Texto: Andrea Amaya / Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – La reciente apertura del Gobierno de México hacia la explotación de gas natural no convencional mediante el fracking sustentable ha encendido las alarmas en el sector ambientalista. Mientras la administración en el poder argumenta que el uso de nuevas tecnologías de bajo impacto ambiental es la clave para alcanzar la soberanía energética, expertos y organizaciones civiles sostienen que tal concepto es una contradicción técnica y un riesgo para los derechos humanos.

Para Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA), la discusión debe partir de una premisa objetiva: «¿Podemos hablar realmente de sustentabilidad en el fracking o de un fracking verde? Personalmente considero que eso no existe», afirma tajante.

Desde su perspectiva, los retos de esta actividad tocan fibras profundas de la legalidad. Uno de los argumentos oficialistas es la sustitución de agua potable por agua tratada o salada. Sin embargo, Alanís advierte: «Al agua tratada hay que quitarle metales y al agua salada hay que desalinizarla. Esto implica una inversión masiva en infraestructura que hoy no tenemos».

Además, subraya que el uso de químicos garantiza la degradación del entorno: «Su simple uso genera contaminación del aire, suelos y acuíferos».

Soberanía vs. independencia: el dilema del gas fósil

 

Alanís recalca que la soberanía no debe realizarse a costa de los territorios. Explica que el gas natural no puede ser un combustible de transición eterno, pues contradice el compromiso internacional de la ONU denominado transitioning away (‘transitar para alejarse’).

«Los países, incluido México, se comprometieron a ir transitando fuera de los combustibles fósiles. El gas natural ha querido ser utilizado como un gas de transición, lo cual en un principio sonaba bien, pero esa transición se volvió en algo permanente», menciona Alanís.

Para el experto, insistir en el fracking es ignorar esta ruta: «Si México apuesta por algo como esto, no estaríamos siendo climáticamente congruentes», señala, recordando que las emisiones de metano del fracking son letales para la atmósfera.

El Comité Científico: ¿independencia o legitimación?

 

Un punto crítico en las recientes declaraciones gubernamentales es la creación de un comité científico para evaluar esta tecnología. Para Gustavo Alanís, la naturaleza de este organismo es motivo de profunda preocupación por la posible falta de imparcialidad.

«Me ganó el subconsciente, porque de lo que se trata es de que sea un comité realmente lo más independiente posible, que fuera imparcial, que fuera objetivo», reflexiona Alanís. Sin embargo, señala el origen de este: «Está difícil pensar que eso puede ser así, porque si está siendo nombrado por el propio gobierno, que es el que quiere promover el fracking, pues a priorisabemos que se van a pronunciar a favor».

El director del CEMDA argumenta que estos mecanismos suelen ser usados para avalar y legitimar decisiones ya tomadas: «Quieren confirmarla con personas que tienen trayectoria, pero sería bueno pensar en otra manera de evaluar para evitar sesgos y distorsiones».

El riesgo humano

 

El CEMDA advierte que la soberanía no puede lograrse sacrificando vidas. Ante esto, Alanís destaca tres riesgos críticos: Salud pública, seguridad y derechos de las comunidades indígenas.

Al respecto, menciona: «Muertes prematuras, dicho en el 2015 por la Organización Mundial de la Salud», así como asma y disfunción pulmonar en zonas de explotación.

Además, recuerda la violencia en la Cuenca de Burgos entre 2010 y 2014, y cuestiona: «¿Quién va a arriesgar su dinero ante un entorno de inseguridad y violencia?».

Y señala que «muchas veces los proyectos ni se consultan, o se hacen solo por cumplir el requisito». El incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre el consentimiento libre, previo e informado es una barrera legal que ya ha llevado a la revocación de autorizaciones por parte de la Suprema Corte.

La ruta de la defensa

 

Ante la posibilidad de que el gobierno avance con estos proyectos, Gustavo Alanís señala que las herramientas y rutas jurídicas para las organizaciones y la ciudadanía son claras: el amparo por violación al derecho a un medio ambiente sano y a la salud (artículo 4.° constitucional), denuncias ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y el uso de mecanismos internacionales como el T-MEC o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para el CEMDA, el reto no es perfeccionar el fracking, sino admitir que el desarrollo, para ser tal, debe ser sustentable y en armonía con la gente:

«No es lo mismo hablar de desarrollo a cualquier costo que de desarrollo sustentable. México tiene la gran oportunidad de darle la vuelta a la tortilla y apostarle a las renovables de forma fabulosa», concluye Alanís.

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Este trabajo fue realizado por Pie de Página, que forma parte de Territorial, Alianza de Medios. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.