Era agosto de 2025, Don Felipe, un hombre de más de 80 años, no sabe bien la fecha, pero sí tiene muy claro que unos hombres armados llegaron a su casa y le dieron dos horas para dejar La Vainilla, un rancho de la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán. Ya lo tenían azorado con bombas que dejaban caer con drones hacia los caminos y las casas, algunas de esas terminaron incendiadas.

Tuvo que agarrar algo de ropa junto con su señora, sus hijos, nueras y nietos, prendieron la camioneta y dejaron el lugar que los vio crecer porque ese lugar sería usado como sitio de guerra, la misma que se libra por dos grupos del cartel de Sinaloa que luchan por el control del territorio.

Esa familia, unas 12 personas en total, la desplazaron y dejaron sin su casa, pero encontró un refugio en un lote baldío en el fraccionamiento Montesierra, en los límites al norte de la ciudad de Culiacán, pero la tarde y noche del 29 de diciembre –cuatro meses después de que tuviera que salir huyendo de La Vainilla– llegaron otros hombres armados, pero arriba de patrullas de la Fiscalía General del Estado, quienes se presentaron con un expediente judicial y dieron solo media hora para desalojar.

“Esto no es justicia”, repetió Don Felipe cuando lo sacaban en una camioneta con una parte de sus bienes “Viera cómo nos costó desmontar, poner bien aquí, instalarnos y para que nos volvieran a sacar otra vez, pero ahora la policía”.

Con Don Felipe hay más de 150 personas desplazadas que se habían instalado en ese predio. Esas personas provienen de Tecolotes, Paso del Norte, Potrero de los Ibarra, Guayabito, San Cayetano, Bagrecitos, San Miguel, La Vainilla, San Miguel de los picachos, Tepehuajes, Higuera de Tachinolpa y Tepuche, pueblos que están al norte de Culiacán, pero también de Huixopa, Los Naranjos, El Ciruelo, Santiago de los Caballeros, Los Rebajes, Caminaguato, La Lapara, que pertenecen a Badiraguato.

La Policía de Investigación de Sinaloa desalojó a más de 150 personas desplazadas que se instalaron en un predio a la espera de tener un nuevo lugar para vivir.

La Policía de Investigación de Sinaloa desalojó a más de 150 personas desplazadas que se instalaron en un predio a la espera de tener un nuevo lugar para vivir. Foto: Marcos Vizcarra

El agente de Investigación Elio García informó que el terreno pertenece a una empresa desarrolladora de vivienda, la cual interpuso una denuncia por despojo de propiedad.

Mostró el documento frente a las personas desplazadas, mientras estas le preguntaban qué iba a pasar con ellos, con sus pertenencias, con las mujeres y hombres con discapacidad o enfermedad, con las niñas y niños. El agente respondió que el Estado debía hacerse cargo.

Más tarde la Fiscalía General indicó en un comunicado que la denuncia se hizo el 14 de noviembre, logrando acreditar que el terreno tiene propietario y a este no se le había pedido permiso.

“Dicha acción deriva de una carpeta de investigación iniciada por el delito de despojo agravado cometido por dos o más personas, tras una denuncia relacionada con hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2025. De acuerdo con la investigación, un grupo de personas habría invadido sin consentimiento diversos predios y realizado la limitación de lotes, sin ser legítimos propietarios”, se señaló en el comunicado.

“Como parte de las diligencias ministeriales, personal de la Policía de Investigación llevó a cabo una inspección ocular del lugar, recabó registros fotográficos y se realizaron los dictámenes periciales correspondientes. De estos actos se determinó que las claves catastrales de los predios se encuentran legalmente registradas a nombre de una persona moral, motivo por el cual se procedió al aseguramiento del terreno conforme lo establecen las leyes en materia penal”.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dijo que se tomó la denuncia e inició comunicación con Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de Gobierno. En la conversación se le habría cuestionado a la funcionaria sobre la determinación de desalojar a las personas desplazadas.

“Me comentó que se les ofreció volver, pero eso no puede ser posible, porque debe haber un estudio y presentarlo a la Mesa Intersecretarial para discutirlo. Ella dijo que ya había un estudio, pero eso no se ha presentado a la mesa a la que formo parte. Luego me colgó”, contó Loza Ochoa.

Personas que fueron desalojadas confirmaron que se les habló sobre salir del lugar, pero que el acuerdo previo se hizo con Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable del gobierno de Sinaloa. En dicho acuerdo se mencionó que dejarían el predio, siempre y cuando se les asegurara otro lugar a cambio o se les diera seguridad de volver a sus pueblos.

“Nos dijeron que iban a darnos un espacio, pero no nos aseguran quedarnos en una casa, sino en un albergue”, dijo Isabel, una de las pobladoras desplazadas.

El lugar quedó resguardado por cuatro patrullas con policías estatales, municipales y de Investigación, mientras que las más de 150 personas desplazadas se guarecían entre fogatas y unos catres para velar a la espera de poder sacar más pertenencias.

“Cuando los armados me sacaron de mi pueblo fueron hasta más amables con uno, pero allá no se puede volver, no hay manera, me dejaron sin nada. Se robaron mis animalitos, mi casa, todo. Ahora es el gobierno que me deja así y a dónde me voy”, mencionó Don Felipe mientras los agentes de la Policía de Investigación solo observaban.

“¿Y a ellos cuándo los van a sacar de nuestras casas?”, sentenció después el hombre.