Entre enero y noviembre de 2025 en México hubo 10,322 víctimas de extorsión, de acuerdo con los últimos datos desagregados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta es la cifra más alta para este periodo de meses desde 2015.

En los reportes mensuales del SESNSP, la extorsión aparece como uno de los delitos patrimoniales con mayor crecimiento relativo, incluso en contextos donde otros delitos muestran estabilidad o reducción.

Este aumento continúa a cinco meses de que el gobierno federal impulsó el Plan Nacional contra la Extorsión. La organización México Evalúa subraya que combatir este flagelo no puede limitarse a detenciones o campañas de denuncia, sino que requiere una política integral que incluya prevención, fortalecimiento de capacidades locales, coordinación entre fiscalías y policías, y una atención efectiva a las víctimas.

A diferencia del homicidio u otros delitos violentos, la extorsión tiene un impacto directo y cotidiano en la vida económica y social. Comerciantes, pequeños empresarios, transportistas y familias enteras se ven obligados a modificar rutinas, cerrar negocios o destinar parte de sus ingresos al pago de cuotas ilegales.

La extorsión es uno de los delitos con mayor subregistro, ya que muchas víctimas optan por no denunciar por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o porque consideran que el pago es la única forma de reducir el riesgo inmediato.

Aunque el SESNSP no ha publicado los datos desagregados de extorsión correspondientes a diciembre de 2025, Marcela Figueroa, titular del SESNSP, reconoció que el delito aumentó 2.3 % en 2025.

La extorsión subió en Edomex, Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León

De acuerdo con los datos presentados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina del 8 de enero, la cantidad de llamadas telefónicas recibidas por el 089 fue de 16,570, las cuales derivaron en 12,589 denuncias hastael 30 de noviembre del 2025, de las cuales únicamente 4,000 cuentan con carpetas de investigación y solo 721 personas han sido detenidas.

Al respecto, Yair Mendoza, investigador del programa de seguridad de México Evalúa, explica que la estrategia —particularmente el uso del 089— puede contribuir a reducir parcialmente este subregistro, pero no es suficiente para dimensionar por completo el fenómeno.

“El problema de la extorsión lleva años en muchos territorios del país, mientras que la estrategia tiene apenas unos meses de implementación. Es normal que tarde en hacer eco en la sociedad”, señala. Aun así, advierte que incluso con un mayor número de denuncias, los registros actuales siguen sin reflejar la magnitud real del delito.

Según con un análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 se registraron 5,971 víctimas de este delito por cada 100,000 habitantes, frente a las 5,213 víctimas contabilizadas en 2023, lo que representa un incremento de 14.5 %.

En la misma encuesta se detalla que la extorsión fue el segundo delito con mayor incidencia en 2024, siendo Sonora, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Chiapas y Tabasco los estados con mayor cantidad de casos.

Asimismo, con datos del SESNSP, de enero a noviembre de 2025, el Estado de México (2,146), Ciudad de México (1,615), Guanajuato (1,344)  y Nuevo León (923) encabezaron la lista de los estados con mayor cantidad de víctimas de extorsión.

Fallas en la Estrategia Nacional contra la Extorsión

Mendoza identifica que la estrategia del gobierno federal contra la extorsión mantiene un enfoque desproporcionado en la extorsión indirecta, particularmente la telefónica, frente a la escasa atención a la extorsión directa o presencial, que suele implicar amenazas armadas y control territorial.

Este tipo de extorsión, explica, es mucho más difícil de denunciar porque exige contacto directo con la autoridad, algo que muchas víctimas evitan ante la falta de confianza y el temor a represalias.
“Cuando llegan personas armadas a un negocio, el incentivo no es denunciar, sino guardar silencio y seguir pagando. Si no existen mecanismos reales de protección, la carga del riesgo recae completamente en la víctima”, sostiene.

En ese sentido, más que incentivos para denunciar, el investigador considera necesario fortalecer mecanismos de protección y respuesta institucional que reduzcan el riesgo para quienes deciden reportar.

Otro de los puntos críticos es la ausencia de una estrategia diferenciada para la extorsión presencial. Yair Mendoza subraya que el modelo del 089 no está diseñado para atender situaciones en las que el delito ocurre cara a cara y que la solución no puede depender de que la víctima haga la llamada en el momento del ataque.

Asegura que las autoridades deben contar con unidades en territorio con capacidades de investigación e inteligencia, capaces de identificar y desmantelar las estructuras criminales completas y no solo detener a los extorsionadores de “piso”.

El investigador advierte que la estrategia nacional no puede aplicarse de manera homogénea en todo el país, pues las dinámicas de la extorsión varían significativamente entre entidades como la Ciudad de México y Sinaloa. Debido a esto, considera indispensable regionalizar la política pública y adaptarla a los contextos locales, algo que hoy no es posible debido al alto nivel de subregistro.
Aunque el gobierno federal ha identificado a Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero como entidades prioritarias de la estrategia, el investigador menciona que dicha selección pudo haber sido realizada con datos incompletos.

“Es complicado decir que estos son los prioritarios cuando tienes una tasa de cifra negra de 97 %, al menos en 2022”. Reconoce como un avance inicial el uso del 089 para mejorar el diagnóstico, pero insiste en que este debe servir para construir líneas base nacionales y estatales que permitan evaluar resultados.

El especialista apunta a la falta de claridad sobre las unidades antiextorsión locales anunciadas en la estrategia. Hasta ahora, no se ha definido si se tratará de personal policial en territorio o de unidades de investigación administrativa, ni cómo serán financiadas. Esta distinción, advierte, es clave para saber si el plan realmente atenderá la extorsión presencial, considerada la más violenta y peligrosa para las víctimas.

Los homicidios disminuyen a nivel nacional

Como te contamos en esta verificación, los homicidios disminuyeron 22 % a nivel nacional. De acuerdo con los registros de víctimas de homicidio doloso, estos casos disminuyeron 22.2 % en 2025 frente al año anterior, al pasar de 30,062 a 23,374.

Los estados que tuvieron una mayor reducción en el número de homicidios dolosos en los 12 meses de 2025 respecto a 2024 son Zacatecas, con una disminución de 71.2 %; Chiapas, 58.7 %; Quintana Roo, 56.9 %; San Luís Potosí, 53.3 %; Nuevo León, 52.8 %, y Tamaulipas, 42.3 %.

México Evalúa señala que las cifras de homicidios presentadas tienen límites metodológicos que se deben considerar al interpretarlas, pues el uso de promedios diarios o agregados puede ocultar picos de violencia o irregularidades en la clasificación de casos por parte de autoridades, y que esto puede dificultar una lectura completa del fenómeno.

Especialistas han asegurado que las clasificaciones internas y las prácticas de registro pueden variar entre regiones, lo que afecta la comparabilidad de los datos. Esto incluye diferencias en la forma en que se clasifican eventos de homicidio doloso o en la capacidad de las fiscalías para investigar y tipificar correctamente los hechos.