Rogelio Amaya y Noé Fuentes denuncian que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregó su información confidencial a gestores externos que exigen hasta el 40 por ciento de su compensación para destrabar el pago; además, la CEAV desacata una orden judicial para entregarles los recursos de la reparación del daño causado.
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