El lema «Abrazos, no balazos», acuñado por el expresidente mexicano López Obrador, suele entenderse de forma simplista como una política de tolerancia hacia los grupos criminales. Sin embargo, los datos recopilados por el Ejército mexicano a lo largo de más de tres décadas muestran una realidad más compleja. Durante el gobierno de López Obrador (2018-2024), las operaciones antinarcóticos se concentraron en gran medida en Sinaloa, en contraste con la distribución geográfica más amplia observada en administraciones anteriores, particularmente durante el mandato de su predecesor, Enrique Peña Nieto.

Los datos también sugieren que las operaciones antinarcóticos en Sinaloa estuvieron acompañadas de una distribución de programas sociales superior al promedio nacional. La Encuesta Nacional sobre la Percepción de la Calidad de la Democracia en México (ENCADE) preguntó a personas de todo el país si habían recibido algún apoyo social del Gobierno federal durante los doce meses previos a la encuesta. En 2024, el 15,4 % de los encuestados a nivel nacional respondió afirmativamente. En Sinaloa, la proporción ascendió al 30,5 %.

Los resultados resultan aún más llamativos si se tiene en cuenta que solo el 4 % de los habitantes de Chiapas, uno de los estados con mayores niveles de pobreza del país, declaró recibir algún apoyo de programas sociales federales, pese al lema de campaña de López Obrador de «por el bien de todos, primero los pobres». Del mismo modo, en Jalisco, otro estado con una elevada actividad en materia de seguridad pública, el 19 % de los encuestados afirmó haber recibido apoyos federales. Aunque esta cifra se sitúa por encima del promedio nacional, sigue estando muy por debajo del 30,5 % registrado en Sinaloa. Este dato es relevante porque sugiere que el enfoque de López Obrador podría describirse con mayor precisión como una estrategia de «cheques y balas» que de «abrazos, no balazos».

Asimismo, y en línea con los resultados observados para otras sustancias (véase más adelante), la fabricación y distribución de fentanilo continúan pese a las medidas de control aplicadas en determinadas regiones del país. Según el segundo informe sobre el estado de la nación presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre de 2026, entre octubre de 2024, cuando comenzó su administración, y julio de 2026 se incautaron 5,5 millones de pastillas de fentanilo. Además, entre septiembre de 2025 y junio de 2026 las autoridades decomisaron 0,7 toneladas de fentanilo en polvo.

Los datos de los últimos 34 años muestran que las incautaciones de drogas se han extendido geográficamente

 

Los datos muestran que las incautaciones de drogas se distribuyen en una amplia zona del territorio mexicano, aunque siete estados concentran la mitad del total (véase el mapa). Sonora, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas figuran entre los cinco estados con mayor número de incautaciones y abarcan tanto la frontera norte como la costa del Pacífico. Cabe destacar que el 66 % de las incautaciones se realiza en los estados del Pacífico, lo que refleja patrones históricos de producción y tráfico anteriores al auge de las drogas sintéticas.

Las incautaciones de fentanilo, sin embargo, presentan un patrón distinto. Se concentran de manera notable a lo largo de la frontera noroeste: Baja California (30 %), Sonora (28 %) y Sinaloa (15 %) reúnen la mayor parte de las incautaciones de esta sustancia. En conjunto, el 83,8 % del fentanilo se incauta en los estados del norte. Históricamente, el Ejército mexicano ha concentrado las operaciones antinarcóticos contra la heroína y la metanfetamina en la frontera entre Estados Unidos y México o en zonas cercanas a ella, con especial atención a ciudades como Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez. En cambio, las acciones dirigidas contra el cannabis y la cocaína presentan una distribución geográfica más amplia.

La distribución de las incautaciones de metanfetamina resulta especialmente relevante para comprender la creciente participación de México en la producción de drogas sintéticas, incluidos los opioides. Los datos sobre laboratorios clandestinos asegurados muestran que el 97,5 % de estas incautaciones tuvo lugar en los estados del Pacífico mexicano: Sinaloa, Michoacán y Jalisco. Por su parte, Durango, pese a no ser un estado costero, también ha desempeñado un papel importante en la producción de drogas vinculada a organizaciones criminales asociadas con Sinaloa. La concentración de las operaciones antinarcóticos en los estados del Pacífico coincide con el elevado volumen de incautaciones de metanfetamina registrado en San Diego, California, uno de los principales puntos de entrada a Estados Unidos del fentanilo producido para el mercado no regulado.

Los laboratorios de metanfetamina representan la mayor parte de los laboratorios clandestinos de drogas asegurados y alcanzaron un nuevo máximo anual en 2023, con 945 laboratorios incautados. Las incautaciones de laboratorios de heroína alcanzaron su punto más alto en 2007, mientras que las de laboratorios de cocaína registraron un récord anual en 2023. Desde una perspectiva geográfica, Sinaloa ostenta el dudoso récord de concentrar el mayor número de laboratorios incautados (2 448), la mayoría dedicados a la producción de metanfetamina. A nivel municipal, el principal foco se localiza en Culiacán, donde se han asegurado 1 361 laboratorios. En marzo de 2025, las autoridades anunciaron la incautación de un laboratorio clandestino en las montañas de Zacatecas, en el centro de México. Según las estimaciones oficiales, esta operación impidió la producción de más de 27 toneladas de metanfetamina, equivalentes a aproximadamente 700 millones de dosis. No obstante, la oferta de metanfetamina pareció mantenerse estable, ya que no se observó un aumento en el precio por dosis tras esta importante incautación.

***

Este trabajo es un fragmento del Monitor de Fentanilo, realizado por Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Para consultar el trabajo completo, dar clic aquí.