Imagen de portada: Ilustración: Regina García / La Verdad Juárez

El castigo detrás de la justicia terapéutica

El Tribunal Especializado en Narcomenudeo de Chihuahua se presenta como un modelo de justicia terapéutica para evitar el encarcelamiento de personas detenidas por posesión simple. En la práctica, concentra miles de casos, acumula altos niveles de incumplimiento de las condiciones para suspender los procesos penales, carece de evaluaciones públicas sobre su impacto y canaliza a las personas a una red de atención a las adicciones con capacidades limitadas. Por Miguel Silerio / La Verdad Juárez Fotografías y video: Favia Lucero Ciudad Juárez— A Luisa la detuvieron un domingo cerca de las 11 de la mañana. Iba de regreso a su casa y se bajó del camión en una plaza comercial al sur de Ciudad Juárez. Cuadras atrás había notado que varios policías la observaban. Apenas puso un pie en la calle, la interceptaron. Los policías le cuestionaron de dónde venía, adónde iba, cómo se llamaba. Revisaron sus cosas, sacaron su identificación, corrieron sus datos en el sistema. Después le dijeron que quedaría detenida por posesión de marihuana.

“A lo mejor sí venía fumada, pero no traía nada. Yo sé que no”, dice Luisa, entre la risa y la resignación, al recordar la detención que vivió a mediados de 2019.

Pasó dos días detenida en la Fiscalía de Chihuahua, el periodo máximo permitido por la ley para que el Ministerio Público defina la situación de una persona detenida en México. Antes de dejarla ir, le dijeron que tendría que seguir el proceso con firmas periódicas, rehabilitación y pruebas antidoping. Le dieron una hoja con instrucciones, pero nadie le explicó en qué consistía el procedimiento ni cuáles eran sus implicaciones. Pasaron dos años antes de que supiera que su caso formaba parte del Tribunal Especializado en Narcomenudeo (TEN), un modelo judicial implementado en Chihuahua desde 2019 para atender delitos contra la salud, principalmente por posesión simple de drogas. En el TEN, las personas acusadas pueden evitar una sentencia penal si aceptan cumplir ciertas condiciones, como asistir a terapias psicológicas o de rehabilitación, someterse a pruebas toxicológicas, estar bajo supervisión y acudir periódicamente a firmar. El caso de Luisa, que hoy tiene 30 años y es madre autónoma de dos hijos, rapera, psicóloga y activista social en Ciudad Juárez, se reactivó a principios de este año, cuando volvió a ser contactada por las autoridades. Habían pasado casi siete años desde su detención y cinco desde que inició, y luego abandonó, las medidas de suspensión condicional debido a un embarazo de riesgo. Su historia es la de miles de personas procesadas por un sistema que, mientras ofrece una alternativa al encarcelamiento por posesión de sustancias, las canaliza a una red pública de atención a las adicciones con capacidades limitadas, aun cuando no todas requieren ni desean un proceso de rehabilitación, y que en los casos más graves depende de organizaciones civiles y religiosas. El modelo, además, parte de una premisa contradictoria: atender las causas de los delitos relacionados con drogas, aunque el delito que persigue casi en su totalidad es la posesión misma de las sustancias. Quienes operan el sistema defienden sus aportaciones para transformar la relación institucional con las personas usuarias y abordarlas desde una perspectiva de salud, aunque reconocen limitaciones estructurales y contradicciones legales en torno al delito de posesión simple. Mientras, son las personas usuarias, a menudo atravesadas por condiciones de pobreza, violencia y desigualdad, quienes siguen alimentando las cifras del tribunal, que ha reducido los encarcelamientos, pero no la criminalización.

