Culiacán, Sinaloa.- Una iniciativa enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya propone expedir una ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Extorsión, lo que implica sacar este delito del Código Penal de Sinaloa y atenderlo mediante una ordenamiento específico, alineado con la Ley General contra la Extorsión aprobada a nivel federal en noviembre de 2025.

El Código Penal de Sinaloa se encuentra desfasado frente al proyecto federal, de acuerdo con la justificación del Ejecutivo, ya que en la entidad este delito alcanza penas de entre 4 a 12 años, mientras que, en esta nueva ley general, las penas podrían oscilar entre los 15 a 25 años de prisión.

El sustento, y lo que hizo que fuera aprobada por el Congreso de la Unión, fue que la extorsión fue el único delito de alto impacto que aumentó en 2025, con un 2.3 por ciento más de casos, lo que se traduce a un promedio de 30 víctimas diarias. Este delito predomina a través de la extorsión indirecta, como llamadas y mensajes que, aunque no siempre se concreta, existe el riesgo de provocar daño patrimonial y afectaciones psicológicas en las víctimas.

De aprobarse la propuesta del gobernador, se derogará el artículo 231 del Código Penal de Sinaloa, dejando fuera ese delito de la ley actual. Bajo este nuevo marco, la extorsión sería perseguida de oficio, sin necesidad de una denuncia de por medio y atendida con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y protección a la niñez.

La propuesta también establece una “coordinación obligatoria entre la Fiscalía, las corporaciones policiales estatales, la Federación y otras entidades, así como la creación de unidades especializadas en extorsión dentro de la Fiscalía, apoyadas en el uso de tecnología, inteligencia y análisis regional“.

En el ámbito penitenciario, la iniciativa endurece las medidas para “inhibir la comisión del delito desde los centros de reclusión, incluyendo la inhibición de señal celular, la prohibición absoluta de teléfonos móviles a personas sentenciadas por extorsión y sanciones administrativas a directivos de penales que incumplan estas disposiciones. Además, se contempla la aplicación de prisión preventiva oficiosa en casos con agravantes y se obliga al Estado a implementar campañas de prevención y brindar asesoría inmediata a las víctimas para evitar que el delito se consuma“.

La propuesta se integra por 24 artículos básicos, divididos en cuatro capítulos, así como tres artículos transitorios, estableciéndose en el tercero que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado contará con 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Esta propuesta fue presentada ante el congreso el 4 de febrero, por lo que su proceso y avance legislativo ha sido breve, prácticamente solo se tomó una semana, a diferencia de las propuestas realizadas por las y los diputados.

Casos documentados de extorsión en Sinaloa

En noviembre de 2025, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Al cierre del año pasado, todavía había entidades pendientes de avanzar en la adecuación de este marco legal en sus legislaciones.

En el caso de Sinaloa, fue hasta 2024 cuando el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció casos relacionados con este ilícito. En el estado no se tenía registro de este tipo de crimen.

Por ejemplo, el gobernador dio a conocer en una semanera del 13 de marzo de 2024, que este problema comenzó a notarse con denuncias de transportistas de papa, principalmente hacia el norte del estado, en municipios como Salvador Alvarado, Guasave, El Fuerte y Ahome, una región colindante con Sonora.

“Ahí es un conflicto entre dos agrupaciones de transportistas, donde una de ellas exige exclusividad en la transportación y, presumiblemente, que tampoco se ha presentado denuncias, una está protegida por algún grupo delincuencial. Se sabe esto porque ponen un distintivo al carro que paga un porcentaje”, dijo el mandatario en ese momento.

El método utilizado es el llamado cobro de piso, mediante personas que hacen funciones de cobranza y transmiten el mensaje de que actuarán si no se pagan cuotas para continuar operando.

Antes de este caso, que fue dado a conocer por productores agrícolas y transportistas de manera anónima, también se reconoció la extorsión en autobuses de pasajeros en la zona fronteriza entre Sinaloa y Nayarit.

“Hemos tenido extorsiones arriba del camión. Es un problema que se tiene que regular. El propio chofer se para y les dice: ‘¿Saben qué? Nos van a parar y allá nos van a pedir tanto’. Eso está muy mal que lo haga personal que debe tener responsabilidad con la gente. (…) Tenemos información de que cobran hasta mil 500 pesos cuando se trata de migrantes.”, dijo Rocha Moya ese mismo día.

