Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez

Ciudad Juárez- Un juez federal declaró extinta la acción penal que se inició en contra del excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por el incendio registrado en la estancia donde murieron 40 migrantes y otros 27 resultaron lesionados, al considerar que cumplió con una serie de condiciones, entre estas la reparación del daño a las víctimas, una disculpa pública y la supervisión de estancias migratorias. Abogados de las víctimas anunciaron que apelarán en fallo.

En abril del 2023, Garduño Yáñez fue vinculado a proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público en relación a la tragedia registrada el 27 de marzo del 2023 en la estancia migratoria que estaba bajo su responsabilidad por ocupar el cargo de más alto rango en el Instituto. Las personas migrantes estaban encerradas en una celda cerrada con llave; el edificio no contaba con salidas de emergencia, ni ventilación, no había extintores. El fuego presuntamente fue iniciado por un grupo de migrantes como una parte de de una protesta para exigir agua, alimentos y su libertad..

Las víctimas son personas originarias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela.

La resolución judicial emitida este martes 13 de octubre sobresee esa causa penal instruida a Garduño Yáñez, lo que tiene efectos de una sentencia absolutoria.

Previo a la resolución, varias víctimas expresaron ante el juez Víctor Manlio Hernández Calderón su oposición al cierre de la causa penal de Garduño. Denunciaron que no han recibido atención médica Y que la indemnización otorgada por el Gobierno Mexicano no cubre la pérdida de las vidas ni las lesiones sufridas por los 67 migrantes. Afirmaron que no perdonaban al excomisionado

“La disculpa de Dios no sé si la vaya a tener. La disculpa de nosotros no la va a tener ni ahora, ni nunca… Garduño goza de un puesto público. Claudia Sheinbaum lo premió con otro cargo. Le quedó grande las gestiones de las cárceles (migratorias) y lo nombran en Educación. Se premian las malas gestiones”, afirmó G.C.Q.M., como se identificó a la hermana de uno de los fallecidos J.F.Q.

“Me siento triste, angustiado, estresado. Muchas cosas pasan por mi vida. No puedo caminar, no puedo hacer nada… él nunca se va a poner en mi lugar”, expresó W. A.S.H., un sobreviviente de 28 años oriundo de Guatemala y quien sufre daño neurológico, atrofia muscular de manos y pies, utiliza un andador para caminar y tiene dificultad para hablar.

Sin embargo, el juez Hernández, consideró que la oposición de las víctimas no era obstáculo legal para dictar el sobreseimiento de la causa penal. Tras casi ocho horas de audiencia, eximió a Garduño de toda responsabilidad penal.

Antes de la resolución judicial, Garduño tomó la palabra en la audiencia y aseguró que ha guardado silencio, que siempre se condujo con respeto a los derechos humanos y nunca quiso causar un daño.

Explicó que él encabezó el INM cuando se presentaron los mayores flujos migratorios. En esa época, por México pasaron 14 millones de personas, en el país permanecieron 6 millones de migrantes y otros 7 millones cruzaron a Estados Unidos.

“Si alguna vez hice daño a alguien, pedirles y suplicarles me disculpen. También soy humano, también tengo problemas de salud y crisis psicológicas”, expresó Francisco Garduño unos minutos antes de que el juez Hernández emitiera la resolución.

Ocho horas de audiencia

Al iniciar la diligencia, minutos después de las 12 del día, en la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF), el juez Víctor Manlio Hernández Calderón recordó que el 24 de enero del 2025 él aprobó suspender la causa penal 237/2023 iniciada en abril del 2023 contra Garduño, cuando fue vinculado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

A solicitud de los abogados defensores del excomisionado, en enero del 2025 el mismo juez le otorgó a Francisco Garduño el beneficio de una salida alterna al proceso penal, para evitar que el caso avanzara a un juicio oral, esto es la suspensión condicional sujeto a que en un plazo de 18 meses cumpliera con ocho acciones o condiciones.

Patricia Almada Beltrán, una de las cuatro abogadas de Garduño, fue la primera en realizar una argumentación a favor de su representado. Le indicó al juez que Francisco Garduño ha estado residiendo en el domicilio que proporcionó al juzgado; que en mayo pasado ante de dejar el cargo de titular del INM instruyó que un fideicomiso fuera utilizado para pagar a las víctimas que faltaban de recibir la reparación del daño, entre estas a dos migrantes de Venezuela que tiene una doble calidad, son víctimas y también presuntos responsables de la tragedia.

La defensora aseguró que Garduño también hizo gestiones para que las víctimas directas e indirectas reciban atención médica en el IMSS por ello se firmó un convenio con el Seguro Social obligando al INM a pagar cuotas como patrón; programó cursos en materia de Derechos Humanos; realizó visitas de supervisión a estaciones migratorias; y pidió una disculpa pública.

Respecto a la supervisión de estaciones migratorias, la abogada defensora indicó que el 7 de febrero Garduño supervisó una estancia en Tamaulipas; el 18 de febrero una estancia en Villa Hermoso, Tabasco; el 20 de febrero una más en Tapachula, Chiapas; el 28 de febrero un área de reclusión en Guadalupe, Nuevo León; y el 3 de abril otro en Tijuana, Baja California.

Respecto a la disculpa pública Almada Beltrán refirió que se realizó un evento donde las víctimas fueron citadas por nombre y apellido y a los familiares se les dio la oportunidad de hablar.

“Se cumplió. Se solicita la extinción de la acción penal y pido el sobreseimiento”, demando la defensora al juez.

En su turno, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), Iliana Ruiz Bautista, convalido la información aportada por los abogados defensores de Francisco Garduño. Dijo que él cumplió con las condiciones impuestas por el juez y que no se oponían al cierre de la causa penal.

“No hay oposición, por cumplidas las condiciones”, dijo la fiscal al juez y a través de un video conferencia pues permanecía en la Ciudad de México.

La representante social confirmó que fueron siete familias las últimas que recibieron el pago de la reparación del daño con montos de 3 millones 500 mil pesos. También indicó que dos migrantes de Venezuela que permanecen recluidos en el Cereso 3 de Ciudad Juárez tienen la calidad de imputados en las causas 216/2023 y 355/2023 –por los mismos hechos, el incendio de la estancia migratoria, pero otros delitos: homicidio y lesiones– y también la calidad de víctimas directas y ya recibieron los cheques de la reparación del daño. Uno de ellos solicitó, el pasado 13 de agosto, que el dinero sea entregado a su familia y actualmente se realizan los trámites.

Daniel Canela Jiménez, abogado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), instancia encargada de velar por los derechos de las víctimas, refirió que estaban de acuerdo con la reparación del daño otorgado a las víctimas.

Canela también indicó que el edificio incendiado, ubicado junto al cruce internacional de calle Lerdo, sigue asegurado por la FGR y debe permanecer en ese estado porque no se ha cerrado el plazo de la investigación complementaria de otras causas iniciadas por el incendio por lo que podrían todavía solicitarse pruebas.

El representante de CEAVE coincidió en afirmar que no tenía una oposición objetiva y fundada contra el cierre de la causa penal de Francisco Garduño y consideró que Garduño -quien actualmente se desempeña como director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública- ya cumplió con las condiciones impuestas por el juez. Aunque reconoció que algunas de las víctimas tenían otra opinión, por lo que pidió se le diera el uso de la voz a los sobrevivientes y a los núcleos familiares de las víctimas.

La primera víctima en hacer uso de la palabra fue un sobreviviente de Guatemala quien no habla español, su lengua materna es el Quiché y recibió la ayuda de una intérprete.

“Necesita estudios y un neurólogo. En Guatemala no hay… dice que está impedido para trabajar. Cuando trabaja tiene alteraciones nerviosas, batalla para respirar, tiene ansiedad. No le funcionan bien los pulmones. Necesita apoyo para seguir adelante”, dijo la traductora desde la comunidad de Santa Cruz del Quiché, Guatemala al referirse a las palabras de la víctima de iniciales G.S.T.I.

La hermana de un hombre fallecido expresó que la disculpa pública ofrecida en septiembre del 2025 por Garduño no fue sincera y denunció que con recursos propios viajó a la Ciudad de México para estar presente en el evento. Sin embargo, dijo, no acepta la disculpa porque al momento de la tragedia no se dio la orden de abrir la celda a los migrantes.

“Nunca me ha pedido una disculpa de corazón, que se sienta esa palabra, no leer un papel”, dijo la hermana de una víctima de iniciales D.J.V.R.

Un familiar de una víctima fallecida originaria de Venezuela señaló que el servicio médico en el IMSS no es accesible porque el Gobierno Mexicano no ha renovado los permisos que les permiten ingresar legalmente a México ni tienen los recursos económicos para viajar. Pidió que se expidan residencia para trabajar en México.

