Culiacán, Sinaloa.- Ante el conflicto reactivado por la instalación de la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo, diputadas y diputados en el Congreso del Estado expresaron posturas divergentes entre la cautela institucional y la exigencia de información sobre el proyecto.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), María Teresa Guerra Ochoa, señaló que el debate en torno a la obra refleja una tensión constante entre el desarrollo económico y la protección ambiental, por lo que consideró necesario esperar evaluaciones técnicas antes de fijar una postura definitiva.

“Hay una línea muy delgada entre lo que es el desarrollo industrial y la afectación a reservas naturales”, expresó, al referirse al impacto que proyectos de gran escala pueden tener en los ecosistemas, como en el caso de la Bahía de Ohuira.

La legisladora de Morena indicó que, si bien este tipo de inversiones pueden generar beneficios económicos, también implican riesgos ambientales, por lo que insistió en la necesidad de encontrar un equilibrio.

“Ambas partes tienen razón… no dejan de tener razón las comunidades originarias, porque sí se afecta con desarrollo industrial, pero también el mundo tiene que seguir generando recursos para su crecimiento”, dijo.

Guerra Ochoa agregó que será necesario esperar los dictámenes técnicos correspondientes y valorar qué decisión resulta más conveniente para la comunidad y el país, en un contexto donde -reconoció- existen posturas tanto a favor como en contra del proyecto.

En contraste, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Antonio González Flores, cuestionó la falta de información pública sobre el avance de la obra y acusó opacidad en su desarrollo.

“Como siempre, las obras que se están dando en este gobierno se hacen sin transparencia”, señaló.

El legislador, quien preside la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, informó que desde su bancada se ha solicitado formalmente al Gobierno del Estado información detallada sobre el proyecto, incluyendo su avance, impacto ambiental y situación presupuestal.

“Exigimos que se informe cómo se encuentra el avance de la obra, si existe deterioro ambiental o no… el problema es que nadie lo informa y nadie lo hace transparente”, afirmó.

González Flores sostuvo que, si bien existen argumentos económicos a favor de la planta -como el abasto de insumos para el sector agrícola-, es necesario garantizar que el proyecto cumpla con la legalidad y que sus efectos ambientales sean evaluados con claridad.

“Al final del camino, este país se rige por un Estado de derecho… lo que nos preocupa es que se respete la legalidad y que se transparente cómo está el expediente de la obra”, concluyó.

El conflicto en Ohuira, activo desde hace más de una década, ha resurgido en días recientes tras el reporte de ingreso de maquinaria a la zona, lo que ha reactivado protestas y acciones de vigilancia por parte de comunidades y colectivos.

 

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