El paro que realiza hoy el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, que en el caso de Sinaloa afecta la autopista en el tramo Culiacán-Mazatlán, se desarrolla en tres vertientes: la afectación a la movilización terrestre de personas y mercancías, la razón que asiste a los inconformes en sus demandas legítimas, y la descalificación que el Gobierno Federal hace de estas acciones argumentando que hay mesas instaladas para los acuerdos.

Los bloqueos carreteros en al menos veinte estados del país deben llamar la atención de las autoridades federales y estatales con enfoque de corregir las desatenciones a los sectores social y económico, y pasando por alto cualquier interés político que pretenda aprovecharse de la protesta en la víspera del proceso electoral en puerta.

Sin embargo, es de justos reconocer que los puntos que sostienen la manifestación son legítimos y verificables, que en Sinaloa son el pago de apoyos atrasados en cosechas, creación de una financiera de desarrollo con créditos accesibles y un esquema de comercialización de granos con precios de garantía que permita que el maíz sinaloense sea rentable, mientras que los transportistas plantean  la implementaciuón de estrategias de seguridad en carreteras para detener las extorsiones y robos.

La problemática de los sectores que acuden a medidas de presión para que el gobierno los atienda no son ajenas a la sociedad en su conjunto que de igual manera exige condiciones para la coexistencia pacífica, después de casi 19 meses de violencia exacerbada por conflictos entre células del narcotráfico que aún con altibajos en la incidencia criminal continúan expandiendo miedo y anarquía.

Aunque en Sinaloa los manifestantes tomaron las casetas pero permiten el libre cruce de vehículos, en otras entidades empezaron a derivarse daños a la economía, pasajeros y automovilistas, pagando consecuencias quienes menos responsabilidad tienen en la solución de las exigencias de los paristas. Frente a esta situación, urge que las partes concilien posturas llegando a soluciones tomando en cuenta a organismos empresariales que piden privilegiar el diálogo y la Secretaría de Gobernación que afirma que no hay razones para el mega bloqueo carretero.