“Es importante reflexionar que una disculpa pública está bien, pero no va a mantener a las familias. La balanza no es igual con respecto a lo que perdimos. No es justo, se paga lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no es una compensación conforme a la ley. Debería haber algo más que permita que las familias sigan adelante. (La reparación) no cubre la pérdida”, expresó J.R.N.F., familiar de un fallecido.

G.C.Q.M., hermana de un guatemalteco fallecido expuso, expuso ante el juez que hace mucho renunció a la expectativa de recibir justicia y señaló que podría parecer atrevido hablar de dinero, pero la migración se debió a temas financieros. Indicó que la cantidad que recibieron como reparación del daño es absurda al convertirla a la moneda de curso de ese país; señaló que la muerte de sus seres queridos ha ocasionado mucho dolor y en las familias afectadas hay ideas suicidas, divorcios y un daño colateral grande.

La mamá de otro hombre fallecido le pidió al juez justicia, que no permitiera que se quede en la impunidad la muerte y las lesiones de los migrantes.

“Justicia, perdí a mi hijo en el incendio. No me dieron ni las pertenencias, ni una llamada… tenía derechos. Había una autoridad, podían abrir las puertas, ellos no tenían comida, no tenían agua”, expuso la mujer a través de una videoconferencia desde su país de origen.

Garduño es el protegido por el sistema jurídico: defensa de las víctimas

Los abogados Gabriela Romero Reza y Marcos Zavala, de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), instancia que representa a 10 sobrevivientes y a 10 núcleos familiares de migrantes fallecidos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela, fueron los únicos en oponerse a la extinción de la acción penal de la causa iniciada a Garduño.

Explicaron que Garduño utilizó recursos del Estado para hacer la reparación del daño, que el fideicomiso utilizado para pagar a las víctimas existía desde el 2012 con otra finalidad; indicaron que no había un documento del personal de la Unidad de Medidas  acreditando que el excomisionado estuvo radicando en el domicilio que proporcionó al juzgado; también que Garduño supervisó seis estancias de las 25 existentes y no se hicieron los cambios necesarios para garantizar la seguridad de los migrantes.

“Incluso las verificadas no cumplen con lo que usted ordenó… el inmueble en Chiapas no tiene protocolos de protección civil. En Tijuana están vencidos los protocolos de protección civil. Hablan de Guadalupe el plan de protección civil está vencido. Aunque se visitaban, no se corrigieron; no hay una cronología del plan de trabajo”, indicó Zavala.

La litigante recalcó que incluso ocurrió un conato de incendio en la estación migratoria en Janos, Chihuahua, el pasado 12 de septiembre y eso puso en evidencia que no cuenta con aspersores, ni hidrantes.

La defensa particular de las víctimas también afirmó que sus representados no tienen un número de seguro social en el IMSS y cuestionó cómo podrían acceder a los servicios si viven en el extranjero.

Después de escuchar a todos los intervinientes en la audiencia, el juez consideró que Garduño cumplió con todas las condiciones. Respecto a lo denunciado por las víctimas, el juzgador señaló que Garduño no le corresponde garantizar la atención médica que cumplió con gestionar el convenio entre el INM y el IMSS; también dijo que las víctimas pueden no estar de acuerdo con la disculpa pública pero el acto se realizó.

Al salir de la audiencia, los abogados de las víctimas anunciaron que interpondrán un recurso de apelación en contra del fallo judicial y recordaron que siguen sin resolverse varios amparos por lo que consideraron que la extinción de la acción penal a favor de Garduño no está aún firme.

“El imputado Francisco siempre ha sido protegido por el sistema jurídico mexicano. Nosotros hemos interpuesto 13 juicios de amparo… es un fraude procesal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República, los mismos jueces de Control, esta decisión comprueba el fraude procesal, en el cual se simuló que se había vinculado a proceso al señor Francisco. Cabe recordar que él solo fue vinculado por ejercicio ilícito del servicio público, curiosamente actualmente él sigue ocupando otro puesto de servicio público”, dijo el abogado Zavala.

Antes de que iniciara la audiencia, un grupo de ciudadanos se manifestó al exterior del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF). A la llegada de Garduño le gritaron “asesino” y exigieron justicia.

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Este trabajo fue realizado por La Verdad Juárez, que forma parte Territorial Alianza de Medios. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.