TEN: La máquina de imputaciones

El TEN de Chihuahua se creó una década después de la aprobación de la llamada Ley de Narcomenudeo, una reforma federal a la Ley General de Salud aprobada en 2009, durante el gobierno de Felipe Calderon Hinojosa, que dio competencia a los estados en la persecución de delitos contra la salud, particularmente los relacionados con narcomenudeo, mientras la federación mantuvo los vinculados al narcotráfico. La Ley General de Salud no define claramente qué es el “narcomenudeo”, pero sí contempla conductas relacionadas con la posesión, comercio y suministro de drogas en pequeñas cantidades. Estas acciones son perseguidas por las autoridades como delitos contra la salud, bajo el argumento de que afectan la “salud pública”, aun cuando no exista una víctima identificable de forma directa. El Tribunal comenzó a operar en Ciudad Juárez en febrero de 2019 y fue replicado en la ciudad de Chihuahua en 2022, impulsado por la Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez, un organismo civil integrado por autoridades y empresarios, y contó con el acompañamiento de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos. El modelo ha sido presentado como una alternativa de “justicia terapéutica”, orientada a atender el consumo de sustancias desde una perspectiva de salud pública y no únicamente punitiva. Opera mediante audiencias concentradas, conocidas informalmente como “combos”, en las que se desahogan de manera simultánea las causas de entre 10 y 15 personas, aunque cada caso se individualiza y resuelve de forma consecutiva. Como salida alterna, el TEN impone medidas previstas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), como firmas periódicas, terapias obligatorias, pruebas toxicológicas y supervisión institucional. Si las personas cumplen, el proceso puede suspenderse y concluir sin antecedentes penales; si no, pueden terminar en prisión. Pero detrás de la narrativa institucional de salud y reinserción, las cifras oficiales muestran un sistema basado en la persecución masiva de la posesión simple, con importantes vacíos en evaluación y seguimiento, así como limitaciones estructurales en la capacidad de atención en salud. De acuerdo con datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), durante la última década más de 23 mil personas fueron procesadas por narcomenudeo en Ciudad Juárez. De ellas, 20 mil 974 pasaron por el Tribunal Especializado en Narcomenudeo (TEN) en el Distrito Bravos, en su mayoría hombres. El año con mayor carga para el TEN fue 2021, cuando abrió 7 mil 629 causas penales y dictó 3 mil 076 vinculaciones a proceso a causas que involucraron a 3 mil 406 personas. Históricamente, las medidas más difíciles de sostener han sido aquellas vinculadas al tratamiento institucional de salud y vigilancia, y las cifras sobre incumplimientos revelan uno de los grandes retos de este modelo. Cifras oficiales indican que 10 mil 173 personas han incumplido las condiciones para suspender sus procesos, es decir, el 48.5 por ciento de las 20 mil 974 que han sido derivadas al Tribunal de Narcomenudeo. No existen evaluaciones públicas sobre su funcionamiento. El Poder Judicial de Chihuahua y el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec), desde cuya Mesa de Seguridad surgió el tribunal, reconocieron a través de la PNT que no cuentan con diagnósticos, indicadores ni evaluaciones sobre la creación o continuidad del modelo. Aunque uno de los principales argumentos utilizados para justificar la existencia del tribunal es su posible impacto en la disminución de la violencia, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía de Chihuahua dijeron no contar con documentos que permitan evaluar dicha relación. El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua sostiene que el modelo se implementó “ante el creciente número de homicidios y el aumento de la violencia en Ciudad Juárez en los últimos años” , pero la ciudad continuó registrando altos niveles de homicidio doloso durante su operación. A la par, las cifras de persecución penal por narcomenudeo crecieron de forma acelerada. Entre 2020 y 2026, la Policía Municipal reportó 17 mil 735 detenciones por delitos contra la salud, de las cuales más de 17 mil corresponden a narcomenudeo. La sustancia más frecuente fue el cristal, seguida por la marihuana. Sobre esta supuesta relación, el magistrado Javier Acosta Mendoza, comisionado al TEN desde septiembre del año pasado, reconoce no contar con evidencia estadística concluyente, aunque considera que existe una relación observable desde la experiencia institucional.

“Las personas que consumen sustancias nocivas para salud, esto es enervantes o drogas, son más dadas a cometer hechos que la ley señala como delito (…) Si una persona no requiere cometer actos delincuenciales para satisfacer esa necesidad, no te va a robar, no se va a meter a casas, no va a conducir bajo el influjo de las drogas o enervantes y, sobre todo, no se va a meter en grupos que se dedican a este tipo de actividades delincuenciales”, afirmó.

