Mazatlán, Sinaloa.- La violencia en Sinaloa ha expulsado a miles de familias de sus comunidades y el gobierno estatal busca contarlas.
Perdida la brújula sobre el número real, sin una cifra precisa, la gobernadora Graciela Domínguez Nava planteó realizar un nuevo estudio para conocer la magnitud del desplazamiento forzado.
“Vamos a tener que replantear de nuevo en el convenio que se tiene con la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), que se haga un nuevo estudio para identificar cuántas familias realmente en este momento hay en desplazamiento porque sin duda se ha incrementado”.
Añadió que la administración estatal tiene un registro de un poco más de 3 mil familias en esta condición, aunque reconoció que el dato se queda corto y que seguramente podría ser considerablemente mayor.
“El gobierno del Estado lleva un seguimiento a través de un padrón de registro. El registro es voluntario. Y el registro tiene un poco más de 3 mil familias, pero entendemos que no son 3 mil familias, debe de haber mucho más”.
Resaltó que el desplazamiento forzado ha ido incrementándose producto de la violencia en Sinaloa y en el país. Señaló que es necesario darle seguimiento al tema para que haya datos más concretos.
LA LEY
Desde el 2020 Sinaloa cuenta con la Ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. El capítulo III se denomina “Del registro estatal de personas desplazadas”.
La finalidad del registro es para facilitar la asistencia y ayuda humanitaria. La elaboración del Registro Estatal de Personas Desplazadas será responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable -Sebides-).
Algunos puntos que se deben tomar en cuenta en el registro son identificación y ubicación por municipio de las comunidades expulsoras de desplazados, nombre de la persona desplazada, con información desagregada por género y edad.
También condiciones de vulnerabilidad con respecto a niños no acompañados, jefas de familias, personas adultas mayores y discapacitadas, la fecha del desplazamiento, los bienes patrimoniales abandonados susceptibles de protección, entre otros.
LOS SECRETARIOS
La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, encargada de realizar este padrón, ha tenido cuatro titulares en este sexenio. Inició con Ruth Díaz Gurría, quien fue desplazada de su cargo para que llegara María Inés Pérez Corral. Posteriormente, el lugar de Pérez Corral lo ocupó Omar Campos y actualmente lo ocupa Francisco Javier Barrón Aguayo.
En estos servidores públicos ha recaído la responsabilidad de llevar a cabo el registro de personas desplazadas.
EL INEGI
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recientemente publicada, la violencia en Sinaloa obligó a 43 mil 400 personas a desplazarse de sus poblados en los últimos cinco años.
El mismo estudio arrojó que 3 mil 300 viviendas han quedado abandonadas en diferentes comunidades de la entidad debido a la inseguridad.
La misma encuesta Intercensal 2025 señala que 9 mil 100 personas salieron de aproximadamente 2 mil 500 hogares por fenómenos naturales.
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