Axel Illescas Tovar / El MuroMx

Oaxaca de Juárez.- El millonario megaproyecto de la presa Mujer Solteca avanza en Oaxaca sin escrutinio público, con consultas ciudadanas cuestionadas y una opacidad para su construcción de casi 16 mil millones de pesos de recursos públicos (apróximadamente 910 millones de dólares).

Versiones oficiales aseguran que la presa garantizaría agua potable durante los próximos 50 años a más de 500 mil habitantes de los Valles Centrales, incluida la capital del estado, y sostienen que las comunidades involucradas aprobaron el proyecto. Sin embargo, la información pública disponible no permite verificar cómo se obtuvo ese consentimiento: hasta ahora no se han difundido las actas completas de las consultas, los mecanismos de participación, los criterios de votación ni las condiciones en que se realizaron las asambleas.

El proyecto hídrico, que se ha convertido en la obra más importante del sexenio de Salomón Jara Cruz se ha implementado dejando de lado resoluciones medioambientales y con la ausencia de contrapesos institucionales que permitan revisar de manera independiente las afectaciones de decenas de pueblos indígenas de la Sierra Sur Oaxaca, situación que mantiene abierto el debate sobre la transparencia y la legitimidad del megaproyecto.

En una entrevista de radio el secretario de gobierno Jesús Romero López, sostuvo que el proyecto cuenta con el respaldo comunitario, sin embargo, la información oficial sobre las consultas se reduce a fotografías, videos difundidos en redes sociales por el propio gobierno y un comunicado de una sola cuartilla emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). No existen versiones públicas de las actas, los mecanismos de participación, los criterios de votación o las condiciones en que se desarrollaron las asambleas.

“Con el apoyo de las comunidades que aprobaron desde el año pasado la construcción de la presa y ahora la construcción del acueducto en la consulta, vamos a lograr revertir esta situación”, afirma el secretario.

Especialistas advierten que la información pública disponible es insuficiente para reconstruir cómo las comunidades indígenas de Villa Sola de Vega, La Noria Sección 13, Santiago Yogana y Rancho Viejo -ubicadas en la zona de influencia de la presa, la planta potabilizadora y el acueducto- otorgaron su consentimiento para una obra que transformará su territorio.

La única información oficial disponible sobre el proceso para conocer, discutir y aprobar el proyecto se limita a las notificaciones publicadas en la página y la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante las cuales se convocó a reuniones informativas y consultas.

La opacidad y prisa de las siete instancias de gobierno federal y estatal que empujan a toda costa este proyecto emblema, de acuerdo con al menos 28 colectivos ambientalistas locales y diputados de oposición al gobierno oficialista, pone en peligro los derechos de las comunidades indígenas a consultas previas, libres e informadas, así como el derecho de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Frente a las exigencias de la ciudadanía de transparencia del proyecto, en lugar de informar todos los procesos de consulta y promover que se conozca su viabilidad ambiental y social, el gobierno de Salomón Jara ha descalificado a grupos activistas quienes incluso han impulsado y ganado amparos.

“Ante los señalamientos de que el OCCAMA no tiene legitimidad social ni jurídica para opinar sobre la obra y exigir la aplicación de estándares internacionales en materia de consulta, recordamos que no solo es un derecho, sino también una obligación ciudadana el insistir en su observancia”, señaló en un comunicado el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente (OCCAMA) donde respondían a señalamientos del gobernador de Oaxaca.

Tres nombres, una misma presa

Aunque hoy el gobernador Salomón Jara la presenta como una obra emblemática de su administración, el proyecto no es nuevo. Se trata de una obra concebida hace más de una década que, a lo largo de su historia, ha sido conocida con al menos tres nombres: Paso Ancho, Margarita Maza y, actualmente, Mujer Solteca. Cada relanzamiento ha estado acompañado por nuevas narrativas gubernamentales y ajustes administrativos, pero el objetivo central —construir una presa para abastecer de agua a los Valles Centrales— ha permanecido prácticamente inalterado.

En abril de 2014, tras detectarse irregularidades en los permisos y en medio de la presión social, la Profepa impuso la clausura temporal total del proyecto hidráulico de la presa Paso Ancho, al no contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que debía emitir la Semarnat.

El proyecto de ese entonces, señalan activistas locales, seguía la misma estructura que la de la presa Margarita Maza, incluso dentro de las observaciones que el OCCAMA realizó acerca de la propuesta de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R), presentada por la Comisión Estatal de Agua para el Bienestar (Caebien) ante la Semarnat, están que en varios puntos se observa que sólo se copió y pegó aquellas propuestas y análisis del riesgo ambiental, y que, en algunas partes incluso, aparece la presa con el nombre anterior.

