Crecer el viacrucis de quienes son víctimas del robo de vehículos con violencia en Sinaloa, obligándolos a atender medidas de carácter recaudatorio en los casos en que las unidades son recuperadas, recalca la insensibilidad del gobierno que ve sólo números en las personas, familias y empresas afectadas por la crisis de la seguridad pública.

Los cobros por grúa, corralón, almacenaje, maniobras e incluso infracciones que se les aplican a los propietarios de carros recuperados que acuden a reclamarlos, subraya esa parte desalmada de instituciones y servidores públicos que pretenden sacar provecho de aquellos a los que ataca el crimen organizado precisamente porque las autoridades no proporcionan la adecuada protección ciudadana.

La iniciativa presentada por el Consejo Intercamaral de Culiacán ante la 65 Legislatura del Congreso del Estado atiende el sentir de sinaloenses que como si fuera poca la indefensión vivida durante año y medio de la llamada narcoguerra, la agudizan con acciones de tipo monetario que refrendan negocios hechos con el desamparo a la población.

La propuesta consiste en reformar el Código Penal y la Ley de Hacienda de Sinaloa para que tales cobros sean anulados cuando se trata de recuperación de vehículos despojados con violencia, debido a que hubo un daño patrimonial al que no debería agregársele desembolso alguno pues ello significa revictimización.

Los gobiernos estatal y municipales deben garantizar de origen que la seguridad pública sea eficaz en mantener a salvo la vida y los bienes de los sinaloenses, en lo cual ha fallado siempre y no sólo en el plazo que lleva el enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa. Aumentar la recaudación de recursos públicos a través de esquilmar más a víctimas de la violencia exhibe la burda noción de autoridades de mentalidad gerencial que en vez de servir a los ciudadanos se sirven de ellos.