El proceso penal contra Sergio Antonio «S», empresario tamaulipeco y dueño de Laboratorios Lister, por el homicidio culposo de 49 menores de edad y lesiones culposas a más de un centenar de personas en el incendio de la guardería ABC se reactivó, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró imprescriptibles los delitos relacionados con el caso en un juicio promovido por Sergio Antonio «S», quien al momento del crimen era el director nacional de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El 5 de junio de 2009, 49 niñas y niños fallecieron y 102 personas resultaron lesionadas por un incendio en la guardería ABC, que operaba bajo subrogación del IMSS, en Hermosillo, Sonora. La investigación determinó que las puertas de emergencia estaban bloqueadas cuando comenzó el fuego por el sobrecalentamiento del sistema de aire acondicionado de una oficina contigua.

Las familias de las víctimas se organizaron y pelearon hasta que, once años después del hecho, el gobierno de México comenzó a concretar las indagatorias y responsabilidades.

Las primeras detenciones por incendio de guardería ABC

En noviembre de 2020, Sergio Antonio «S» y Carla «R», excoordinadora nacional de Guarderías, fueron aprehendidos en Tampico, Tamaulipas, y Guanajuato, respectivamente. La FGR los acusa de otorgar sin revisión los permisos de la guardería ABC a las y los propietarios: Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella.

Ambas personas fueron vinculadas a proceso y permanecieron en prisión en Hermosillo por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en la modalidad de comisión por omisión.

En marzo de 2021, Sergio Antonio «S» fue liberado por un juez de Sonora que le concedió el pago de una fianza. Durante el periodo de reclusión, su defensa señaló que padecía diversas enfermedades graves. En los años posteriores a su liberación, Sergio Antonio «S» reapareció en actividades políticas y empresariales.

Sergio «S» buscó anular delitos

Aunque ya se encontraba en libertad, la defensa de Sergio Antonio «S» interpuso un amparo indirecto para anular la acción penal en su contra. Los abogados del empresario argumentaron que los delitos habían prescrito y que «no le era aplicable el artículo 106, párrafo último de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dado que los únicos delitos contra la niñez que tienen una regla especial de prescripción son los previstos en el artículo 107 bis del Código Penal Federal, entre los cuales no se encuentran el homicidio ni lesiones culposos, por lo que debía sujetarse a las reglas generales de la prescripción.»

De acuerdo con la FGR, un juez de Distrito le negó la protección de la justicia a Sergio Antonio «S». Por ello, el exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa interpuso recurso de revisión que fue atraído por la Corte.

La Suprema Corte resolvió que los delitos del incendio de la guardería ABC constituyen violaciones graves a los derechos humanos, por lo cual no resulta procedente la prescripción de la acción penal correspondiente, «pues debe privilegiarse el derecho a la verdad y la justicia, la necesidad de combatir la impunidad, así como evitar la repetición de los hechos y el olvido de los crímenes sin que sea jurídicamente relevante la naturaleza dolosa o culposa de la acción u omisión que se reproche.»

Derivado de lo anterior, se consideró que debe atenderse a la multiplicidad de bienes jurídicos tutelados y a los derechos humanos lesionados en perjuicio de niñas y niños, así como de sus familias en su carácter de víctimas indirectas.

Socia de guardería ABC se escondió en EU

A inicio de octubre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que cumplimentó la orden de aprehensión contra Sandra “T”, socia de la Guardería ABC, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas.

La mujer se encontraba prófuga de la justicia desde 2022, luego de incumplir una condena en libertad condicional y escapar hacia los Estados Unidos.

Según un comunicado de la FGR, la detención se concretó en Nogales, Sonora, tras la deportación de la imputada desde Estados Unidos, donde se encontraba prófuga.

En un comunicado oficial, la FGR detalló que “la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, cumplimentó orden de aprehensión (…) para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo a la mujer y «fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Hermosillo, a disposición del Juez de la causa».