Las nuevas tendencias mundiales de las últimas décadas, potenciadas en gran medida por el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación –y particularmente por las redes sociales—, han centrado su atención en el reconocimiento y el respeto a los derechos de las minorías étnicas, sociales y culturales, así como en la importancia de la democratización de la vida social y el perfeccionamiento de los sistemas democráticos.

Y aunque las tendencias legislativas para el mejoramiento de las democracias electorales no marchan al mismo ritmo que los procesos de democratización social –los cuales son mucho más complejos puesto que implican el desarrollo de la conciencia y la maduración social para poner el bien común por encima del bien particular—, se han dado pasos importantes en ese sentido en temas como la equidad de género, el respeto a la diversidad, la inclusión social y la interculturalidad.

No obstante, hay campos, como el de la educación, donde no solo no ha habido avances significativos, sino que, incluso, hasta se han presentado retrocesos, amén de algunos frustrados procesos de cambio.

Antecedentes

 

Hacia los años 90, ante grandes acontecimientos mundiales como la desintegración de la URSS y la caída del muro de Berlín, la vida democrática de las universidades se contrajo y de la perspectiva social y comunitaria de los universitarios, se pasó al academicismo individualista y burocrático, promovido por sistemas meritocráticos implementados por los gobiernos alineados con el neoliberalismo emergente, atendiendo las orientaciones de los organismos financieros internacionales.

En México, las universidades modificaron su agenda académica y social, y hasta sus propias prácticas culturales, para atender los requerimientos y orientaciones del gobierno federal en turno, alineados con los propósitos productivistas de las élites económicas transnacionales, en aras de obtener más recursos financieros, pero dejando de lado su compromiso social con su contexto.

El proceso electoral constitucional del 2018 generó amplias expectativas de transformación social y democrática del país. En las universidades que alguna vez tuvieron una cultura democrática se avivaron las esperanzas de reactivar la participación de estudiantes y trabajadores en las decisiones trascendentes de su vida interna. En la educación básica, los maestros pensaron en la democratización del SNTE y en la participación en las decisiones de la vida académica de las escuelas. En las Escuelas Normales se sembraron expectativas de democratizar la formación de los profesores y en la autonomía de las normales.

Sin embargo, contrario a las expectativas sociales y al propio discurso presidencial en favor de la democratización de la vida nacional, los intereses económicos creados en las últimas cuatro décadas y los intereses político electorales inmediatos han obrado de hecho para que la democracia siga ausente de la educación, salvo en algunos casos particulares, donde la activación democrática converge con los intereses político electorales.

Mientras que en algunas universidades públicas, como la UAS, en el siglo pasado se desarrolló una gran tradición de lucha y compromiso social, desde la época revolucionaria, y de participación estudiantil democrática a mediados del siglo XX, hacia finales de los 90, las universidades se habían concentrado primordialmente en obtener acreditaciones y certificaciones, orientadas por la SEP, y sus maestros invertían gran parte de su tiempo, —que antes destinaban a orientar a contribuir a la formación de sus alumnos— a conseguir cantidades industriales de constancias y reconocimientos para obtener puntajes que se tradujeran en más ingresos económicos, aunque eso no tuviera ningún impacto formativo en sus alumnos, en tanto que los estudiantes se habían concentrado en diversificar sus estrategias para obtener las mejores calificaciones y no necesariamente en aprender más y mejor. Todos habían caído en la trampa del neoliberalismo, que llegaría al extremo en el 2012 con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, en la purga por los excesos, abuso y perversión de las bondades de la democracia, inducidos por los líderes de grupos políticos, los estudiantes y maestros universitarios habían perdido sus facultades para elegir a sus autoridades en el marco de la autonomía universitaria y se veía mal la reflexión, al grado de que, para la  segunda década del nuevo siglo, deliberar o discutir sobre temas relevantes de las escuelas universitarias era ocioso. Sólo se debían abordar en colectivos los temas propuestos por las autoridades y únicamente para legitimarlos –puesto que las autoridades eran las únicas que podían tomar decisiones, sin importar lo que los académicos o los estudiantes hubieran acordado— ya que cuestionar las acciones de sus autoridades se había vuelto impertinente, fuera de lugar y hasta peligroso.

