Culiacán, Sin.- Será una resolución judicial la que determine si la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE) podrá o no revisar el estado financiero y el uso de recursos públicos en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), así lo informó Emma Guadalupe Félix Rivera.

La titular de la ASE explicó que está es la tercera ocasión en la que este ente fiscalizar intenta revisar a la Casa Rosalina. Sin embargo, en cada ocasión en la que se ha intentado hacer una fiscalización, los procesos son detenidos debido a que la institución educativa promueve recursos legales para evitar este procedimiento de rendición de cuentas.

En entrevista para ESPEJO, Félix Rivera detalló que lo que se busca auditar son los recursos provenientes del Gobierno del Estado, así como lo que entra en recaudación propia y poder garantizar un ejercicio que responda y se apegue a ley.

“Nuestra ley establece que podemos auditar los recursos de los entes estatales autónomos y de todo funcionario o entidad que ejerza recursos públicos. Lo señala con claridad, y entre ellos están incluidas las universidades, puesto que son entes públicos”, sostuvo.

Tres intentos de auditoría

 

Félix Rivera recordó que en 2018 sí fue posible realizar una revisión; sin embargo, en los intentos posteriores la universidad ha interpuesto amparos que han frenado los procedimientos. Lo cual refleja, reconoció, una falta voluntad.

“Desde el momento en que se promueve un amparo es para suspender la ejecución de la auditoría. En este momento estamos en espera de que las autoridades competentes, la Corte o los tribunales, decidan quién tiene razón en esto”, explicó.

Mientras tanto, si no existe una reforma legal o una resolución definitiva en los juicios de amparo, la ASE continuará intentando fiscalizar a la UAS, aseguró la funcionaria.

“Primero, porque es nuestra obligación; y segundo, porque dentro de los criterios para seleccionar a los entes a auditar, la universidad tiene un puntaje muy alto por los recursos que recibe y porque es un ente muy señalado y cuestionado”.

Por esa razón, y debido a los señalamientos que ha enfrentado esta institución, de nueva cuenta la UAS fue incluida en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) 2026. Por lo que, en lo que llega una respuesta definitiva judicial que garantice un proceder, la ASE se encuentra formulando solicitudes de información.

Con respecto a lo que se busca auditar, reiteró que la ASE solo le corresponde revisar los recursos propios y lo estatal, no a fondos federales. Por lo que, las declaraciones emitidas por autoridades universitarias que señalan que han salido libre de observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tiene relación con lo que el ente fiscalizador estatal pretende analizar.

“No es lo mismo lo que nosotros queremos revisar. Si la ASF revisa recursos federales, está bien, es su competencia. Lo que nosotros intentamos revisar es lo que es nuestra competencia”, puntualizó.

En cuanto a las denuncias relacionadas con la universidad, Félix Rivera aclaró que no todas han sido presentadas por la Auditoría Estatal. Algunas han sido interpuestas por otras instituciones estatales. Por lo que, en el caso específico de la denuncia promovida por ASE, explicó que se originó por la negativa de la universidad a entregar información solicitada en el marco de las facultades de fiscalización.

Cabe recordar que la ASE presentó una demanda penal contra el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, en marzo de 2023.Dicho recurso legal derivó de la negativa de la universidad para entregar documentación correspondiente al ejercicio fiscal 2022. En respuesta la máxima casa de estudios respondió con una demanda por violación de los Derechos Humanos del rector, señalando que estos procedimientos de revisión tenían como motivo una persecución política en contra del mismo.

En agosto de 2024, el Tribunal Federal otorgó una suspensión de amparo a favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), por el supuesto intento de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de vulnerar el autogobierno de la Universidad al buscar revisar los ingresos auto generados por la institución, así lo informó el abogado defender la institución educativa en su momento, Ramón Bonilla Rojas.

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