Culiacán, Sin.- La falta de pago del gobierno de Sinaloa a proveedores del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado del ciclo escolar 2025-2026, ya no solo representa un adeudo pendiente, sino que pone en riesgo directo a la producción del próximo ciclo escolar, advirtió Leticia Castillo Avendaño, quien lleva más de una década como proveedora de uniformes.
La presidenta del Grupo Textil Sinaloense denunció que no existe, hasta este momento, una fecha definida de pago por trabajos ya realizados y que, además, a varios proveedores se les ha solicitado volver a refacturar, mientras que los costos financieros derivados de la inversión que realizaron para poder dar cobertura a la demanda continúan acumulándose.
“Hay a quienes no se les ha pagado ninguna factura y a otros solo una parte. Los intereses siguen subiendo y los proveedores de tela ya no nos quieren surtir porque no creen que, a estas alturas, el gobierno no nos haya pagado”, señaló a ESPEJO.
De acuerdo con Castillo Avendaño, en el programa participan 196 comerciantes y comercializadoras, quienes representan, según el padrón de proveedores de uniformes del gobierno del estado, 523 puntos de canje y a su vez, generan más de 15 mil empleos y una derrama económica superior a los mil millones de pesos, según está asociación. Sin embargo, la falta de liquidez ha comenzado a romper esta cadena productiva que sostiene un programa que, en palabras de Leticia, es uno de los más nobles.
La textilera advirtió que la afectación por esta falta de cobertura de pago ya se proyecta hacia el siguiente ciclo escolar, y eso se debe a que la fabricación de uniformes requiere de planeación anticipada como lo es la compra de materia prima desde finales de año y la contratación de maquila con meses de adelanto.
“La falta de pago ya pone en riesgo la producción del próximo ciclo. Sin dinero y sin crédito no hay manera de arrancar como se requiere, ni de cumplir con los tiempos que exige el programa. Es que no es solo entregarlos, es hacerlos, bordarlos, comprar la tela, contratar personal”, afirmó.
Castillo Avendaño subrayó que el adeudo no afecta únicamente a empresarios, sino a miles de personas que dependen del programa para subsistir, entre ellas mujeres que cosen desde sus hogares, personas adultas mayores, personas con discapacidad y habitantes de comunidades rurales, donde el programa representa una de las principales fuentes de ingreso.
“Es un programa muy noble porque apoya a toda la población escolar y genera empleo local, pero sin pagos esa nobleza se pierde. Estamos sosteniendo el programa sin respaldo y no nos dan una fecha, necesitamos seguridad para seguir. Ojalá visitaran los talleres para que se den cuenta de lo que están afectando.”, expresó.
La representante de estos proveedores informó que han solicitado reuniones con el comité del programa para exponer la gravedad de la situación, sin que hasta ahora exista una respuesta clara por parte de las autoridades. Mientras tanto advirtió que, si los adeudos no se regularizan de manera inmediata, no solo se compromete el empleo local, sino la propia operación del programa de uniformes escolares para el ciclo 2026-2027.
El programa de uniformes escolares inició en 2011, durante el gobierno de Mario López Valdez, cuando operaba mediante la entrega de vales. Desde entonces ha continuado con las administraciones de Quirino Ordaz Coppel y la actual de Rubén Rocha Moya. Leticia, como otros productores, han formado parte del padrón de proveedores desde el inicio y hoy se encuentra en riesgo esta participación.
“Nunca nos habían hecho esperar tanto, se supone que en diciembre se cubriría el pago, estamos a enero y ya casi es febrero. No sabemos qué hacer.”, concluyó.

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