Por Edgar Ledesma / Animal Político

El Instituto Nacional Electoral (INE) revisará sus contratos, incluido el de producción de credenciales para votar, y podría rescindirlos si se detectan irregularidades, informó la presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, quien aseguró que cualquier decisión deberá garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

Cruz declaró ante medios que las consejerías acordaron revisar tanto los contratos vigentes como los vencidos, para conocer los procedimientos mediante los cuales fueron adjudicados, los servicios adquiridos y las posibles anomalías, con acompañamiento del Órgano Interno de Control (OIC).

“Si es un servicio sustancial, tendríamos entonces que encontrar la manera de hacer el tránsito para que no se afecte ninguna situación en cualquier tema en donde el INE preste un servicio a la ciudadanía”, afirmó, en referencia a la credencialización y la organización de elecciones.

El contrato para producir las credenciales fue adjudicado al consorcio integrado por Cosmocolor, Talleres Gráficos de México e Icards Solution, en un procedimiento que, de acuerdo con Reforma, fue cuestionado ante el OIC por empresas participantes que consideraron que las condiciones favorecían a los ganadores.

Los consejeros Martín Faz y Arturo Castillo coincidieron en la necesidad de revisar las contrataciones, mientras que Castillo sostuvo que deberán anticiparse a las consecuencias de una eventual rescisión para proteger la organización de los comicios.

“Lo que queremos hacer es recuperar la credibilidad de la institución, todo se tiene que transparentar”, señaló, de acuerdo con el diario Reforma.

Preparan protección de documentos y denuncias anónimas

Al cierre de la sesión ordinaria, la consejera Carla Humphrey anunció que preparan un acuerdo para abrir la información del instituto, solicitar investigaciones a las autoridades fiscalizadoras y resguardar documentación.

“También para proteger la documentación, porque puede ahí haber algún riesgo de sustracción o de destrucción de la información”, explicó.

El proyecto incluirá un sistema de denuncias anónimas con protección a denunciantes, con el propósito de reunir elementos sobre posibles irregularidades que las consejerías todavía desconocen.

El acuerdo aún no ha sido sometido a votación, pues decidieron incorporar más elementos antes de presentarlo, aunque Humphrey planteó llevarlo al Consejo General el próximo jueves, si es posible.

La consejera respondió así a Emilio Álvarez Icaza, representante del partido Somos, quien insistió en que la renuncia de Guadalupe Taddei no basta y pidió revisar la integración de la Junta General Ejecutiva.

Excluyen valoraciones de Taddei en nombramientos

Después del receso para revisar las propuestas de designación de autoridades electorales locales, el Consejo aprobó excluir las valoraciones de Taddei y aplazar los nombramientos de Guerrero y Oaxaca para contar con más elementos antes de votarlos.

Humphrey pidió incorporar expresamente esa exclusión al acuerdo, una decisión que, explicó, las consejerías habían tomado desde el día anterior.

“Tenemos que ser particularmente cuidadosas y cuidadosos con estos nombramientos”, sostuvo.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad en lo general, mientras que las propuestas para las presidencias de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de Campeche y Coahuila no alcanzaron los ocho votos requeridos, por lo que sus procesos fueron declarados desiertos.

También se declararon desiertos los procesos para las presidencias de Baja California Sur y Tamaulipas, como ya estaba previsto en el proyecto.

Aprueban programa contra acoso laboral

El Consejo aprobó además, por unanimidad, un programa para prevenir y atender el acoso, el hostigamiento y otras formas de violencia laboral, con aplicación en oficinas centrales, juntas locales y distritales, así como módulos de atención ciudadana.

La medida contempla diagnósticos del ambiente laboral, capacitación y mecanismos de denuncia, atención, sanción y reparación integral.

Humphrey destacó la necesidad de proteger al personal ante los señalamientos públicos de acoso y presuntos despidos injustificados, mientras que Ernesto Guerra, representante del partido Paz, y Álvarez Icaza, de Somos, denunciaron un ambiente de temor entre trabajadores y exigieron atender sus quejas.

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