La persecución penal criminaliza a las personas usuarias de sustancias, aun cuando oficialmente se afirma que en México el consumo no está penalizado, y además las aleja de los servicios de salud, según México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), organización que hace casi tres décadas trabaja temas de justicia y seguridad. El problema de los tribunales de narcomenudeo, advierte, radica en el propio delito que los sostiene: la posesión simple.

“El régimen penal en México sanciona absolutamente todas las conductas relacionadas con el consumo (…) Se dice que en México no se criminaliza el consumo, pero eso es falso, porque no puedes consumir sin poseer”, afirma la directora general de MUCD, Cristina Reyes Ortiz.

La directora de MUCD señala que el delito de posesión simple opera en la práctica como una especie de “comodín” para las autoridades, pues, al tratarse de una conducta relativamente fácil de acreditar, pues muchas veces basta con el testimonio de la policía, facilita detenciones, judicializaciones rápidas e incluso abusos.

“Si revisas las carpetas de investigación, pareciera que es el mismo caso repetido una y otra vez”, dice.

Una red de atención dependiente y con recursos limitados

La Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAADIC) es la encargada de dar el sentido “terapéutico” al modelo del TEN. A través de ella se canaliza a las personas procesadas para recibir tratamiento psicológico, someterse a pruebas toxicológicas e incluso ser referidos a centros residenciales o de internamiento. Desde 2019, la CEAADIC ha realizado 20 mil 621 exámenes toxicológicos en los municipios de Juárez y Chihuahua. De ese total, 14 mil 859 fueron personas derivadas por el TEN. A partir de estas valoraciones, la Comisión determina si la persona será atendida en alguno de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) o si requiere internamiento en un establecimiento residencial registrado ante la dependencia. En Chihuahua existen actualmente diez CECOSAMA, tres de ellos en Ciudad Juárez, en las colonias Azteca, Altavista y Águilas de Zaragoza. Estos espacios forman parte de un programa federal que opera desde hace casi dos décadas. Antes fueron conocidos como Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) y desde 2024 funcionan como Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. Sin embargo, únicamente ofrecen atención ambulatoria. Según información oficial, en cada unidad laboran apenas dos psicoterapeutas por turno, además de personal administrativo y de trabajo social, pese a que su Manual de Organización —emitido por la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC)— establece que deben contar también con personal médico y de enfermería.   La CEAADIC, además, ha mantenido desde 2023 una plantilla de apenas 34 personas en todo el estado: 17 psicólogos, dos trabajadoras sociales, dos abogadas y personal administrativo y técnico. La doctora Lizeth Gutiérrez Perea, coordinadora de la CEAADIC en la Zona Norte, sostiene que el objetivo es ofrecer una atención menos estigmatizante y más cercana, aunque reconoce que estas unidades no cuentan con servicio médico ni farmacia y las personas que requieren atención especializada son canalizadas a servicios médicos públicos, como el programa estatal de servicios médicos MediChihuahua. La capacidad instalada para la atención de adicciones contrasta con el número de personas que llegan al sistema judicial, y que actualmente esperan en promedio dos semanas para acceder a tratamiento en los CECOSAMA. Pese a esas limitaciones, la CEAADIC —que este año proyecta un presupuesto de apenas 15.7 millones de pesos para todo el estado— se ha convertido en una pieza central del modelo de justicia terapéutica. El flujo de personas usuarias muestra el peso que el tribunal ha puesto en la estructura de atención a las adicciones, pues tan solo en 2025, la Comisión recibió a alrededor de 3 mil 300 personas derivadas del TEN, con un promedio de 250 ingresos mensuales. En los primeros meses de este año la cifra ya rondaba las 800 personas, indica Gutiérrez Perea. Actualmente, Chihuahua no cuenta con centros residenciales públicos para tratamiento de adicciones. La funcionaria reconoce además que el gobierno estatal no cuenta con centros residenciales públicos para el tratamiento de adicciones, por lo que la red de internamiento recae en asociaciones civiles y comunidades religiosas registradas ante la Comisión, mientras el Estado mantiene un papel más orientado a la supervisión y canalización que a la prestación directa del servicio. Actualmente, el padrón estatal contempla 89 establecimientos residenciales con una capacidad conjunta de 3 mil 356 camas en todo Chihuahua. Ciudad Juárez concentra 28 centros y mil 312 camas disponibles. De forma paralela, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) reportó 5 mil 979 ingresos a centros residenciales en Chihuahua durante 2025, una cifra que rebasa ampliamente la capacidad instalada total en el estado. Además, los datos muestran que el sistema judicial se ha convertido en uno de los principales motivos por los que las personas acuden a servicios de atención en adicciones. En 2019, de las 5 mil 709 personas que iniciaron tratamiento en el estado, mil 38 provenían del TEN. Para 2021 la cifra ascendió a mil 825 usuarios canalizados por el tribunal y en 2025 se mantuvo en mil 64 personas. Sobre la capacidad instalada para atender desde el sistema de salud a las miles de personas canalizadas por el TEN, el magistrado Javier Rodolfo Acosta Mendoza reconoce limitaciones importantes.

