El despliegue de más de mil militares en Concordia, al sur de Sinaloa, no ocurre en el vacío. Tampoco es una respuesta ordinaria sobre un hecho más de violencia. Es la primera vez que el Estado mexicano moviliza un operativo con más de mil elementos militares para tratar de localizar a 10 trabajadores mineros de la empresa Vizsla Silver.

Concordia es un municipio serrano, de caminos estrechos y comunidades dispersas, pero también un territorio codiciado. Bajo sus cerros hay plata, oro, plomo y zinc. En su geografía se cruzan rutas que conectan a Sinaloa con Durango. Antes fue una de las rutas más importantes para la producción y trasiego de amapola y mariguana, pero con la caída de los precios, el crecimiento de la industria de drogas sintéticas y la diversificación de los grupos del crimen organizado, este territorio ha cambiado y se ha vuelto más atractivo.

Hasta 2015, Concordia concentraba al menos 215 concesiones mineras, entre exploración y explotación. La doctora Sibely Cañedo, especialista en desplazamiento forzado interno, esa riqueza explica buena de los picos de violencia que se ha sostenido en los últimos 15 años en la región al sur de Sinaloa.

“Es una zona muy rica en recursos naturales, en biodiversidad y en yacimientos mineros. También ha servido como un tipo de refugio para grupos delictivos que han evolucionado a organizaciones criminales mucho más poderosas”, explicó.

La minería legal e ilegal, prosiguió, se ha convertido en un mercado alternativo para los grupos criminales ante la caída de los ingresos por la siembra de drogas. El crimen organizado se ha diversificado en sus fuentes de financiamiento y cada vez es más visible.

“Hemos visto una confluencia entre grupos del crimen organizado y la minería. Han coexistido por muchos años, pero hay etapas donde la actividad minera ha sido víctima directa de la violencia”, señaló Cañedo.

La ruptura de los códigos en Concordia

 

El secuestro de diez trabajadores de una empresa minera internacional marcó un punto de quiebre en el último año y medio. No solo por la cantidad de personas desaparecidas, sino por ser ingenieros, geólogos, supervisores ambientales y personal de seguridad de una empresa de capital canadiense. Es decir, no se trató de sicarios o miembros de grupos rivales, sino de personas víctimas de una confrontación interna del cartel de Sinaloa, la cual comenzó en septiembre de 2024, calculándose a la fecha más de 2,500 asesinatos y unas 4 mil desapariciones de personas.

Cañedo señaló que debe las desapariciones en la región sur de Sinaloa y sobre trabajadores mineros no es algo reciente, pues ya se tiene documentado otros episodios, sobre todo contra gambusinos, que son pequeños productores locales de minería artesanal.

“Nunca se había visto un ataque así contra una minera de ese tamaño. Se rompieron ciertos códigos, incluso a nivel de la industria minera”, aseguró Roberto Carlos López López, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, especializado en desplazamiento forzado.

Ese quiebre activó una respuesta inédita: 1,190 elementos de seguridad, entre Ejército, Fuerzas Especiales, Guardia Nacional y policías ministeriales; helicópteros artillados y aviones de reconocimiento; sobrevuelos constantes en la sierra.

Concordia, un territorio en disputa

 

Para López López, Concordia concentra varios intereses criminales al mismo tiempo.

“Es territorio serrano, de poco acceso para la población, pero no para los grupos criminales. Una vez controlado, sirve para cultivos, laboratorios de drogas sintéticas, minería y cobro de piso. Hay materia ahí para la delincuencia organizada”, afirmó.

Esa disputa no es nueva. En 2017, cuatro empresas mineras cerraron en Concordia en medio de quiebres internos del Cártel de Sinaloa. Ese mismo año fueron asesinados gambusinos y una familia completa ligada a la actividad minera fue desplazada hacia Mazatlán tras perder sus minas por la fuerza.

“Si se permite que el crimen organizado tenga esas fuentes de ingresos y el Estado no actúa, no necesitará más de las drogas”.

Los efectos de los conflictos en Concordia

 

La violencia ha obligado a decenas de familias a abandonar sus comunidades. No hay cifras oficiales. Solo subregistros y testimonios de pobladores que decidieron quedarse en municipios como Mazatlán y de otros que volvieron a sus comunidades .

“Los desplazamientos forzados de Concordia se han visibilizado más por la organización de las propias personas expulsadas. Pero también hay desplazados de la sierra de Mazatlán, Rosario y Escuinapa”, explicó López López.

Pero no se trata solamente de manifestaciones y muestras de enojo, sino también de problemas emocionales y sociales.

“Hay un alto nivel de estrés postraumático complejo. No es un solo evento violento, sino una cadena de sucesos. Hay familias que se separan y mandan a sus hijos a la ciudad para que no vivan eso”, señaló Cañedo, “Las comunidades se fragmentan. Algunas familias toman partido, otras huyen. Los vínculos identitarios se rompen”.

Más información sobre violencia en Sinaloa: