Representantes de distintos organismos sociales, colectivos de familiares de desaparecidos, comerciantes artesanos, jubilados de la UAS, agrupaciones por el derecho a la vivienda y jornaleros indígenas de Villa Juárez, exigieron a la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava la apertura inmediata de una mesa de diálogo permanente.

En conferencia de prensa, encabezada por Enrique Díaz Terán, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, señalaron que Sinaloa atraviesa una crisis humanitaria derivada de dos años de guerra entre grupos delincuenciales, que ha dejado cientos de casos de desapariciones forzadas, homicidios, asaltos, desplazamientos, cierre de comercios y desempleo.

No es un caso aislado, no son dos ni cinco, ya son cientos de situaciones en estos dos años. Esto se ha transformado en una crisis humanitaria y también en una crisis económica, no hay dinero, no hay circulante, por el cierre de comercios, expresaron.

Los organismos dijeron tomarle la palabra a la gobernadora, quien en su toma de protesta manifestó apertura al diálogo con la sociedad civil organizada.

“Estamos de acuerdo que la prioridad en estos momentos críticos es el diálogo entre la autoridad y la sociedad en sus diferentes sectores. El objetivo es alcanzar la paz cimentada en una recuperación efectiva de la economía que garantice el funcionamiento de los negocios, el crecimiento de los empleos y el derrame de ingresos a todos los hogares”, señala el documento que entregarán por escrito a la mandataria.

José Hernández Ramírez, de Artesanos y Comerciantes de Sinaloa, pidió programas sustentables para el comercio ambulante, que ha crecido por el desempleo y el desplazamiento.

El Frente de Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa denunció descuentos de entre 5 y 20 por ciento a su salario y exigió respeto a la jubilación dinámica. Aseguraron que solicitaron audiencia a la anterior gobernadora interina Yeraldine Bonilla y nunca fueron atendidos.

La Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas advirtió que si no hay respuesta en unos días, se manifestarán de forma pacífica frente a Palacio de Gobierno. Exigieron una gobernadora empática, no apática, y que no haya preferencia por solo uno o dos colectivos

Anunciaron que marcharán el próximo 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y entregarán formalmente el oficio con todas las firmas a la gobernadora Graciela Domínguez para exigir resultados, no solo ser escuchados.