En la sesión de este jueves, 30 de julio, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad la incorporación del Artículo 20 Bis a la Ley de Planeación, estableciendo que el desarrollo económico de la entidad cuente con una visión mínima de 20 años a futuro.

Esta reforma, promovida por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), busca que la política económica estatal trascienda los periodos sexenales para garantizar continuidad, rumbo y certidumbre para la inversión.

Con la adición del Artículo 20 Bis, el Plan Estatal de Desarrollo deberá integrar obligatoriamente una política de fomento económico orientada a un crecimiento elevado, sostenido y sustentable con un horizonte de dos décadas. Bajo este nuevo marco legal, el CODESIN será el organismo encargado de elaborar las propuestas técnicas para integrar el Plan Económico de Largo Plazo, el cual servirá como eje rector de las políticas públicas en la materia.

La diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, presidenta de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y el Bienestar Social, destacó en tribuna que esta medida coloca a las personas en el centro del Estado.

Transitamos de una visión sexenal a una visión de Estado que trasciende periodos de gobierno y colores partidistas”, afirmó, señalando que esto dotará a Sinaloa de mejores herramientas para enfrentar retos de justicia social y sostenibilidad.

 

Esta aprobación legislativa refuerza la ruta de Sinaloa 10+, una estrategia iniciativa del CODESIN, con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tiene como objetivo posicionar a la entidad entre las diez economías más competitivas de México. Al establecer objetivos permanentes, se busca facilitar la ejecución de proyectos estratégicos en infraestructura, innovación y desarrollo industrial que requieren de tiempos de consolidación mayores a un solo sexenio

Bajo esta visión, la participación de empresarios, academia, organismos de la sociedad civil, gobierno y ciudadanía permitirá construir políticas públicas con mayor legitimidad, facilitar su implementación y fortalecer el compromiso colectivo para alcanzar objetivos comunes.

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