Esta información obligó en ese momento a integrar a la discusión de las mesas de seguridad las denuncias que autoridades como la Guardia Nacional habían confirmado que existían.

Fue también en estas mesas donde el gobierno de Sinaloa informó, el pasado 8 de febrero, que en Mazatlán operaba una banda que extorsionaba mediante recibos de energía eléctrica.

“El superintendente me informó que colocan calcomanías en los medidores para decirles a los que van y revisan que no deben cortar la luz, porque están protegidos por pagar una cuota.”, aseguró el mandatario.

De este caso solo se cuenta con la denuncia de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, quienes han sido amenazados por realizar cortes de energía.

A estos hechos, reconocidos por la propia autoridad, se suman los casos de extorsión denunciados por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, denunció a ESPEJO en 2024 el incremento de extorsiones contra familias afectadas por el delito de desaparición forzada.

Explicó que existen personas que se aprovechan de la angustia y el dolor de las familias para obtener dinero, enviando mensajes intimidatorios y exigiendo pagos a cambio de supuesta información sobre el paradero de sus familiares o para dejarlos en libertad.

Añadió que, lamentablemente, muchas familias caen en estas extorsiones y entregan grandes cantidades de dinero, lo que le genera profunda tristeza al tratarse de personas que se aprovechan del dolor ajeno.

Además, en 2025 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa reconoció un incremento de este delito, identificando una nueva modalidad: el secuestro virtual, que afectó principalmente al norte de la entidad. Uno de los casos que trascendió fue el de una mujer identificada como Martha “N”, quien solicitó apoyo de las autoridades tras recibir una llamada amenazante en la que le exigían 50 mil pesos para dejar en libertad a su hija y a su sobrino.

A nivel nacional, este delito fue el único de alto impacto que aumentó en 2025, con un 2.3 por ciento más de casos, lo que equivale a un promedio de 30 víctimas diarias.

Otras iniciativas sobre extorsión: ¿Qué propusieron los diputados?

Las diputadas de Morena, Juana Minerva Vázquez González y Erika Rubí Martínez Rodríguez, presentaron una propuesta sobre este delito, respectivamente. También, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) tuvo otra iniciativa. Las tres coinciden en fortalecer el combate a este delito, pero una lo hace endureciendo las penas, otra afinando los agravantes e incluyendo el uso de la Inteligencia Artificial entre los métodos de extorsión y los últimos proponen crear una fiscalía especializada.

La diputada Juana Minerva Vázquez González presentó una iniciativa que apuesta por el endurecimiento del castigo como vía principal para enfrentar el delito de extorsión.

La propuesta está en una lógica más punitiva. La pena máxima que propone la legislativa es una pena entre los 15 a 25 años de prisión y una multa alta que incluya la reparación del daño patrimonial, moral, físico o psicológico que pudo cometerse contra la víctima.

La diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, de Morena, presentó una iniciativa que plantea una reforma puntual al artículo 231 del Código Penal de Sinaloa, con el objetivo de actualizar la forma en que se regula el delito de extorsión. La propuesta parte de que la extorsión ha evolucionado en sus formas de comisión, mientras que la legislación penal local se ha quedado corta y ambigua para describir y sancionar muchas de las modalidades que hoy se presentan.

También se incorporan de manera expresa las modalidades modernas de extorsión, como la telefónica y digital, el uso de mensajes, audios, imágenes o videos, la amenaza de difusión de información privada, el uso de inteligencia artificial y programas maliciosos, así como el cobro de cuotas de manera continua o mediante terceros.

Finalmente, está la propuesta realizada por la bancada del Partido Sinaloense (PAS), la que propone reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para crear una Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Extorsión, al nivel de otras fiscalías ya existentes, como la Anticorrupción o la de Delitos Electorales. A diferencia de las otras propuestas, esta iniciativa no modifica el Código Penal, no crea nuevos delitos ni incrementa las penas de prisión, sino que apuesta por una reforma de carácter institucional y operativo. Su planteamiento parte de la idea de que la extorsión no se combate únicamente con castigos más severos, sino con mayor capacidad del Estado para investigar, prevenir y atender a las víctimas, en concordancia con el modelo establecido en la Ley General contra la Extorsión aprobada a nivel federal y propuesta por el mismo gobernador.

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