“Yo creo que siempre vamos a necesitar más espacio, sin poderte precisar cuál es la capacidad que tienen ahorita en Salud Pública para auxiliarnos (…) siempre hay necesidad de más doctores, de más hospitales, tratándose de adicciones”.

Sin embargo, sostiene que la posibilidad de fortalecer infraestructura, presupuesto o personal rebasa las facultades del Poder Judicial.

“La competencia que tenemos es muy limitada, está acorralada, se puede decir, o delimitada más bien, a la cuestión de la impartición de justicia (…) los diputados que son los que aprueban el presupuesto, pero no podemos pasar de sugerir”, explica.

El Poder Judicial informó que en 2025 el TEN ejerció un presupuesto de 29.3 millones de pesos y que, hasta ahora, en 2026 ha ejercido poco más de 5.3 millones. Sin embargo, reconoció que no cuenta con registros desagregados previos a 2025, debido a que el personal del tribunal estaba adscrito administrativamente al sistema penal general.

Un chaleco a la medida para miles de personas

La regulación del narcomenudeo en México se encuentra en los artículos 473 al 482 de la Ley General de Salud. El artículo 479 establece una tabla de cantidades consideradas para consumo personal e inmediato que, sin embargo, no despenaliza la posesión, sino que únicamente delimita competencias entre autoridades estatales y federales. En ese sentido, Cristina Reyes Ortiz, directora de MUCD, advierte que existe la creencia errónea de que una persona no puede ser detenida si porta cantidades por debajo de esos límites. En la práctica, explica, las policías sí pueden detener y poner a disposición del Ministerio Público a la persona, y corresponde posteriormente a esa autoridad determinar si ejerce o no acción penal. Reyes Ortiz advierte que este diseño legal y la expansión de tribunales similares —ya implementados en estados como Nuevo León, Morelos y Estado de México, y con intención de replicarse en entidades como Coahuila— generan incentivos institucionales para incrementar el número de casos judicializados y resueltos, sin impactar necesariamente en las estructuras del narcotráfico ni en los delitos más violentos. Las cifras penitenciarias reflejan el peso de estos delitos en Chihuahua: según el INEGI, los delitos contra la salud son el principal motivo de encarcelamiento en el estado y hasta 2024 representaban el 30.3 por ciento de los hombres y el 25.8 por ciento de las mujeres privadas de la libertad. Para Reyes Ortiz, esto evidencia cómo el sistema penal termina concentrándose en personas usuarias y en situación de vulnerabilidad, mientras las estructuras de tráfico de mayor escala quedan intactas. Raquel Carlos Ávila, una de las cuatro personas juzgadoras que actualmente integran el TEN en Ciudad Juárez y quien forma parte del modelo desde su creación, explica que el tribunal surgió como respuesta al rezago que enfrentaba la Fiscalía ante el volumen de causas por delitos contra la salud. Hacia 2019, apunta, alrededor del 70 por ciento de los asuntos penales en Chihuahua estaban relacionados con este tipo de delitos y existía un rezago de aproximadamente 14 mil carpetas. Carlos Ávila considera que el modelo ha reducido tiempos de espera y priorizado salidas alternas para evitar encarcelamientos. Además, sostiene que las audiencias concentradas no vulneran derechos, pues cada caso se revisa de forma individual aunque se resuelva en sesiones colectivas.