La presa Margarita Maza formaba parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, mediante el cual a través de una serie de proyectos en todo el país, el Estado busca garantizar el derecho humano al agua. Es uno de los proyectos más ambiciosos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual contempla 17 proyectos estratégicos de estructura hídrica a lo largo de todo México.

Este proyecto que ya arrancó en Oaxaca, está compuesto por la construcción de una presa, obra de toma, acueducto, planta potabilizadora y líneas de interconexión y redes.

De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, la obra, ahora reciclada con el nombre de Mujer Solteca, requerirá inicialmente una inversión de 15 mil 944 millones 820 mil pesos. Para su construcción el gobierno federal convocó a una licitación pública nacional el 9 de abril de 2026. El fallo, emitido el 1 de junio favoreció al consorcio integrado por GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A de C.V., y Desarrollo y Construcciones Urbanas S.A de C.V., empresas vinculadas a Grupo Indi. Las empresas firmaron el contrato el 9 de junio e iniciaron los trabajos un día después, el 10 de junio de 2026; la conclusión de la obra está prevista para el 1 de diciembre de 2027.

Más allá de su dimensión técnica, la presa Mujer Solteca se ha convertido en uno de los proyectos políticamente más relevantes para los gobiernos federal y estatal. De acuerdo con el Observatorio Comunitario del Agua, como parte del Plan Nacional concentrará cerca de una cuarta parte de los recursos federales destinados a infraestructura hídrica durante el sexenio. Esa relevancia política explica, en parte, la rapidez con la que el proyecto ha sido impulsado en Oaxaca.

 

 

Una Manifestación de Impacto Ambiental que sigue sin concluir

Para Alejandro Sandoval Torres, coordinador operativo del OCCAMA, el proyecto enfrenta cuestionamientos que van más allá de la consulta a las comunidades. Advierte que, de acuerdo con los análisis realizados por la organización, los costos de construcción, operación y mantenimiento de la presa podrían duplicarse, hasta alcanzar los 30 mil 293 millones de pesos, por lo que considera indispensable evaluar alternativas técnica, financiera y ambientalmente viables. A ello se suma, señala, que la Manifestación de Impacto Ambiental aún no ha concluido su procedimiento de evaluación.

“No puede haber consulta ciudadana ni consulta pública indígena si antes no existe una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada. Y esa manifestación no ha sido autorizada ni se ha hecho pública; esa resolución, hasta ahora, simplemente no existe”, sostiene.

De acuerdo con la propia información de la Semarnat, hasta el 5 de junio de 2026, la MIA-R aún se encuentra en fase de evaluación, es decir, que no ha sido aprobada ni publicada la versión definitiva. Sólo gracias a los amparos del Observatorio, en febrero de 2026, la Semarnat subió a su página para consultar el “borrador” de la MIA-R, e inició ese mismo mes una consulta ciudadana.

Sin embargo, las consultas y reuniones públicas para informar a la ciudadanía sobre el proyecto y recibir sus observaciones, según los colectivos opositores, se realizaron fuera de los lapsos legales y únicamente después de la presión ejercida por organizaciones.

Además, la reunión pública informativa que realizó la Semarnat en Sola de Vega, fue anunciada seis días antes de su realización, el 18 de marzo. Inicialmente estaba prevista para febrero, pero fue reprogramada y excedió el tiempo protocolario. Colectivos ciudadanos señalan que no participaron porque no existían las condiciones de seguridad ni de organización necesarias para garantizar el correcto desarrollo de aquella asamblea.

En cuanto a las consultas indígenas, el OCCAMA sostiene que no existe un consenso entre el municipio de Villa Sola de Vega y las comunidades potencialmente afectadas sobre los impactos que tendría la presa. Medios de comunicación locales advierten que en la zona persiste un conflicto agrario, lo que dificulta el desarrollo de un proceso de consulta libre y en condiciones de confianza.

Consultas Indígenas bajo la lupa

El 6 y 7 de septiembre del 2025, la Conagua, la Secretaría de Gobernación federal, Semarnat, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Gobierno del Estado de Oaxaca, realizaron una consulta indígena en Villa Sola de Vega, donde se instalará la Presa.

Según informaron en un comunicado oficial el 8 de septiembre, realizaron tres asambleas comunitarias, con la participación de representantes de 40 comunidades de la región.

