Retenciones en la UAS no violan derechos laborales, afirma abogado

Culiacán, Sinaloa.- Las retenciones que se aplican a los cheques de trabajadores y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), como parte de la reingeniería financiera, no representan una violación a sus derechos laborales, ya que se trata de una medida que busca asegurar que en un futuro el recurso pueda seguir pagándose, afirmó el abogado de la institución, Alfonso Carlos Ontiveros Salas.

El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UAS, indicó que pese a los comentarios y críticas de las voces que se oponen a dichas retenciones, la universidad no está violando ningún derecho adquirido por el personal jubilado, ni suprimiendo prestaciones, sino que está estableciendo mecanismos para que estas puedan sostenerse en un futuro.

Explicó que no se está quebrantando ninguna ley, ya que la jubilación dinámica no está prevista en la Constitución ni en la Ley Federal del Trabajo, sino que es una acuerdo pactado entre particulares, en este caso la UAS y el Sindicato, por lo que jurídicamente es una prestación extralegal.

“No hay absolutamente ningún derecho excluido o suprimido, el derecho a la jubilación subsiste en la Universidad Autónoma de Sinaloa bajo esas nuevas condiciones y creo que esto nos da certidumbre a todos”, dijo.

Además, mencionó que tampoco aplica la no retroactividad de la norma, puesto que el artículo 14 constitucional sólo se refiere a leyes y no a contratos colectivos de trabajo o acuerdos entre particulares.

“Mencionan algunas voces por ahí críticas, opositoras a esta reforma contractual de que la Corte dijo que no se aplicaba de manera retroactiva asuntos relacionados con pensiones porque en el ISSSTE se había dado marcha atrás a la idea aquella de suprimir días por concepto de aguinaldo. No, allá estamos hablando de la Ley del ISSSTE, de una ley, y el artículo 14 de la Constitución Federal se refiere a leyes, no a contratos colectivos de trabajo”, dijo.

Agregó que no se puede hablar de un derecho adquirido si no se tiene la solvencia presupuestal para poder cumplir con esa prestación, y en este caso no se tiene debido a que el pago de las jubilaciones no está siendo respaldado por el subsidio federal, lo que representa una carga presupuestal para la universidad de hasta 3 mil millones de pesos.

“Esas voces que están dentro del disenso, no; no es porque haya exceso de personal de confianza, no; no es el hecho de que esté mi compadre, mi amigo y todo en algún área determinada de la universidad, no; ese no es el problema. El problema es de pesos y centavos y es una cuestión de subsidio”, dijo.

No obstante, jubilados inconformes han señalado que las retenciones, sumadas al retraso en el pago de salarios, afectan directamente su economía y salud física y mental.

“Estamos ante una administración que no ha sido eficiente en la gestión de recursos y estamos ante un Gobierno Federal que no tiene el menor interés por financiar a la universidad pública”, indicó Heriberto Arias, del Frente de Defensa de los Derechos Laborales.

Por su parte, Ontiveros Salas reiteró que no se están violentando derechos laborales, sino al contrario, pues las retenciones en la nómina de los trabajadores activos y las percepciones jubilatorias del personal jubilado se estarán destinando a un fideicomiso el cual permitirá que la universidad cuente con recursos para cumplir con el pago de las jubilaciones en el futuro.

Esto como parte de una reingeniería universitaria propuesta por el Rector, Jesús Madueña Molina, en respuesta a una política nacional en materia de financiamiento a universidades públicas, bajo la cual el subsidio federal solo contempla recursos para trabajadores activos.

“Lo más fácil para el rector hubiera sido decir: ‘Federación, si no me das recursos para pagar la nómina de jubilados, entonces que los jubilados se vayan contra el gobierno federal’, pero no fue así”, dijo.

Explicó que, como patrón, la universidad pudo haber recurrido a la declaratoria de quiebra o solicitar la suspensión colectiva de los derechos laborales, una facultad de la cual puede disponer cuando enfrenta desequilibrios financieros que ponen en riesgo su estabilidad financiera, pero no se hizo así ya que se estaría afectando a miles de trabajadores y jubilados.

Aseguró que la falta de recursos financieros no es un problema de la actual administración, sino una situación histórica que viene desde el momento en que al establecer la jubilación dinámica como un derecho, no se previeron los mecanismos para sostenerla.