“No se omite ninguna etapa del proceso, ni tampoco se omite la defensa de nadie; el hecho que sean audiencias concentradas no impide que la persona tenga la posibilidad de defenderse, que es de lo que trata el debido proceso”, asegura.

La jueza reconoce, sin embargo, que el sistema de atención institucional ha enfrentado momentos de saturación. También confirma que a menudo las medidas impuestas chocan con las condiciones materiales de vida de las personas procesadas, pues las faltas más frecuentes están relacionadas con no acudir a terapias o pláticas debido a horarios laborales, falta de transporte, distancias o simplemente porque las personas abandonan el proceso.

“Intentamos hacer un chaleco a la medida”, dice, pero “cuando tengo que hacer 2 mil chalecos, es complicado”.

Aun así, considera que el principal avance del modelo ha sido modificar parcialmente la manera en que el sistema judicial se relaciona con las personas usuarias:

“Se trata de que no veamos a las personas como números, o que les está persiguiendo únicamente para inflar números o estadísticas, sino en la humanización verdadera del sistema, de las personas juzgadoras, de los operadores jurídicos, para reconocer que las personas que, si bien caen en un tema legal por el uso o la posesión de sustancias, sean tratadas de manera digna”.

A donde el Estado no llega

Anacleto llegó a Ciudad Juárez hace más de dos décadas. Salió de Gómez Palacio, Durango, con poco más de 20 años, siguiendo la promesa de un vida mejor en la frontera y tratando de dejar atrás una historia familiar complicada. Desde entonces ha sobrevivido entre empleos precarios, primero en la maquila, luego en la construcción y más tarde la economía informal en el Centro de la ciudad. A sus 48 años vive solo en una casa “en obra gris”, sin acceso a servicios básicos como agua o electricidad. El consumo ha atravesado buena parte de su vida y también de su relación con las autoridades. Los policías sabían dónde encontrarlo y lo detenían con frecuencia, cerca de puntos de venta de droga. “Me agarraban porque sabían que iba a conectar”, recuerda. Las detenciones comenzaron a acumularse rápido: cuatro procesos en un mismo mes. Aunque sus recuerdos son confusos, identifica una trayectoria repetida: la detención, las 48 horas en la Fiscalía y después las medidas impuestas por el Tribunal para evitar la prisión: firmas periódicas, terapias y seguimiento institucional. Cumplirlas, sin embargo, le fue prácticamente imposible.

“A veces no traía ni para el camión”, cuenta, y otras veces simplemente se le olvidaba acudir.

En uno de esos incumplimientos fue detenido y enviado al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3. Pasó alrededor de un año y medio en prisión, dice, porque su defensor público le sugirió que cumplir la condena sería más fácil que intentar sostener la salida alterna. Cuando salió, en 2023, regresó al mismo contexto, sin empleo formal, sin una red sólida de apoyo y con la misma dependencia. Poco después llegó la recaída.

“Me dijeron: hazle como puedas”, y con esa frase traza la distancia entre las condiciones que el sistema judicial le impuso y sus posibilidades reales de cumplirlas.