Democracia: Avances y retrocesos en las universidades

 

Hoy, aunque la democracia es, de nuevo, tema de la agenda mundial, ésta no ha logrado penetrar plenamente en la vida social y educativa en México. Y aunque está explícita en la Constitución e implícita en el discurso político de la 4T, sus avances y retrocesos demuestran que su infiltración en la cultura nacional va mucho más lento de lo que se podría esperar.

Mientras que la UAS –que llegó a tener una larga tradición de lucha social y democrática—, mantiene hoy una fuerte oposición a la reforma legislativa que establece que los estudiantes y maestros elijan a sus autoridades, la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) –universidad que surgió como un proyecto alternativo, contrario al proyecto de Universidad Democrática, Crítica y Popular, que profesaba la UAS, a finales de los 70—, hoy alberga un movimiento estudiantil y magisterial democratizador, crítico del sistema de elección de sus autoridades que establece el nombramiento de rector por una Junta de Gobierno, y que estaría proponiendo una iniciativa de ley para que los estudiantes y trabajadores puedan ejercer su voto de manera universal para elegir al rector de la UAdeO.

La reforma a la ley orgánica de la UAdeO, para que los estudiantes y maestros puedan elegir a sus autoridades mediante voto universal, previa consulta vinculante a la comunidad universitaria, podría aprobarse en unos pocos meses, en tanto que la aplicación de la ley estatal de educación superior a la UAS, para que estudiantes y trabajadores elijan a sus autoridades, podría postergarse mucho más tiempo, sobre todo a partir de que las autoridades universitarias obtuvieron un amparo de la justicia federal contra algunos artículos de la ley, por lo que Congreso del Estado ha manifestado su decisión de promover un recurso de revisión en instancias judiciales.

Al margen de que el Congreso puede interponer el recurso de revisión a la resolución del juez que concedió el amparo para que no sea el congreso el que haga la consulta en la comunidad universitaria, el congreso debería buscar un acuerdo sobre quién y cómo hacer la consulta para aplicar avanzar en la aplicación de la ley en los aspectos en que sí es viable y se apega a la ley federal de educación superior.

No obstante, el tema de la democracia universitaria y de la propia agenda universitaria está vigente en muchas otras universidades del país, incluyendo a la propia UNAM, a partir del cuestionamiento del enfoque de sus funciones sustantivas, como son el tipo y orientación de la temática de investigación y la orientación de las propias carreras que ofrecen. Es decir, a quién sirven la investigación que realiza y el conocimiento que se imparte.

Educación básica ¿Democratización sindical?

 

Asimismo, la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador generó muchas expectativas en los maestros por la prometida democratización del SNTE. Sin embargo, la reforma laboral democratizadora no alcanzó al sector magisterial. Los cambios en la Ley Federal del Trabajo que obligaba a democratizarse a los sindicatos de trabajadores clasificados en el apartado A del artículo 123 Constitucional, no se hicieron en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado clasificados en el apartado B del artículo 123, consagrado solo para trabajadores del gobierno. Por tanto, la reforma laboral no obligaba legalmente a democratizarse al SNTE. Las pingues modificaciones que se hicieron a la LFTSE redujeron su proceso de democratización a una mera simulación interna, donde los dirigentes eran juez y parte, en una faramalla solapada por compromisos político electorales.

Democracia en el nuevo plan de estudios

 

Lo que sí plantea explícitamente la participación democrática de los maestros en la educación es el nuevo plan de estudios 2022, de educación básica, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, sin embargo, ese proceso de participación democrática de los maestros en la elección de contenidos y metodologías, que debería de influir también en la participación democrática de los propios alumnos en la construcción de conocimiento, va mucho más lento de lo que se podría esperar. Es un proceso ambicioso pero difícil de lograr.

