Desplazamiento forzado en México: miedo a narcos y destrucción impiden el retorno total de comunidades campesinas e indígenas a Chilapa

Por Gonzalo Ortuño López / Mongabay Latam

“Nos atacaron con drones, con ametralladoras y unas armas que nosotros nunca habíamos escuchado”, cuenta una mujer de la comunidad de Tula, en Montaña Baja de Guerrero, al sur de México. Sobrevivió a los ataques que durante seis días grupos armados cometieron contra comunidades que habitan la zona rural del municipio de Chilapa, pero tuvo que abandonar su hogar ante la crisis humanitaria que ha dejado al menos seis muertes, según medios locales, y más de 100 personas desplazadas.

Las agresiones comenzaron el pasado 6 de mayo contra las comunidades rurales indígenas de Tula, Xicotlán, Alcozacán y Acahuehuetlán, cuyos habitantes fueron obligados a desplazarse, de acuerdo con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), organización dedicada a la defensa del territorio y autonomía de las comunidades de esta región de Guerrero.

Si bien las autoridades federales no han establecido la causa de los ataques, dirigentes indígenas de la región señalan a Los Ardillos —uno de los grupos delictivos locales— como los presuntos responsables, con el objetivo de expandir el control del territorio. Incluso temen que detrás de los ataques haya posibles intereses relacionados con la extracción de minerales en la zona. Expertos en la zona creen que el grupo criminal no se ha volcado aún a esta actividad extractiva pero una misión civil está consultando a especialistas para tratar de esclarecer qué hay detrás de los ataques.

Hasta ahora, las autoridades han atendido los efectos de la crisis acompañando a personas desplazadas, entregando alimentos y atención médica. También instalaron una mesa de construcción de Paz en Guerrero. Sin embargo, defensores consultados por Mongabay Latam señalan una crisis más compleja que tiene a las comunidades en la incertidumbre sobre sus territorios.

Defensa y autonomía, una labor riesgosa en la montaña baja de Guerrero

 

Jesús Plácido Galindo, promotor del CIPOG-EZ y delegado del Congreso Nacional Indígena en esta región de Guerrero, identifica la defensa del territorio como un obstáculo para las organizaciones criminales que se disputan su control desde hace más de 10 años.

Para el defensor, las policías comunitarias en las comunidades indígenas han sido clave para que los grupos armados no hayan explotado aún sus territorios ancestrales.

“Tenemos riqueza, no tenemos dinero, pero tenemos agua, bosque, plata y oro. Si no fuera porque existe la policía comunitaria en nuestra región, ya hubieran entrado a saquear lo que tenemos todavía”, dice el defensor a Mongabay Latam.

Plácido explica que la defensa del territorio que hace el CIPOG ha venido acompañada de recuperar el conocimiento ancestral de las comunidades en la salud y alimentación, ante las carencias que se viven en la región de la Montaña Baja de Guerrero.

“Por el tema de salud comunitaria, queremos recuperar las plantas medicinales para partos, nuestras medicinas tradicionales. También la agroecología, sembrar los productos para que lleguen a nuestras casas, que nuestros hijos coman alimentos buenos. Queremos producir nuestra propia tierra”, explica el defensor.

Sostiene que el esfuerzo comunitario que realizan los integrantes de los pueblos indígenas na savi, me´pháá, nahua y ñamnkué de Guerrero desde hace casi 30 años es un proyecto de vida que estorba al crimen organizado en la región.

“Por ese papel colectivo de nuestra asamblea nos siguen ejecutando. Tenemos 85 compañeros, comisarios, autoridades, campesinos que han asesinado o los han desaparecido”, sostiene el dirigente indígena.

Precisa que los seis asesinatos recientes durante los ataques atribuidos a Los Ardillos en comunidades de Chilapa fueron de integrantes del CIPOG-EZ.

A más de un mes de los ataques, autoridades aseguran que han logrado el retorno de 118 personas a la comunidad de Xicotlán. Sin embargo en Tula no hay condiciones para volver, cuenta una de las personas desplazadas.

