Culiacán, Sin.- Tras la negativa de la alcaldesa de Cosalá, Carla Úrsula Corrales Corrales, a pronunciarse públicamente sobre la problemática hídrica en la sierra, diputados del Congreso del Estado de Sinaloa aseguraron que darán seguimiento a la falta de acceso al agua potable en las comunidades de Agua Caliente de Alayá y El Palmar de los Ceballos, una de ellas reconocida como la única comunidad indígena del municipio.
La diputada Aide Corrales Corrales, representante del Distrito 19, que abarca Culiacán, San Ignacio, Elota y Cosalá, sostuvo que la presidenta municipal de Cosalá está enterada de la situación y rechazó que exista una omisión por parte del gobierno municipal.
“La presidenta ha buscado apoyo municipal, precisamente es la que ha estado siempre al frente y ella siempre al pendiente de todos ellos, inclusive por ser una comunidad indígena, el Palmar de los Ceballos es una de las comunidades donde principalmente se enfocan todos los apoyos que llegan de Bienestar o de Gobierno del Estado” afirmó.
Según la diputada, El Palmar de los Ceballos, al ser la única comunidad indígena del municipio, es una de las comunidades con mayor atención institucional dentro de la sindicatura de Santa Cruz de Alayá aseguró la presencia constante de dependencias municipales, como el DIF Cosalá, y dependencias Estatales.
Por otro lado, atribuyó la problemática del agua a una situación recurrente vinculada a la temporada de sequía que afecta a diversas regiones del estado, aunque se comprometió a comunicar nuevamente la denuncia a la presidenta municipal y a mantenerse atenta al seguimiento del caso.
Por su parte, el diputado Serapio Vargas Ramírez, presidente de la Comisión de Agua y Recursos Hidráulicos, reconoció que el acceso al agua es un derecho humano que el Estado está obligado a garantizar, aunque admitió que su cumplimiento resulta complicado en la práctica.
Asimismo, declaró que, en caso de confirmarse la existencia de una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) sin respuesta por parte del ayuntamiento, el Congreso estaría obligado a intervenir para exigir su cumplimiento.
“Para mí, en principio, ninguna comunidad de Sinaloa debería no tener acceso al agua. Hoy mismo voy a hablar con la presidenta municipal y voy a plantearlo incluso en la comisión para darle seguimiento”, concluyó.
Desde una postura más crítica, la diputada Paola Gárate, vocal de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y el Bienestar Social, y de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que la falta de agua en comunidades vulnerables refleja omisiones de los gobiernos federal, estatal y municipal, y advirtió que este tipo de situaciones puede constituir violaciones a derechos humanos.
“Siempre voy a estar del lado de la gente, del lado de las víctimas, del lado de las personas que sufren, y siempre vamos a estar exigiendo y proponiendo a los gobiernos que cumplan”.
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