Culiacán, Sinaloa.- La Comisión de Asuntos Obreros, Trabajo y Previsión Social del Congreso de Sinaloa aprobó este jueves un dictamen que propone adicionar disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para proteger la autonomía y libertad sindical frente a actos de injerencia por parte de personas servidoras públicas.
La propuesta de reforma establece un listado de 19 conductas específicas que serán consideradas como injerencia sindical y constituirán faltas administrativas graves. Entre estas acciones se incluyen coaccionar o amenazar a trabajadoras o trabajadores para participar en eventos de campaña sindical, ejercer presión jerárquica sobre subordinados para que apoyen determinadas candidaturas, condicionar servicios institucionales a cambio de votos sindicales y utilizar recursos públicos para favorecer o perjudicar planillas sindicales.
El proyecto contempla adicionar el artículo 181 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual establece que los sindicatos deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia en su constitución, funcionamiento, administración y desarrollo de elecciones sindicales. Cualquier contravención será considerada falta administrativa grave.
Asimismo, propone incorporar el artículo 64 Ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas, señalando que será responsable de injerencia sindical el servidor público que por sí o por terceros incurra en las conductas previstas en la legislación laboral estatal.
Durante su intervención, la diputada presidenta de la Comisión Moncerrat López López explicó que el dictamen tiene como propósito reforzar la autonomía sindical y cerrar la puerta a cualquier injerencia indebida desde la función pública en la vida interna de los sindicatos. Señaló que la libertad sindical es un derecho humano laboral y un elemento indispensable para relaciones de trabajo equilibradas.
La legisladora argumentó que cuando existen presiones, condicionamientos o uso de recursos institucionales para influir en elecciones sindicales se vulnera la voluntad real de las y los trabajadores y se debilita la legitimidad de sus organizaciones. Destacó que la Comisión busca tres resultados con esta reforma: certeza jurídica al establecer límites claros, prevención de prácticas de presión o manipulación y fortalecimiento democrático de los sindicatos.
El dictamen aprobado fue turnado para seguir su proceso legislativo. En la reunión estuvieron presentes, además de la presidenta, las diputadas Elizabeth Ramírez Tirado y Rosario Guadalupe Sarabia Soto, secretaria de este órgano legislativo.
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