“No podemos porque las casas ya están hechas un desastre, quemaron todo lo que es alimento, el maíz, el frijol. Hicieron un desastre”, cuenta a Mongabay Latam una sobreviviente que pide el anonimato por su seguridad.

La mujer relata que tuvo que huir de su comunidad, junto con su familia, sin oportunidad de rescatar comida o a sus animales ante el ataque atribuido a Los Ardillos, un grupo delincuencial con fuerte presencia en la zona y que desde hace años ha acechado a estas comunidades, de acuerdo con sus habitantes.

“Desde hace más de 7 años, Los Ardillos nos quieren sacar. Juntaron gente para entrar en el pueblo de Tula”, dice la mujer y agrega que a diferencia de otros ataques ahora la violencia fue mayor. “Nos tiraron bombas sin importar que estuvieran niños o personas ancianas. Lo que querían era matarnos”, sostiene.

El especialista y consultor en seguridad David Saucedo afirma que esta estrategia violenta conocida como “tierra quemada”, importada de conflictos armados en Centroamérica, ha sido utilizada por grupos del crimen organizado en México y consiste en no solo combatir a un grupo que no es rival, sino también generar desplazamientos de la población para que no respalden a los grupos opositores, en este caso comunidades defensoras del territorio.

“En el caso de Chilapa, Los Ardillos lo que han hecho es aplicar esta misma estrategia imitando al Cártel de Jalisco. Por eso vemos que atacan con bombas, drones, incendian poblados, queman casas para provocar un desplazamiento de los pobladores de estas zonas que apoyan a la CIPOG-EZ”, explica el consultor.

En la comunidad de Tula, la mayoría de la población es campesina e integrante de la CIPOG-EZ, que ha sido objeto de los ataques del grupo criminal. “Somos más de 300 personas en Tula y junto a los otros pueblos son más de 800 personas las que salimos afectadas”, cuenta la mujer que aún no ha logrado volver a lo que quedó de su casa.

Sin condiciones para volver a las comunidades

 

Una red de defensores de derechos humanos realizó del 22 al 24 de mayo la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S) para documentar la violencia que se ha vivido en las comunidades. Al llegar a Tula describieron una comunidad “desértica”, sin ubicar a algún habitante en las calles o en sus casas.

“Lo que encontramos fueron casas quemadas desde las cocinas hasta los lugares de descanso. Animales hambrientos y a punto de la muerte. Carros, motos, herramientas quemadas, cuadernos y libros quemados y otros abandonados”, expuso la misión civil el pasado 27 de mayo al presentar sus hallazgos.

Plácido afirma que las comunidades atacadas por el crimen organizado no están en territorio concesionario a proyectos mineros. Sin embargo dice que los territorios cuentan con minerales que desde hace años algunas empresas buscan extraer.

Sergio Pacheco, integrante de la misión, coincide y afirma que entre los indicios detectados está el interés por el agua, algo que los defensores de derechos humanos han detectado durante otras crisis de violencia en la región en 2020.

“Hemos estado investigando desde las primeras misiones no solamente las rutas por donde puedan pasar los minerales, sino también el agua. En la comunidad de Alcozacán antes había una laguna que se desecó, estamos rastreando las presas, el cómo se les va quitando el abastecimiento del agua y lo que significa para cualquier pueblo, el desarrollo, la siembra”, cuenta el integrante de la misión.

Aunque los esfuerzos se han enfocado en atender la crisis humanitaria, Pacheco asegura que la misión civil también consultará con especialistas sobre la explotación del territorio como una de las causas de los ataques contras las comunidades de Chilapa.

“Parte de la misión está tratando de conectarse con geólogos y con gente especializada para que veamos en dónde se está generando este extractivismo. Hay manantiales y acuíferos subterráneos [en la zona] pero estamos todavía en este camino. La misión se especializó en abordar el asunto de los derechos humanos, pero nos encontramos con esta otra situación y no la estamos dejando olvidada”, comenta a Mongabay Latam.

