Durante más de dos décadas, funcionarios del más alto nivel del gobierno venezolano habrían tejido alianzas con algunas de las organizaciones criminales más violentas del mundo, entre ellas, el cartel de Sinaloa, según la acusación del gobierno de Estados Unidos que se presentó formalmente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que se describe una red de protección estatal para el tráfico internacional de cocaína que incluye al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”.
El documento, en el que se incluye a la señora Cilia Adela Flores, esposa de Maduro, establece una relación entre quien fuera uno de los líderes del cartel de Sinaloa y funcionarios del régimen venezolano, encabezados por Maduro, como Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior y Justicia de Venezuela.
“Alrededor de 2011, el entonces líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias ‘el Chapo’, financió laboratorios de cocaína en Colombia. La cocaína producida en esos laboratorios se transportaba luego bajo la protección de las FARC a Venezuela, y recibía protección en su trayecto hacia una pista de aterrizaje de (Hugo Armando) Carvajal Barrios (ex militar, y ex político venezolano), un aliado cercano de Maduro y Cabello Rondón”, se lee en la acusación.
Es decir, según Estados Unidos, el Chapo financiaba la producción de cocaína en Colombia, las FARC protegían el traslado hacia Venezuela y funcionarios venezolanos cercanos a Maduro protegían el paso por territorio venezolano y su salida aérea a países de Europa y en Estados Unidos.
Acusación contra Nicolás Maduro. Imagen: Especial.
La relación entre Maduro y El Chapo no sería de amistad, sino como parte de operaciones para el cartel de Sinaloa, aunque la acusación también incluye que hubo alianzas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), Los Zetas y el Tren de Aragua.
Maduro habría sido un actor clave para facilitar el narcotráfico en América del Sur, según la acusación, en la que se hace un recuento desde que fue legislador, luego como canciller y después como presidente de Venezuela, utilizando instituciones para proteger cargamentos de droga, facilitar pasaportes diplomáticos a traficantes y dar cobertura institucional a vuelos usados para mover cocaína y dinero ilícito.
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