El panorama para las niñas, niños y adolescentes al inicio de 2026 es de “violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos”, principalmente quienes pertenecen a grupos indígenas, migrantes y mujeres, lo que de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) contraviene los estándares internacionales a los que se encuentra sujeto el país.

Un balance presentado por la REDIM subrayó que ha habido un aumento en la pobreza infantil indígena, que prevalece la violencia contra niñas y adolescentes, así como una crisis de desaparición y de inseguridad que afecta a la niñez de México, en un contexto de reducción progresiva del gasto público destinado a este grupo de población.

Al respecto, niños y adolescentes consultados por la REDIM señalaron que hay una invisibilización en la que se les excluye de la toma de decisiones acerca de las políticas y acciones que les afectan, lo que afirmaron “vulnera nuestros derechos y el acceso a su garantía, por eso proponemos que se nos incluya y nos tengan en cuenta para que nuestra voz ayude a cambiar y mejorar lo que hace falta para que estemos mejor”.

Infancias desiguales en recursos y acceso a derechos

El análisis de la REDIM destacó que entre 2022 y 2024, la pobreza entre personas indígenas de 3 a 17 años aumentó de 82.3 % a 84.8 %, a diferencia de la población de la misma edad no indígena, donde el porcentaje disminuyó 8 %.
Para la organización, estos datos “son un duro recordatorio de que las niñas, niños y adolescentes indígenas se encuentran en una profunda desigualdad“, lo que afecta su alimentación, educación, salud, vivienda y protección social, sin que estas problemáticas “sean atendidas de manera efectiva”.

En estados como Yucatán, el balance planteó que “es un paraíso sólo para quienes pueden pagarlo”, pues en 2022 Coneval registró que 28 de los 106 municipios tuvieron un incremento en el porcentaje de población en pobreza extrema, y otros 44 de las personas en situación de pobreza. En el caso de los menores de 18 años, entre 2016 y 2020 pasó de 53.3% a 55.8%.

Otra de las expresiones de la desigualdad fue la expresada por las personas con discapacidad. Diego, de 16 años, lamentó que “las barreras no están en mi cuerpo, sino en los espacios, las decisiones y en la forma en que la sociedad sigue diseñando un mundo que no piensa en todas las personas”, desde las escuelas hasta los espacios públicos y de servicios de salud.

Ante este panorama, la REDIM expresó su preocupación debido a que el presupuesto de 1.1 billones de pesos destinado a niños, niñas y adolescentes para 2026 es “significativamente menor al observado en 2015” en términos relativos al porcentaje del total de recursos federales para este rubro, lo que implica una disminución progresiva que “evidencia una pérdida de prioridad fiscal para la garantía de sus derechos”.

A pesar de que el presupuesto para 2026 es 5% mayor en términos reales al que se tuvo el año previo, “resulta insuficiente para revertir las brechas persistentes en el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en un contexto marcado por múltiples crisis sociales, económicas y de seguridad”.

Migración, desplazamiento forzado y delitos contra niños y adolescentes

Entre enero y octubre de 2025, el número de niños y adolescentes en situación migratoria irregular disminuyó 88.6 % respecto del mismo periodo de 2024, lo cual “no puede interpretarse como una mejora sustantiva en la garantía de derechos”, afirmó REDIM, sino como resultado del endurecimiento de la política de Estados Unidos y los cambios introducidos a partir de la llegada de Trump, lo que ha dejado a esta población “en un mayor estado de indefensión, separación de sus familiares y falta de reconocimiento de la protección internacional”.

Asimismo, sostuvo que existe un mayor número de niños en desplazamiento forzado interno, principalmente de menores de edad de Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo, quienes “huyen de la violencia del crimen organizado hacia otras entidades del país”. Hasta 2020, 264 mil 411 personas habían migrando dentro de la república a causa de la inseguridad delictiva, entre los cuales las infancias y adolescentes representaban más del 26 %.

En cuanto a los delitos en su contra, el informe apuntó que en 2025 se cometieron mil 991 homicidios de personas entre 0 y 17 años, la mayoría ocurridos en Michoacán, Guanajuato y Jalisco, lo que es 11.5 % menos de los que ocurrieron el año previo; sin embargo, “la reducción estadística no puede interpretarse como una mejora, cuando niñas y niños siguen siendo víctimas de la violencia armada, crimen organizado, violencia familiar y omisiones institucionales.

Un ejemplo de esta violencia citado por la REDIM fueron los casos de Alexa y Leidy de 7 a 11 años, quienes fueron asesinadas el 6 de mayo en Badiraguato, Sinaloa, durante un enfrentamiento entre civiles y fuerzas de seguridad, y por quienes la CNDH emitió la recomendación 201VG/2025, donde reconoce que perdieron la vida como consecuencia del uso indebido de la fuerza por parte de elementos militares.

También se dieron 58 feminicidios de menores de edad, como el de Leticia, de 3 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un domicilio de Chimalhuacán, Estado de México. Aunque la cifra fue menor en comparación con 2024, cuando ocurrieron 73, la reducción “sigue siendo insuficiente, pues las mujeres y niñas continúan sufriendo violencia machista y patriarcal“, denunció la asociación.

Las desapariciones forzadas, por otro lado, fueron mencionadas como una crisis que afecta a las infancias como víctimas o personas que deben convertirse en “buscadoras”. Durante 2025 se registraron 10 mil 707 reportes de niños y adolescentes desaparecidos, de los cuales 2 mil 856 continúan sin ser localizados.

También se visibilizó el que continúan ocurriendo matrimonios infantiles y uniones tempranas y otros delitos como secuestros, trata de personas y extorsiones que afectan a quienes tienen entre 0 y 17 años.

REDIM pide acciones y presupuesto a favor de la niñez

La REDIM entregó este martes, Día de los Reyes Magos, el balance a autoridades, junto con una serie de recomendaciones entre las que destaca la solicitud de que se tenga como prioridad el interés superior de la niñez y que se destine un presupuesto suficiente para políticas públicas en favor de este grupo de población, así como la prevención y atención de la violencia, las desapariciones y la criminalización de los menores de edad.

La actualización de leyes para prevenir y sancionar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y la garantía de acceso a la justicia en caso de ser víctimas de violencia, así como el reconocimiento de las personas menores de edad como sujetos de derecho y la promoción de una cultura de cuidado, paz y corresponsabilidad también estuvieron entre las solicitudes de los defensores.

“Frente a este escenario es importante seguir impulsando el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes para construir políticas públicas pertinentes, eficaces y respetuosas de su dignidad”, concluyó la organización.