El especialista y consultor Saucedo no cree que exista un interés minero del grupo delictivo de Los Ardillos, que se financia principalmente por la venta y distribución de drogas, así como por el secuestro y robo de transporte de carga, actividades que han extendido a otras regiones de Guerrero.

“En el caso de esta zona de Guerrero, no tenemos conocimiento de que haya una participación de Los Ardillos con aspectos mineros. No hay ahí ni la infraestructura ni las inversiones para realizar este tipo de operaciones. Por el momento lo descarto», pero advierte: «Habría que estar monitoreando estas situaciones”.

Los Ardillos y una violencia “paramilitar” en Chilapa

 

Nacidos a partir de la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva en Guerrero, Los Ardillos han sido uno de los grupos locales con mayor crecimiento en el estado. Investigaciones académicas y periodísticas, e incluso reportes de autoridades han señalado su crecimiento e influencia en la región de la Montaña.

Celso Ortega Rosas, conocido como La Ardilla y fundador del grupo, fue asesinado en 2011. Sin embargo, el liderazgo de la banda se mantuvo en manos de sus hijos Celso y Antonio Ortega Jiménez, de acuerdo con investigaciones académicas sobre la criminalidad en el estado.

“Los jefes locales de Los Beltrán Leyva se convirtieron en Los Ardillos. Ellos crearon esta organización y desde esa época ya invertían en política, financiando partidos y candidatos que fueran afines a sus proyectos criminales. También desatando actos de represalia en contra de partidos y candidatos que fueran de otros intereses”, explica Saucedo.

En 2023, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la exsecretaria de Seguridad y actual encargada de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya reconocía que la organización delictiva “tiene muchos años operando en la región”, luego de que el grupo criminal movilizó personas en Chilpancingo, capital de Guerrero, para exigir la liberación de dos presuntos dirigentes de Los Ardillos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha confirmado también que este grupo armado está relacionado con los recientes hechos violentos y el desplazamiento de las comunidades en Chilapa.

“Obviamente hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva [el asedio] de dos grupos criminales, que son Los Ardillos y Los Tlacos”, dijo en conferencia de prensa el pasado 12 de mayo.

La misión civil de observación que acudió a comunidades de Chilapa sostuvo que la violencia cometida contra las poblaciones combina el poder de armamento del grupo criminal con estrategias violentas propias de agrupaciones paramilitares.

Pacheco sostiene que después de recabar evidencia fotográfica, así como una muestra de los casquillos percutidos, hay claras señales de una incursión de tipo “narcoparamilitar”.

“En la incursión que hacen en este desplazamiento se ensañan directamente con los promotores [de la defensa del territorio], es un indicio muy claro del mensaje. Fue el caso del compañero Guillermo Morales Hilario, de [la comunidad de] Tula, anteriormente se había salvado de un atentado, lo tenemos documentado en el primer reporte que hicimos. En esta nueva incursión tratan de exterminar a su familia”, explica el defensor.

Saucedo comenta que pese a la instalación de mesas de paz por parte de las autoridades federales, el poder de los Ardillos ha logrado imponerse en la región debido a su fuerza económica, basada en el narcotráfico, robo y extorsión, así como en su capacidad de infiltrarse en gobiernos locales y construir un brazo político.

“Varios gobiernos estatales, en lugar de combatir a las mafias criminales prefieren pactar con ellos porque tienen una base electoral de votantes que pueden movilizar en un proceso electoral. Muchos jefes criminales son políticos, alcaldes, legisladores, pasaron esa línea. En lugar de tener políticos a sueldo, ellos mismos se convirtieron en políticos”, expone el especialista.

Mongabay Latam contactó a la Secretaría de Gobernación para solicitar una actualización de las afectaciones y desplazamiento de comunidades, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se ha obtenido respuesta.

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Este trabajo fue realizado por Mongabay Latam. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.