MAZATLÁN, Sinaloa.– Con una inhabilitación para ejercer cargos públicos incluida, la exsíndica procuradora Claudia Cárdenas Díaz busca encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Mazatlán, que la colocaría como posible candidata de Morena a la alcaldía en la elección del 2027.
Sostuvo que la inhabilitación es por una falta menor cuya sanción es por tres meses, misma que analiza impugnar, y aseguró que la medida no le impide participar en el proceso interno de Morena.
La inhabilitación fue emitida el pasado 29 de septiembre por el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán, procedimiento que Cárdenas Díaz puso en tela de juicio porque no fue notificada personalmente y se enteró por publicaciones en medios de comunicación. La medida le impide desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como participar en procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
“Deberíamos de analizar qué tan grave puede ser que derivado de una falta menor haya la posibilidad de inhabilitarle y truncarle a alguien su carrera política. Derivado de un proceso electoral… y cuando me registro viene en todas las notas periodísticas (inhabilitación). Hay muchas denuncias en curso (en el Ayuntamiento) ¿por qué sale la mía, por qué sale de esa manera? Lo dejo a su criterio. No me atrevo a decir que es un revanchismo político”.
EL CASO
Cárdenas Díaz fue denunciada por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán por no haber publicado una convocatoria para elegir a la persona que ocuparía el Órgano Interno de Control en 2023, y por el contrario propuso un perfil para ocupar el cargo. En ese entonces ella fungía como Síndica Procuradora en el trienio que completaron los exalcaldes Guillermo Benítez Torrez y Édgar González Zataráin.
La exfuncionaria defendió su actuación al argumentar que la legislación la facultaba para proponer directamente a la persona titular del Órgano Interno de Control. “Yo siempre actué estrictamente bajo la ley en la Sindicatura de Procuración”.
SE VAN
Gustavo Rojo, director del organismo Observatorio Ciudadano de Mazatlán, dijo que Cárdenas Díaz debió haber publicado esa convocatoria porque así lo estipula el reglamento en la materia.
“Ella tenía que apegarse a lo que establecía el reglamento. Para nombrar al titular tenía que hacerlo a través de una convocatoria pública. Esta convocatoria ella nunca la sacó. El Órgano Interno de Control hizo la investigación y determinó que existían elementos que derivaban en una falta administrativa no grave, por lo cual definió sancionarla con inhabilitación por tres meses”.
Indicó que las sanciones no graves prescriben tres años después de que un funcionario deja su cargo.
“La mayoría de los funcionarios públicos piensan que se van y la responsabilidad se va junto con ellos y no es así. Las responsabilidades administrativas no graves prescriben hasta tres años después. Y si son faltas graves estas prescriben hasta los siete años, de acuerdo con la normatividad vigente”.

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