Su principal fuente de existencia, el río Mayo, tiene altos niveles de contaminación, y su cauce ha sido desviado para la agroindustria. En la comunidad escasean los árboles y el agua.

Esta situación ha provocado que muchos pobladores tengan que trabajar como jornaleros mal pagados en sus tierras ancestrales, y que un alto porcentaje haya emigrado a centros urbanos para buscar empleo.

Myrna Valencia, maestra yoreme y defensora del territorio, fue una de las principales figuras en la conformación de la alianza. Ella recuerda que su abuela negaba su identidad indígena, a causa de la discriminación que había sufrido.

“En la escuela, aunque éramos comunidad indígena, por parte de los docentes no había una comprensión ni mucho menos valoración de lo que fuimos, de lo que somos, y de lo que éramos en ese tiempo”, dice Myrna. “Yo he tratado de ser lo que soy, tanto en mi trabajo como en el pueblo, en la familia, y esa es la forma en que otros ven el reflejo de nuestra identidad. Educamos con nuestra presencia. Negar lo que somos es lo peor”.

En 2016, Cohuirimpo recibió una invitación del CNI para formar parte de un Concejo Indígena de Gobierno; debajo de la ramada, donde está su centro ceremonial, la asamblea nombró como delegados a Myrna y a Remedios Severo. “Después de eso, iniciamos una petición más concreta al gobierno del estado y al gobierno federal para la restitución del territorio”, señala el defensor.

Desde 2017, año en que, tras la muerte de su padre, Remedios Severo fue elegido gobernador tradicional, comenzaron a organizar talleres sobre la historia y la cultura yoreme, y sobre derecho indígena; crearon un libro con recortes e impresiones de las leyes mexicanas e internacionales que amparan el derecho al reclamo de su territorio ancestral, y difundieron fragmentos por altavoces en autos que recorrieron las calles, además de en asambleas.

El propósito era dar a conocer esos derechos, concientizar a los pobladores y dejarles claro que “la única manera de poder presionar al gobierno es la organización”, dice Remedios Severo.

Tras proclamar la soberanía del gobierno tradicional de Cohuirimpo, la comunidad inició procesos legales para revertir la compraventa de terrenos entre particulares facilitada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En 2018 lograron detener un proyecto de drenaje que no fue consultado con los pobladores e iba a causar contaminación porque no tendría suficiente agua para eliminar los desechos, y en 2019 cerraron el paso a una trilladora que pretendía cosechar en terrenos ejidales sin tener la autorización.

Hubo bloqueos y las autoridades intentaron imponer un “gobierno dual” —que al representante tradicional se sumara otro designado por el estado—, “una de las peores violaciones a la autonomía de los pueblos originarios”, dice Remedios Severo, lo que fue rechazado por la comunidad.

La lucha de Masiacahui por recuperar su nombre

La resistencia de los pueblos yoreme significa también defender la memoria, y eso incluye la recuperación de sus nombres ancestrales, como en el caso de Masiacahui —“el cerro del ciempiés”, conocida como Masiaca—, una población ubicada a 69 kilómetros al sur de Cohuirimpo, con rumbo a Sinaloa.

Rodeado de mezquites, en este lugar se producen unos tradicionales huaraches. Los jesuitas que llegaron a Masiacahui no la nombraron comunidad indígena porque no se ubicaba junto al río Mayo, sino frente al Golfo de California. Hoy, sus pobladores no tienen vista al mar porque los yoris o blancos han levantado bardas para impedirles el acceso.

En Masiacahui, Miguel García, uno de los líderes defensores del territorio, recuerda cómo intentaron también despojarlo de su identidad pegándole con una vara de madera en los dedos cada vez que hablaba en su lengua, mientras que Héctor Rojo Humo, maestro de primaria, lamenta que los yoris hayan intentado durante siglos imponerles la propiedad privada del territorio, cuando ellos optaron por un régimen comunal que les permite vivir en paz.

“Significa”, dice Héctor, “que todos tenemos todo, y todos cuidamos todo, y donde garantizamos que, como cultura, vamos a mantener una unidad de organización sobre nuestro territorio”.

