La percepción de inseguridad se ha convertido en uno de los factores que hoy más pesan sobre la economía de Sinaloa y no se trata de un fenómeno reciente ni coyuntural: el problema se ha prolongado por al menos un año y cuatro meses, tiempo suficiente para que el temor se incorpore a la vida cotidiana de los hogares y a las decisiones económicas de empresas y comercios.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Culiacán Rosales continúa entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, con 88.1 % de su población adulta considerando inseguro vivir en la ciudad. Si bien en la medición anterior Culiacán encabezaba el ranking nacional, en esta ocasión descendió un peldaño, no por una mejora sustancial en la percepción local, sino porque fue alcanzada y superada por Uruapan, Michoacán, que registró el porcentaje más alto de inseguridad percibida a nivel nacional.

El caso de Uruapan muestra cómo los hechos de alto impacto pueden modificar rápidamente el sentir social: en noviembre pasado fue asesinado su presidente municipal, Carlos Manzo, un acontecimiento que profundizó la percepción de violencia e ingobernabilidad en esa ciudad. Este tipo de episodios refuerza la idea de que la percepción no se mueve únicamente por estadísticas, sino por eventos visibles que alteran la confianza colectiva.

En Culiacán, la persistencia de altos niveles de percepción de inseguridad ha comenzado a generar efectos económicos claros. Los hogares reducen su consumo, limitan sus desplazamientos y evitan actividades nocturnas; los comercios enfrentan menor afluencia y horarios más restringidos; y las empresas incorporan mayores costos de seguridad o posponen decisiones de inversión; generando es un mercado interno más débil y una economía urbana que opera por debajo de su potencial.

La situación se agrava por la baja confianza en la capacidad de los gobiernos locales para resolver los problemas más urgentes, así como por la presencia de corrupción en el contacto con autoridades de seguridad. Esta combinación eleva el riesgo percibido del territorio, encarece hacer negocios y reduce la competitividad regional frente a otras ciudades del país.

En términos económicos, la percepción de inseguridad funciona como un impuesto invisible: no aparece en las cuentas públicas, pero se paga todos los días en forma de menor consumo, menor inversión y menor crecimiento.