Es decir, en el planteamiento del nuevo plan 2022 subyace una propuesta de un proceso de planeación y desarrollo educativo democrático, en la planeación y en la aplicación, tanto entre los propios maestros, como entre los maestros y los alumnos, de vinculación con la comunidad, el cual, en el mediano y largo plazo, sentaría las bases para formar una cultura democrática y participativa tanto de las escuelas como de las comunidades, sin embargo, la falta de preparación previa de maestros y, sobre todo, de directivos para involucrarse en esa cultura participativa y sobre todo, con una lógica distinta de integración del conocimiento, ha dificultado la aplicación del plan y por tanto, el avance de una cultura democrática, pues tiene un arraigo de muchos años de una cultura de enseñanza, y de autoridad, verticalista y autocrática que, en el mejor de los casos, suponiendo que se aceptara continuar con la visión del plan de estudios, podría llevar más tiempo del esperado dejarla atrás.

En normales, democracia frustrada

 

Donde el discurso de la 4T si prendió rápidamente, en el 2019, fue en las escuelas normales –donde hay importantes experiencias y tradiciones de participación democrática— cuando se convocó a un Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales que se organizó en 5 mesas de trabajo. Y donde una de las mesas era la autonomía de las Escuelas Normales. 236 escuelas normales de todo el país se reunieron, en la primera etapa, en el Estado de México en un verdadero ejercicio democrático, donde se escucharon todas las voces y se tomaron acuerdos que servirían de base para organizar la vida futura de las normales y la formación de profesores de todo el país.

El ejercicio prosperó en la segunda y tercera etapa, en San Luis Potosí y en Los Cabos, Baja California Sur, donde se concluyeron los trabajos que delinearon lo que serían una iniciativa de ley para incluir la educación normal en la Ley de Educación Superior. Sin embargo, lamentablemente sólo se estaba usando a los maestros para legitimar una propuesta distinta, que ya se tenía bajo la manga y que no correspondía con las aspiraciones y los acuerdos de los maestros que participaron en el congreso de normales.

A pesar de que ya se habían emitido los resolutivos en la tercera fase del congreso, en Los Cabos, se convocó a una carta fase del congreso en la ciudad de Puebla –que no se acordó por el congreso normalista y que no estaba prevista—, para legitimar una propuesta muy distinta de la acordada por los maestros. El discurso de Luciano Concheiro en Puebla fue amenazador. La nueva propuesta contraria a los deseos de los maestros no fue presentada para discutirse, sino sólo para avalarse y ante algunas expresiones de rechazo y de gestión independiente, el subsecretario de educación superior sentenció que esa era la única instancia válida de gestión de las normales.

Se había suprimido totalmente el trabajo de la mesa de Autonomía de las Escuelas Normales y no se incluyeron resolutivos fundamentales como la elaboración conjunta de un nuevo reglamento de ingreso y promoción a las normales, ya que el vigente de 2018 desconocía la antigüedad como factor de promoción y respondía totalmente a la reforma educativa recién derogada por la Cámara de Diputados federales a iniciativa del presidente López Obrador. Se suprimía también la figura del Congreso Nacional Permanente de Escuelas Normales, entre muchas otras resoluciones eliminadas.

Así, el gran avance democrático que implicaba el funcionamiento de una instancia democrática nacional con participación permanente de representantes de todas las escuelas normales del país fue suprimido en la reglamentación de la Ley de Educación Superior reduciéndolo a un mero “staf” de las autoridades educativas de los estados, sin ninguna capacidad de resolución y con delegados sin capacidad de gestión y seguimiento de acuerdos, sólo con facultades de opinión y únicamente durante los dos días que dure el congreso. A eso se redujo el gran ejercicio democrático nacional iniciado en el 2019.

Y salvo las escuelas normales de algunas regiones del país con tradición democrática, el resto sigue en la inercia burocrática y oficialista, impositiva y vertical, simulando trabajo académico colegiado como requisito para las certificaciones y las disposiciones administrativas impuestas por los médicos parteros heredados por Aurelio Nuño en la DEGESPE, que, en su ignorancia –o conveniencia— adoptó Luciano Concheiro— adoradores de la formación por competencias –sólo se vistieron de camiseta tinta de la 4T—, que desconocen lo que es la profesión de educar y que son totalmente ajenas a la cultura docente… y a la democratización de la vida social y educativa que plantea la 4T.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO