“Se los llevaron y nadie nos dice nada”: qué se sabe de los ingenieros desaparecidos

Diez trabajadores del sector minero, todos ingenieros, fueron privados de la libertad en una zona serrana del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. La desaparición ocurrió en un contexto marcado por la guerra interna del Cártel de Sinaloa y por una espiral de violencia que ha vuelto a colocar a la entidad entre las más golpeadas del país.

La denuncia pública fue breve, pero contundente. “Se los llevaron y nadie nos dice nada”, dijo una familiar de los ingenieros desaparecidos en una entrevista difundida en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.
La desaparición ocurrió en un municipio históricamente atravesado por la minería y hoy atrapado entre el repliegue de comunidades enteras, el control territorial de grupos criminales y el silencio de las autoridades.

A un año y cinco meses de que estallara con fuerza el conflicto entre las facciones del Cártel de Sinaloa conocidas como “chapitos” y “mayitos”, el caso de los ingenieros se suma a una larga lista de desapariciones en el estado que, hasta ahora, no han tenido respuesta clara ni avances públicos.

¿Quiénes son los ingenieros?

El caso se hizo visible luego de que familiares y representantes del sector minero alertaran públicamente sobre la desaparición múltiple. Denunciaron que los trabajadores fueron interceptados y privados de la libertad, sin que hasta ahora exista información oficial que explique qué ocurrió, quiénes los tienen o qué líneas de investigación siguen las autoridades.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni instancias federales han informado sobre personas detenidas, operativos de búsqueda específicos o hipótesis claras sobre el móvil del crimen. La casi nula información oficial ha profundizado la incertidumbre entre las familias y ha encendido alertas en el sector minero, que enfrenta crecientes riesgos en zonas controladas por grupos armados.

Hasta ahora, de los 10 ingenieros mineros reportados como desaparecidos en Concordia, solo se tiene información pública y oficial de tres de ellos, cuyos casos ya cuentan con fichas activas en la plataforma de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa.

Se trata de Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 39 años, originario de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, Chihuahua; Pablo Osorio Sánchez, de 26 años; y José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, quien fungía como coordinador operativo de seguridad.

De acuerdo con las fichas oficiales, Saúl Alberto Ochoa Pérez —de 1.79 metros de estatura— fue visto por última vez el viernes 23 de enero de este año, alrededor de las 7 de la mañana, en la colonia Centro del municipio de Concordia. Pablo Osorio Sánchez, de 1.76 metros de estatura, desapareció el mismo día, en el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias.

En el caso de José Antonio Jiménez Nevárez, de 1.75 metros, la autoridad únicamente consigna su cargo dentro del proyecto minero como coordinador operativo de seguridad, sin que hasta el momento se hayan hecho públicos más detalles sobre el contexto específico de su desaparición.

Para los otros siete ingenieros denunciados como desaparecidos, no existen aún fichas públicas ni información individualizada difundida por las autoridades.

La incertidumbre atraviesa a las familias desde hace días. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, María Salazar, esposa de uno de los ingenieros desaparecidos, relató que, a una semana de los hechos, no existe información clara ni de las autoridades ni de la empresa para la que trabajaban.

“No ha habido nada, no ha habido reportes, ya han sido siete días y no nos dicen nada, ni la empresa ni las autoridades”, dijo. La angustia, explicó, no solo es por la ausencia, sino por la imposibilidad de dar respuestas a sus hijas: “No sé cómo explicarles que su papá aún no ha regresado”.

Salazar detalló que los ingenieros laboraban bajo un esquema regular: 20 días de trabajo continuo y 10 de descanso, durante los cuales mantenían contacto diario con sus familias mediante llamadas y videollamadas. La última comunicación, recordó, ocurrió la noche del jueves previo a su desaparición.

De acuerdo con la versión que les fue proporcionada, el viernes 23 de enero, entre las 7 y las 7:30 de la mañana, los trabajadores se encontraban en su área de descanso, a punto de abordar las camionetas para iniciar su jornada, cuando se perdió todo rastro de ellos. Desde entonces, afirma, no saben siquiera qué ropa vestían.

“Estamos muy desesperados… no es una persona ni dos, son diez trabajadores que salieron para traer alimentos a sus casas”, señaló en la entrevista radiofónica, al tiempo que pidió que se amplíe la búsqueda y se involucre al Ejército y la Marina.

La postura de la empresa minera

En un comunicado, la empresa minera canadiense Vizsla Silver confirmó que los ingenieros desaparecidos forman parte de su plantilla. La compañía señaló que se encuentra colaborando con las autoridades y que ha activado protocolos internos para atender la situación.

En respuesta a un cuestionario enviado por Animal Político mediante correo electrónico, la minera reiteró que está al tanto de la desaparición de los diez ingenieros y aseguró que mantiene comunicación con las autoridades correspondientes.

“Nuestra prioridad absoluta es la seguridad y la liberación con bien de nuestro personal”, señaló la empresa minera canadiense en respuesta a Animal Político, en la que, sin embargo, evitó proporcionar detalles sobre las identidades de los trabajadores, las circunstancias específicas del hecho o el avance de las investigaciones, argumentando que se trata de un proceso en curso.

La privación ilegal de la libertad de los ingenieros ocurre en un contexto de violencia sostenida en Sinaloa desde septiembre de 2024, a raíz de las disputas internas del Cártel de Sinaloa tras la detención del capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024.

De acuerdo con cifras oficiales con corte al 27 de enero, esta confrontación criminal ha dejado un saldo de 2 mil 734 homicidios dolosos, 3 mil 167 personas privadas de la libertad, 3 mil 243 personas detenidas y 169 personas abatidas, indicadores que reflejan la magnitud de una crisis de seguridad que se ha extendido por meses y que ha impactado tanto a la población local como a trabajadores y sectores productivos en distintas regiones del estado.

Poco antes de que se diera a conocer la desaparición de los ingenieros, dos diputados locales de Movimiento Ciudadano fueron atacados a balazos en Culiacán. El atentado contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ocurrido en una de las avenidas más transitadas de la capital, confirmó que la violencia ya no distingue entre actores políticos, sectores productivos o ciudadanía.

El ataque a los legisladores se inscribe en la misma lógica de disputa territorial y control violento que atraviesa al estado y que ha convertido a Sinaloa en un escenario donde la guerra criminal se expresa a plena luz del día.

¿Dónde trabajaban?

Los ingenieros desaparecidos laboraban en el Proyecto Pánuco, un complejo minero de plata operado por la empresa canadiense Vizsla Silver en el municipio de Concordia.

Se trata de un proyecto de escala distrital y de propiedad 100 % de la empresa, ubicado en una zona históricamente poco explorada del llamado Cinturón de Plata del Oeste de México, a unos 80 kilómetros del distrito minero de San Dimas, uno de los más productivos del país.

De acuerdo con información corporativa de la compañía, revisada por Animal Político, el paquete de concesiones del proyecto se cuadruplicó desde enero de 2024, hasta superar las 30 mil hectáreas, con acceso a infraestructura existente, como carreteras, energía eléctrica de alta tensión, agua y cercanía con el puerto de Mazatlán.

Hasta la fecha, Vizsla Silver reporta haber completado más de 375 mil metros de perforación diamantina en la zona, sin necesidad de construir nuevas carreteras, y define al Proyecto Pánuco como el mayor recurso primario de plata de alta ley sin desarrollar en el mundo.

La empresa informó que durante el cuarto trimestre de 2024 concluyó trabajos de perforación de conversión y una mina de prueba, con el objetivo de reducir riesgos para una eventual producción inicial, prevista —antes de la crisis de seguridad— para el segundo semestre de 2027.

Tras la desaparición de los 10 trabajadores, la compañía anunció la suspensión temporal de algunas actividades en y alrededor del sitio, como medida preventiva, mientras continúan las investigaciones.

Este 29 de enero, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que abrió una carpeta de investigación por la privación de la libertad de 10 ingenieros. El caso quedó tipificado como desaparición cometida por particulares.

Como parte de las diligencias, la dependencia señaló que el martes 27 de enero se llevó a cabo un cateo “debidamente autorizado por la autoridad judicial”, durante el cual se localizaron algunos indicios en el caso. Así lo informó Isaac Aguayo, vicefiscal en la Zona Sur, quien no ofreció mayores detalles sobre los hallazgos ni sobre las líneas de investigación en curso.