Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron este domingo que no utilizarán los nueve vehículos que fueron recientemente adquiridos para su servicio, pese a que la propia Corte había explicado días antes que la compra obedecía a motivos de seguridad y a lineamientos internos de renovación.

La postura fue dada a conocer a través de un mensaje difundido por la SCJN en la red social X, donde informó: “Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”.

En la misma publicación, el máximo tribunal enfatizó: “Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”.

Poder Judicial gasta 252 millones de pesos en compra de 571 vehículos

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó el pasado viernes que el Poder Judicial de la Federación (PJF) destinó 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la compra de 571 vehículos.

El OAJ explicó que las unidades comenzarán a operar este año en el propio órgano, en la SCJN y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En el caso de la Suprema Corte, el organismo recalcó que existían motivos adicionales vinculados a la protección de las ministras y ministros.

En su comunicado del 24 de enero, el OAJ señaló que tuvo conocimiento de “diversos incidentes de seguridad, derivados del uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios”, lo que obligó a una sustitución inmediata.

Según el órgano, la decisión respondía a la necesidad de garantizar condiciones de protección “para quienes ejercen funciones constitucionales de alta relevancia en la SCJN”.

Asimismo, el OAJ defendió que la compra de los 571 vehículos permitía abandonar el esquema de arrendamiento utilizado desde 2022.

Argumentó que la inversión de 252 millones de pesos equivale al 68.8% del costo de un solo año de renta, que había implicado gastos de 366.2 millones de pesos anuales. Mantener ese modelo, agregó, habría significado comprometer contratos por al menos tres años.

La renovación del parque vehicular se decidió, precisó el órgano, con base en criterios “técnicos, de seguridad, financieros y operativos”, ya que las unidades en operación presentaban fallas recurrentes, altos consumos de combustible y largos periodos en talleres.

La controversia por los vehículos de la Corte

El 22 de enero pasado, la SCJN había confirmado la compra de nueve vehículos para las ministras y ministros que iniciaron funciones el 1 de septiembre de 2025. En ese comunicado, el máximo tribunal afirmó que las unidades anteriores “ya no cumplían con las medidas para garantizar su seguridad y protección personal”, y que la compra se realizó con base en opiniones técnicas de autoridades federales.

Dichas evaluaciones concluyeron que los vehículos en uso “ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”.

La Corte subrayó entonces que la decisión respondía a criterios institucionales: “La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”.

También recordó que, conforme a la normatividad interna vigente desde 2019, los vehículos asignados a las y los ministros deben renovarse cada cuatro años o antes cuando dejen de ser seguros.

Agregó que la compra se realizó de forma paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el objetivo de no generar un gasto superior. El máximo tribunal afirmó que con ello “reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la compra de vehículos que realizó la Corte, al asegurar en su conferencia matutina del viernes que el máximo tribunal del país ahorró mil millones de pesos con la adquisición.

La compra de vehículos se dio apenas unos meses después de que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, asumiera funciones el 1 de septiembre de 2025, cuando se comprometió públicamente a reducir salarios y eliminar gastos superfluos, asegurando que ningún ministro ni juzgador electo percibiría más que la presidenta de la República.