La consulta indígena en el municipio de Villa Sola de Vega se realizó apenas dos días después de que la Semarnat publicara en su Gaceta el inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del megaproyecto.

Para cuando se hizo la consulta, ni siquiera la propuesta de la MIA-R que está en revisión y aprobación, era pública ni se podía consultar en la página de la Semarnat. Esta se hizo pública hasta que los colectivos ciudadanos solicitaron amparos para que se abriera la información y se realizaran consultas públicas ciudadanas en febrero-marzo de 2026, seis meses después de ya haber realizado el gobierno la consulta en Villa Sola de Vega.

“A ver, tienes 48 horas de haber publicado una Manifestación de Impacto Ambiental. ¿Me explico? No hay información. 
O sea, ¿quién la conoce? Nosotros la conocimos obviamente porque estábamos en chinga y jode. Pero, ¿las comunidades la conocen? Obviamente que no, es un mero trámite. 
Y nosotros solicitamos que se desconociera esa consulta pública. Está fuera de tiempo, está fuera de contexto.
Obviamente tiene validez en el discurso político, pero no tiene validez en el discurso técnico administrativo”, puntualiza Alejandro Sandoval Torres.

Los mecanismos, términos, tiempos y actores que realizaron la consulta indígena de Sola de Vega no son públicos.

Además, de acuerdo con la propia Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca, son las comunidades quienes deben promover y aprobar los términos en que se realizará la consulta indígena, el gobierno debe realizar un plan de trabajo con objetivos y el tipo de consulta que se realizará, así como los seguimientos necesarios para cumplir con los mecanismos de ley. Todo el proceso inicial antes de que se comience una consulta indígena, según la ley, es de mínimo 30 días.

Con la poca información pública acerca de la consulta indigena del 6 y 7 de septiembre en Villa Sola de Vega, se sabe que votaron mil 655 personas, una cifra equivalente al 17.36% del padrón electoral del municipio. En otras palabras, menos de una de cada cinco personas registrada en el padrón participó en la consulta en la que se aprobó “por unanimidad” la construcción de la presa.

A diferencia de lo ocurrido en Oaxaca, ninguna de las consultas indígenas promovidas por el INPI en esas mismas fechas para otros proyectos federales en Querétaro, Hidalgo y Sonora, fueron aprobadas con tal consenso como en Oaxaca. Las comunidades locales de esos estados donde se construirá el Tren México-Querétaro y el Gasoducto Centauro del Norte, han planteado exigencias y pliegos petitorios a los gobiernos federales y locales como condición para avanzar en los proyectos.

Unas siguientes consultas indígenas, realizadas en junio de 2026, que se conocen sólo porque la Secretaría de Gobierno de Oaxaca ha publicado videos propagandísticos, son las realizadas en La Noria Sección 13, Santiago Yogana y Rancho Viejo.

Estas consultas fueron realizadas ya con el proyecto empezado y los contratos adjudicados, lo que violaría la propia Ley de Consulta local que en su Artículo 11 plantea que, para que sea válida, la Consulta indígena deberá cumplir con la característica de ser previa al inicio del proyecto que les afectará.

Lo que México promete VS lo que ocurre en Oaxaca

 

En años recientes la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha señalado que el Estado mexicano aún no garantiza procesos acordes con los estándares internacionales de derechos humanos que establecen que toda consulta dirigida a pueblos y comunidades indígenas debe realizarse de manera previa, libre e informada culturalmente adecuada y de buena fe, con el propósito de que puedan participar de forma efectiva en las decisiones que afecten sus territorios y formas de vida.

En el caso de la construcción del Tren Maya, en 2019 no se siguió el principio de ser adecuada culturalmente, ya que la metodología que se utilizó no había sido construida y acordada con las comunidades involucradas.

“Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades”. En este sentido, la Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales, dejando fuera a otros grupos y personas que formaban parte de los habitantes.

Además, “preocupa de manera particular a la Oficina la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos lugares para asegurar su inclusión”, señalaron observadores de la ONU presentes en las consultas de 2019.

Para cumplir con los estándares internacionales, la ONU–DH ha señalado que el Gobierno Mexicano debe corregir diversas prácticas recurrentes en los procesos de consulta. Entre ellas que, en lugar de abrir un diálogo para conocer la opinión de las comunidades, las autoridades suelen presentar los proyectos como decisiones prácticamente tomadas y centrar la información únicamente en los beneficios esperados. Esto puede generar la percepción de que las obras se realizarán independientemente de los resultados de la consulta.

Además de estar condicionados tácita o directamente a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura. Esa situación, sostiene la ONU-DH, compromete el carácter libre de la consulta y afecta la posibilidad de que las comunidades tomen una decisión sin presiones.

En cuanto al carácter informado, la Oficina de la ONU observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada en las consultas de 2019, y que se observa en los videos del gobierno de Oaxaca una tendencia similar, sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada, según el organismo internacional.

En Oaxaca, reconstruir cómo se desarrollaron las consultas y verificar si contaron con el acompañamiento de organismos de derechos humanos locales, nacionales o internacionales ha sido una tarea complicada. La limitada información pública y la rapidez con la que el gobierno estatal ha impulsado el proyecto de la presa han imposibilitado el escrutinio del proceso.

Sin información pública tampoco hay contrapesos

 

La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Irma Pineda Santiago, presidenta de la Comisión Permanente de Culturas y Artes e integrante de la Comisión Permanente de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, advierte que “estamos comprometiendo el futuro de las próximas generaciones. Tal vez hoy no percibamos el impacto con toda su magnitud, pero dentro de 50 años nuestros nietos, bisnietos y quienes vengan después podrían enfrentar las consecuencias. El problema es que no podemos dimensionar esos riesgos porque las autoridades no han proporcionado información clara”.

En Oaxaca, la relación entre Morena y el Partido del Trabajo dista de la alianza que ambos mantienen a nivel federal. En el estado, el PT se ha convertido en una de las principales voces de oposición al gobierno de Salomón Jara, en medio de desacuerdos políticos que han derivado en confrontaciones públicas entre Benjamín Robles Montoya, quien mantiene la dirigencia petista y el mandatario estatal.

El año pasado, Pineda Santiago promovió un exhorto en el Congreso de Oaxaca para solicitar a las autoridades responsables del proyecto Mujer Solteca que transparentaran la información técnica y acreditaran su viabilidad. La iniciativa, sin embargo, no avanzó debido a que fue rechazada por la mayoría conformada por Morena y sus aliados.

“No hay mayor información porque el Congreso como tal no va a solicitarla. Tenemos un Congreso que mayoritariamente está respondiendo a los intereses de un partido que es Morena y del gobernador específicamente, además considerando que la presidenta de la Junta de Coordinación Política es familiar del gobernador, esto también hace más difícil que haya una preocupación o haya un interés por tener información más real, pero además información que cualquiera de nosotros como diputadas o diputados podamos compartir con con la gente”.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) es el órgano encargado de conducir los acuerdos políticos y definir buena parte de la agenda legislativa del Congreso de Oaxaca. Actualmente es presidida por la diputada de Morena, Tania Caballero Navarro, quien está casada con Shabin Moisés Jara Bolaños, integrante de la familia del gobernador Salomón Jara Cruz.

Para la oposición, esa cercanía política y familiar limita la disposición de la mayoría legislativa para ejercer un mayor escrutinio sobre proyectos impulsados por el Ejecutivo estatal, como la presa Mujer Solteca.

La prisa por inaugurar obras

 

La legisladora Irma Pineda también manifestó su preocupación por lo que calificó como una insistencia del gobierno de la llamada Cuarta Transformación en sacar adelante sus proyectos prioritarios a cualquier costo. Consideró que desde 2018, varias de esas obras han avanzado pese a los cuestionamientos sobre sus posibles impactos ambientales, sociales y comunitarios.

Pineda Santiago sostiene que esa misma lógica se ha replicado en Oaxaca con algunos de los proyectos federales desarrollados en la entidad. Como ejemplo, menciona el accidente ocurrido en diciembre pasado cuando el Tren Interoceánico se descarriló y murieron 14 personas y más de 100 resultaron heridos; así como con la apertura de las autopistas Oaxaca-Istmo y Oaxaca-Costa que, a su juicio, fueron inauguradas de manera prematura y aún presentan tramos con derrumbes, falta de alumbrado y cierres parciales, pese a llevar varios meses en operación y ser de las más costosas en el estado.

“Con la presa existe la preocupación de que, aun cuando haya observaciones técnicas, no les importe y sigan adelante con un proyecto que ya decidieron realizar. Ojalá no ocurra, pero podría repetirse lo que pasó con las autopistas o con proyectos del Corredor Interoceánico, que la prisa por ejecutarlos termine generando problemas técnicos cuyos costos, al final, recaigan sobre las comunidades”, señala Irma Pineda Santiago.

 

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Este trabajo fue realizado por El Muro MX, que forma parte de Territorial, Alianza de Medios. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.