Culiacán, Sinaloa.- La Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa exigió que se investiguen las agresiones denunciadas por periodistas contra elementos de fuerzas federales durante coberturas informativas en Culiacán, luego de que este jueves 15 de octubre el reportero Hernán Alfaro, de El Debate, denunciara una agresión mientras cubría un operativo en la comunidad de Laguna Colorada.
En un pronunciamiento público, la organización condenó los hechos y advirtió que no se trata de un caso aislado, pues recordó que el pasado 6 de octubre dos periodistas denunciaron intimidaciones y agresiones verbales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ejército Mexicano, mientras realizaban una cobertura en La Costerita, al sur de Culiacán.
“Una de esas periodistas es mujer y los elementos federales la agredieron verbalmente con comentarios y dichos misóginos, de acuerdo con lo que se ha publicado en medios de comunicación”, señaló la Red.
Según lo señalado en el pronunciamiento, la situación también se refleja en cifras oficiales: datos del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, indican que durante el primer semestre de 2026 se documentaron 45 casos de agresiones, de los cuales 17 corresponden a periodistas, 27 a personas defensoras de derechos humanos y uno a un familiar.
“Si bien, no todos estos hechos son atribuibles a autoridades, sí evidencian las condiciones de riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos en nuestro estado, sobre todo en un contexto adverso que se tiene en la Entidad desde hace 25 meses por una confrontación violenta de grupos criminales, que no ha sido detenida pese a un alto nivel de militarización”, se lee en el documento.
La Red consideró necesario que las autoridades y los organismos de derechos humanos investiguen si las agresiones denunciadas forman parte de una práctica recurrente de intimidación, hostigamiento u obstaculización del trabajo periodístico por parte de elementos de seguridad. Para ello, pidió tomar en cuenta tanto los casos que se han hecho públicos como aquellos que no hayan sido denunciados formalmente.
Ante ello, desde la Red se está exigiendo:
1.- La atención urgente a las y los periodistas que han sido víctimas de agresiones, para que su vida y su integridad, así como la de sus familias, sea protegidas, tanto física como emocionalmente.
2. Una investigación pronta por autoridades de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre las agresiones denunciadas el 6 y el 15 de octubre, que permita identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
3. Una revisión integral de posibles patrones de agresión contra la prensa, a cargo de las instancias competentes en materia de derechos humanos y procuración de justicia, que permita establecer si existe una práctica recurrente de intimidación, uso indebido de la fuerza u obstaculización de las coberturas periodísticas.
4. La implementación obligatoria, periódica y evaluable de capacitaciones para los elementos de seguridad pública, especialmente aquellos que, por la naturaleza de sus funciones, mantienen contacto con periodistas durante operativos. Estas deberán abordar libertad de expresión, libertad de prensa, derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y protocolos de interacción con los medios de comunicación.
5. La adopción y supervisión de protocolos claros de actuación que garanticen el respeto al trabajo periodístico durante intervenciones de las fuerzas de seguridad, así como mecanismos efectivos para denunciar y sancionar su incumplimiento.
6. La intervención y el seguimiento de las instituciones de protección a periodistas y de derechos humanos, para garantizar la atención a las víctimas, prevenir represalias y establecer medidas de no repetición.
El pronunciamiento fue respaldado por organizaciones, colectivos y personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Sinaloa.
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