Culiacán, Sin.- La diputada Teresa Guerra Ochoa declaró que la ratificación de la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas busca fortalecer de manera política e institucional al Sistema Estatal Anticorrupción, y aclaró que el respaldo del Congreso del Estado de Sinaloa no representa un cheque en blanco, sino una exigencia permanente de resultados, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Este martes 6 de enero, Día de Reyes, el Congreso del Estado ratificó por unanimidad a Sandra Guadalupe Angulo Cázarez como nueva secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, tras la renuncia de María Guadalupe Ramírez Zepeda al cargo. Cabe destacar que la titularidad de esta dependencia es el único puesto dentro del gabinete estatal que, por disposición constitucional, debe ser avalado por el Poder Legislativo.

En ese contexto, Teresa Guerra informó que la designación de la titular fue analizada de manera detallada, al tratarse de un papel estratégico, ya que la Secretaría de Transparencia juega un rol clave dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, integrado por la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y órganos ciudadanos.

“No se estaba nombrando a una persona con un perfil político, sino, sobre todo, con un perfil técnico (…) este nombramiento es un mensaje político por parte del gobierno estatal, en el sentido de confirmar que existe voluntad política para consolidar una cultura de transparencia y de rendición de cuentas”, expresó.

La diputada señaló que la nueva titular de la Secretaría de Transparencia deberá comparecer ante el Congreso como parte de la revisión del informe del gobernador, junto con el resto de los secretarios estatales, cuyas comparecencias iniciarán el próximo 12 de enero.

Asimismo, subrayó que Sinaloa cerró el ejercicio fiscal 2025 sin observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, resultado que, afirmó, solo fue alcanzado por cinco entidades del país, lo cual consideró un indicador relevante del fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización en el estado.

 

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