Hoy Anacleto asegura que su relación con las drogas ha cambiado. Dos veces por semana acude a un grupo de acompañamiento donde recibe comida, atención médica básica y orientación sobre reducción de daños. El espacio es gestionado por Programa Compañeros, una organización civil que desde hace 40 años acompaña a personas usuarias de sustancias y a quienes viven con VIH en la frontera. Julián Rojas coordina la iniciativa de reducción de daños, un modelo que parte de una lógica distinta a la que domina en buena medida del sistema de justicia y salud: entender que no todas las personas dejarán de consumir, al menos no de manera inmediata, y que sus vidas deben protegerse. En los espacios de consumo donde trabaja Programa Compañeros, lejos de los CECOSAMA y los centros residenciales, y mucho más de los tribunales y las estaciones de policía, se entregan jeringas nuevas, filtros, alcohol, recipientes estériles, ligas para hacer torniquetes y naloxona para atender eventos de sobredosis. También se recuperan los materiales usados para sacarlos de circulación. Son medidas mínimas, que en ese contexto pueden marcar la diferencia entre una infección, una sobredosis o la muerte. La lógica de reducción de riesgos y daños rompe con los enfoques centrados exclusivamente en la abstinencia porque, explica Julián, “no todos están en condiciones de dejarlo, ni todos quieren hacerlo”. Rojas conoce ese entorno desde dentro. Llegó a la organización como usuario de drogas inyectables acompañado por la misma red comunitaria que hoy coordina y desde hace dos décadas encabeza el programa. Las historias que escuchan en el programa son similares; personas que han pasado por múltiples centros de rehabilitación, hasta diez o quince veces, y que logran mantenerse sin consumir mientras están internadas, pero recaen al volver a contextos atravesados por pobreza, violencia, precariedad laboral y falta de redes de apoyo. Rojas estima que alrededor del 70 por ciento de las personas que acompaña han enfrentado procesos por posesión simple y en muchos casos han pasado por esquemas de suspensión condicional vinculados al TEN. Cumplir las medidas no siempre resulta posible porque muchas de estas personas no cuentan con teléfono, viven en situación de calle o en viviendas irregulares, carecen de empleo formal o simplemente no tienen dinero para trasladarse a juzgados, centros de atención o audiencias.

“El Estado no ha asumido la responsabilidad que le toca de abordar el uso de sustancias verdaderamente como un tema de salud pública, y creo que quienes le hemos entrado al tema somos las organizaciones de la sociedad civil”, señala Rojas.

¿Justicia terapéutica?

Después de la detención, Luisa quedó incomunicada. La llevaron a Babícora, una estación de policía cercana, donde comenzó un proceso que hoy describe violento y estigmatizante. Antes de ingresarla a una celda, los policías le tomaron fotos de sus tatuajes. La encerraron junto a un hombre que recuerda en estado de ebriedad y que comenzó a acosarla, por lo que tuvo que gritar para pedir ayuda. Una mujer policía intervino y la trasladó a la Fiscalía de la Zona Norte. Eran casi las dos de la tarde del domingo que la detuvieron. En las celdas de la Fiscalía, Luisa fue víctima de acoso sexual por parte de custodios que golpeaban las rejas con cadenas durante la madrugada mientras las mujeres dormían. En uno de esos episodios, denuncia, un guardia la tocó a ella y a otra mujer. Salió de la Fiscalía el martes, alrededor de la una de la tarde. No recuerda exactamente la cantidad de droga que le atribuyeron, pero sí “una bola forrada con tape café”. En 2021, casi dos años después de la detención, recibió una llamada. Tenía que presentarse ante el Poder Judicial para comenzar con el registro de firmas y el seguimiento de terapias. Estaba embarazada de su primer hijo. Las condiciones incluían acudir a firmar a los juzgados y asistir a terapia. Después de cumplir con las firmas, fue canalizada al CECOSAMA de Águilas de Zaragoza y posteriormente enviada a un centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos en la colonia Salvárcar. Dejó de asistir cuando su embarazo se complicó y los traslados se volvieron difíciles. Intentó comunicar su situación a su defensor público, pero asegura que nunca obtuvo respuesta. Durante todos esos años creyó que el proceso había terminado, pero ahora le advirtieron que cualquier nuevo incumplimiento podría terminar en una pena de hasta tres años de prisión. Luisa no recuerda haber aceptado ninguna condición relacionada con el Tribunal de Narcomenudeo cuando tenía 23 años y estaba embarazada.

“Las madres autónomas llevamos la jornada no pagada más larga y más pesada que existe”, afirma.

Recientemente le informaron que deberá reiniciar todo el procedimiento desde cero, y una de sus principales preocupaciones, dice, es dónde dejará a sus hijos mientras vuelve a asistir a terapia.

“Yo considero que (el sistema) ha sido muy injusto conmigo. Creo que ha sido injusto porque la violentada he sido yo y porque yo tengo que estar pagando de esta manera, con mi tiempo y con todo, cuando a la que se le pasaron de lanza fue a mí, estando en esas instancias. Así que no, no creo que sea justo. Siento que estoy siendo castigada”.

https://www.youtube.com/watch?v=S2wt4eBmQYE

***

Este trabajo periodístico hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo. Fue publicado originalmente en La Verdad Juárez que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación .