Mazatlán, Sinaloa.- A golpe de juicios legales de diferente índole, el Ayuntamiento de Mazatlán se ha visto obligado a desembolsar 94 millones 95 mil pesos en el último año y siete meses, y de ese total, 79 millones son por casos de predios con dueño donde la autoridad municipal construyó tres calles.

Gustavo Rojo, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, indicó que las vialidades son la Mario Huerta Sánchez en el sector Cerritos, un tramo de la avenida Múnich y la Antonio López Sáenz.

Dijo que la querella por la Mario Huerta está en tribunales desde el 2018, aunque aún se desconoce cuándo concluirá, y en este caso se han pagado 41.4 millones de pesos de las arcas municipales

“Es lo que se ha pagado en el último año y medio: 94 millones de pesos. No quiere decir que esta administración es la que ha hecho mal las cosas, no. A esta administración le ha tocado pagar. Es por los llamados juicios de nulidad”.

EL PROCESO

 

Gustavo Rojo señaló que cuando el gobierno va a realizar una obra sobre un predio que no tiene la certeza jurídica o la posesión, tiene que agotar todos los recursos disponibles para hacerse del terreno.

Explicó que la primera opción es la compra directa al propietario del lote, la segunda es la expropiación de los predios alegando la relevancia que tiene la obra para el desarrollo del municipio, procesos que no se agotaron en estos tres casos.

“Cuando de manera arbitraria el gobierno actúa y no agota todos esos procedimientos legales y jurídicos que existen, entonces es que se vienen estas consecuencias porque hay una afectación a un particular que se defiende en tribunales”.

Advirtió que cuando los expedientes se alargan la pérdida es mayor para el Ayuntamiento porque los terrenos se pagan con los costos actuales, como por ejemplo el de la vialidad Mario Huerta donde se pudo pagar 10 millones de hace más de 10 años, hoy ya se han saldado 41.4 millones, y lo que falta.

SANCIONES

 

El director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán mencionó que estas decisiones fueron tomadas por servidores públicos que al paso del tiempo han provocado un daño al erario público y la lógica es pensar que deben ser sancionados.

Indicó que la exigencia es que se investiguen los casos y se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.

Mencionó que sí es posible y que las actuales autoridades municipales no pueden escudarse en el argumento de que son casos que ya prescribieron de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Sinaloa, porque la afectación a las finanzas ocurre cuando se realiza el pago, y estos pagos se han efectuado desde el 2025 a la fecha.

Dijo que el artículo 74 de la ley señala que para el caso de faltas administrativas no graves, las facultades de la Secretaría o de los Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, y cuando se trate de faltas graves o de particulares, el plazo de prescripción será de siete años.

CERTEZA

 

Gustavo Rojo dijo que no que hay plena certeza de que actualmente el Ayuntamiento esté realizando de manera correcta este tipo de proyectos y puso de ejemplo una obra en el plan anual del año pasado:

“En Santa Fe. Creo que iba a ser una cancha de fútbol. Fueron la anunciaron y dieron el banderazo de inicio y todo. Cuando fueron a quererla construir pues ya el dueño se dio cuenta y fue y cercó, dijo: ‘Esto es propiedad privada’”.

LOS JUICIOS

Por juicios de nulidad el Ayuntamiento pagó 42.2 millones en 2025 y ha pagado 37.8 hasta julio de 2026.

En lo que se refiere a juicios de amparo, lleva 6.1 en 2025 y 2.8 en 2026. Los juicios laborales se cuentan así: 5.6 millones en 2025 y 377 mil en 2026. El total: 94 millones 95 mil pesos.