Culiacán, Sin.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió una investigación por el desalojo de 150 personas desplazadas de Culiacán y Badiraguato del predio ubicado en el Ejido Gabriel Leyva, a un lado del fraccionamiento Montesierra, ante un posible procedimiento con un inexistente de un mandamiento judicial y eventuales violaciones a derechos humanos. El presidente de la CEDH, Óscar Loza, informó que la investigación comenzó desde el momento en que se difundió la información del desalojo.
“Abrimos investigaciones desde el día de ayer, en cuanto se publicaron las noticias, y estamos documentando todo el procedimiento”, señaló, al confirmar que se cuenta con material visual del operativo.
Explicó que se buscó comunicación tanto con la Vicefiscalía General del Estado como con la Secretaría General de Gobierno para conocer si existía una orden ministerial o judicial que respaldara la acción, así como con la la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES) para conocer su proceder ante este acto contra un grupo vulnerable. Sin embargo, reconoció que el diálogo previo entre autoridades y las familias no derivó en un acuerdo satisfactorio.
Por otro lado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aclaró que, aunque hasta ahora no se ha presentado una queja formal, existe la posibilidad de emitir una recomendación si se determina que el procedimiento fue arbitrario, especialmente ante las versiones de algunas personas afectadas que señalaron haber sido amenazadas e intimidadas durante el desalojo de sus viviendas.
“Si se advierte que los actos de autoridad fueron arbitrarios o que el desalojo se llevó a cabo transgrediendo derechos humanos, sí podríamos estar en esa posibilidad de dar recomendaciones”, indicó.
Durante la mesa de diálogo se insistió en la necesidad de que las autoridades actúen con mayor sensibilidad ante la crisis de desplazamiento que vive Sinaloa desde hace casi 16 meses, la cual ha sido por la huida de las familias de sus hogares y comunidades por la constante actividad delictiva en diversas zonas del territorio sinaloense, desde el pasado 9 de septiembre de 2025, cuando estalló la guerra interna entre dos facciones del crimen organizado.
“Tenemos demasiada violencia como para aplicar, aun cuando sea legítima y legal, la violencia oficial, incluso si existiera algún mandato. Lo primero que debe privilegiarse es el entendimiento y el diálogo; eso debe imponerse sobre todo en estos momentos de crisis”, mencionó el presidente.
La SEBIDES y la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Culiacán ofrecieron como alternativa el traslado de las familias al gimnasio María del Rosario Espinoza, que funciona como albergue temporal. La propuesta fue planteada desde la noche del desalojo; no obstante, se advirtió que se trata de una solución provisional que no resuelve el problema de fondo.
La CEDH recordó que la ley estatal en la materia obliga a realizar estudios de campo para determinar si existen condiciones reales para el retorno seguro a las comunidades de origen, proceso que debe ser avalado por una mesa intersecretarial y consultado con las personas desplazadas
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