La resistencia de Cohuirimpo no implicó la detención de sus pobladores, a diferencia de lo que ocurrió en Masiacahui. Cuando en una asamblea comunal realizada el 17 de noviembre de 2021 intentaron terminar con la renta ilegal de terrenos a personas ajenas a la comunidad, llegaron más de una decena de patrullas de la policía que, entre jalones y tras encañonar a los pobladores, rápidamente detuvieron a seis integrantes de la asamblea.

Una de las detenidas era la comunera Emiliana León; fueron acusados de secuestro, les quitaron sus celulares y pertenencias —que nunca les fueron devueltos— y, para obtener su libertad, tuvieron que declararse culpables y pagar una fianza. Pasaron diez días en la cárcel.

“Se llevaron a mi hermano”, recuerda Emiliana, “lo acababan de operar. También se llevaron a unos viejitos de aquí que no miraban, y a mí se me hizo tan feo, porque en las patrullas, en la que yo iba, golpeaban incluso a un compañero que era también de la directiva”.

La disolución de la alianza

Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en 2022 un Plan de Justicia para los pueblos mayos, que contemplaba el fortalecimiento del sistema de gobierno tradicional y la restitución de su territorio ancestral, la realidad fue muy distinta, porque los recursos no fueron canalizados directamente a las poblaciones, sino a diferentes dependencias: se organizaron proyectos asistencialistas, y no fueron incluidas las propuestas de los yoremes.

Cuando Masiacahui decidió formar su Consejo Indígena de Buen Gobierno en 2020, las autoridades tradicionales de Cohuirimpo los apoyaron; hoy ya cuenta con el reconocimiento como comunidad indígena. La Alianza Yoreme les permitía luchar juntos para defender su identidad y alcanzar la justicia para sus pueblos, además de combatir el despojo y la división entre sus habitantes.

“Que otros den un pasito adelante en aprender a defenderse nos llena de la energía que necesitamos para llegar a ser un solo pensamiento”, afirma Myrna, “y poder proyectarlo hacia la justicia que ocupamos, no solo nosotros, sino todos los grupos indígenas, todas las que llaman minorías, que somos muchos, aunque muchos dormimos todavía”.

Una vez consolidada la Alianza Yoreme, los obstáculos no tardaron en llegar. Inicialmente se planteó el objetivo de dialogar con las autoridades. Masiacahui, como pueblo ancestral que aún no había sido reconocido por las leyes mexicanas, se apoyó en la organización para lograrlo.

Tras articularse como un frente común, al año siguiente dos personas que cumplían roles activos en la organización, como Héctor, comenzaron a simpatizar cada vez más con políticas que el resto de la alianza consideraba asistencialistas e indigenistas. Miguel, de Masiacahui, y Remedios Severo, de Cohuirimpo, decidieron expulsar a ambos, y la alianza se disolvió.

Aunque actualmente la Alianza Yoreme no existe, sus efectos perduran. Y aunque se ha transformado, pues no se mantiene la organización que surgió en 2023, las demandas de justicia continúan. En la actualidad, la comunidad de Masiacahui exige justicia ante la fiscalía de Sonora por una nueva agresión, tras ser quemado su centro ceremonial, y la asamblea se reúne cada semana. Cohuirimpo dio un paso hacia la soberanía de sus tierras al iniciar el proceso para restablecer su guardia tradicional.

“Nosotros tenemos documentos históricos en los cuales las alianzas siempre han existido”, dice Remedios Severo, “no porque las apruebe un artículo de la Constitución que te da el derecho de asociación, sino porque para nosotros es una forma natural de ganar fuerza. Cuando nos estamos debilitando, buscamos el apoyo de otros iguales”.

Esta historia es una versión escrita basada en el pódcast “Sonora: La alianza ancestral que une pueblos”, cuya investigación y guion fueron realizados por Alberto Duarte Andrade, Liliana Orozco Camacho y Ricardo Pavón Ureña, integrantes del equipo del programa La Boca Nostra de Política y Rock & Roll Radio. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.