27 organizaciones y cientos de ciudadanos firman declaración de emergencia en Sinaloa

Ante la negativa reiterada de autoridades estatales y federales de declarar una situación de emergencia en la entidad, organizaciones empresariales, de la sociedad civil y ciudadanos de Sinaloa suscribieron su propia declaración de emergencia, en la que advierten sobre el deterioro económico y social que enfrenta la entidad a causa de la inseguridad, y exigen a las autoridades acciones efectivas para restablecer la paz.

“Exigimos a los tres órdenes de gobierno que tomen las medidas necesarias para garantizar la paz y la seguridad que se requiere para brindar a cabo nuestras actividades y salvaguardar nuestra vida y patrimonio”, señala el documento.

El documento, respaldado por más de una veintena de organismos y cientos de firmas ciudadanas, señala que entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026 59 mil 714 personas salieron de la población ocupada, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Asimismo, expone que entre abril de 2024 y abril de 2026 se perdieron 27 mil 349 empleos formales registrados ante el IMSS, mientras que en el mismo periodo se contabilizaron 4 mil 704 patrones menos en la entidad.

El origen del deterioro económico en Sinaloa puede rastrearse al estallido de la guerra interna del cártel de Sinaloa, un conflicto del crimen organizado que comenzó en septiembre de 2024 y provocó una crisis de violencia. Delitos como el homicidio, el feminicidio y la privación ilegal de la libertad tuvieron un alza que se sostiene hasta más de 20 meses después y, con ello, ha venido la incertidumbre en el panorama de negocios del estado.

Los firmantes sostienen que detrás de estas cifras existen miles de familias que han perdido su fuente de ingresos o se han visto obligadas a cerrar sus negocios, en un contexto marcado por la violencia, las extorsiones y la incertidumbre económica.

En la declaración también afirman que muchos sinaloenses han recurrido a actividades informales para sostener a sus familias, como la venta de productos elaborados en casa o la prestación de servicios en la vía pública.

Ante este escenario, las organizaciones y ciudadanos demandaron que los tres niveles de gobierno implementen las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública y crear condiciones que permitan el desarrollo de las actividades productivas.

Los firmantes también manifestaron su rechazo a las respuestas que, consideran, minimizan la gravedad de la situación que enfrenta Sinaloa, y pidieron sensibilidad por parte de las autoridades hacia las demandas de la población.

Entre las organizaciones que respaldan la declaración se encuentran cámaras empresariales, colegios de profesionistas, asociaciones civiles y organismos de la sociedad organizada, además de ciudadanos que se sumaron de manera individual. Entre los del sector privado, están la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), y la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE).