La corrupción debe de medirse por sus víctimas: Sistema Nacional Anticorrupción

Culiacán, Sin.- Para Vanía Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y del Comité de Participación Ciudadana (CPC), la corrupción no se reduce a cifras millonarias desviadas ni a los nombres de altos funcionarios. Es un problema que afecta directamente a las personas, en especial de quienes dependen de los servicios públicos para sobrevivir. Aun así, señala, la atención suele centrarse en los victimarios, mientras que las víctimas quedan fuera del relato.

Como ejemplo, menciona que en las portadas de los medios de comunicación casi siempre se destaca a quien comete el delito, a sus cómplices y el monto que terminó robando. Sin embargo, pocas veces se habla de las consecuencias: de cómo, a partir de esos desvíos, familias se quedaron sin apoyos, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos básicos.

“Si ustedes ponen Javier Duarte o buscan corrupción en Veracruz, van a encontrar su imagen rodeado de dinero, a su esposa, y la cifra de que malversó alrededor o incluso más de 60 mil millones de pesos, que es lo que se tiene registrado.

Pero casi nunca vemos en los medios quiénes fueron las personas que dejaron de recibir su sueldo. Hubo largos periodos en Veracruz en los que no se pagaron salarios porque se robaron todo el dinero. ¿Qué pasó con los niños que murieron por no recibir quimioterapia, o porque les aplicaron tratamientos con agua? ¿Quiénes son las personas que desaparecieron en ese territorio?”, cuestiona.

Subrayó que la corrupción no debe entenderse únicamente como un daño patrimonial, sino como una violación a los derechos humanos que, en muchos casos, deja afectaciones persistentes a largo plazo. Sus consecuencias, dijo, no se limitan a una comunidad o a un grupo reducido de personas, sino que impactan al Estado en su conjunto y al país entero.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), compartida por Pérez Morales durante la conferencia “Víctimas primero”, en promedio cada persona en México paga alrededor de 3 mil 500 pesos anuales por actos de corrupción, ya sea en sobornos, trámites o servicios que deberían ser gratuitos.

Aunque reconoció que la cifra puede parecer baja, describió la corrupción como una especie de impuesto invisible que afecta con mayor fuerza a quienes dependen del Estado para vivir.

“No es solo que a mí me dañen 3 mil 500 pesos en mi bolsillo. Es la persona a la que, por no tener esos 3 mil 500 pesos, no le llevaron agua a su casa; que no los tuvo para pagar sobornos y que le instalaran tuberías. Es quien no tuvo el dinero para el soborno que permitiría que su carpeta de investigación pasara hasta arriba, en lugar de quedarse abajo y ser archivada. Es una cantidad que, finalmente, no solo habla de una despensa o de servicios básicos que se podrían pagar, sino de vidas que se pueden estar perdiendo”, señaló.

Para concluir, la Presidenta destacó que es prioritario colocar a las víctimas en el centro para dimensionar el daño real y entender que cada peso desviado tiene un costo humano que podría no ser reparado.