A parar el ecocidio en el Cerro del Crestón. No a la Tirolesa en El Faro de Mazatlán

Con la instalación de una tirolesa en el Cerro del Crestón en Mazatlán, el proyecto turístico para la ciudad está rayando en lo absurdo.

Las ocurrencias de los inversionistas están haciendo de la ciudad, de sus calles, sus playas y sus áreas naturales, un parque de diversiones en el que todo es bullicio y multitud.

El crestón es una importante reserva ecológica que alberga una diversidad de especies de flora y fauna que requieren de atención especial para su conservación.

Su preservación como entorno natural es fundamental porque sus rincones disponen lugares para el retraimiento que cada vez son más escasos.

Además, estamos frente a una iniciativa que pretende lucrar con uno de los espacios públicos más icónicos de la ciudad.

La implementación de un proyecto de tanto impacto no puede quedar en manos de burócratas que con su sola firma modifican entornos tan importantes para la ciudadanía y la biodiversidad.

La tirolesa ya cuenta con el aval del director de ASIPONA, antes API, pues al parecer toda la zona alrededor de El Faro es parte del recinto portuario administrado por la Secretaría de Marina.

No es la primera vez que una dependencia federal otorga permisos de manera discrecional, pasando por alto otras dependencias del gobierno local con quienes debieran coordinarse.

Ya pasó anteriormente con la multitud de permisos que irresponsablemente otorgó Jorge Abel López Sánchez a vendedores ambulantes que saturaron la glorieta Sanchez Taboada, cuando este fue delegado de la Semarnat.

Es la corrupción, el tráfico de influencias y el corporativismo político lo que está detrás de la expedición de estos permisos en zonas federales.

El gran problema es que la mayoría de los funcionarios al frente de las delegaciones creen poder abstenerse de rendirle cuentas a la ciudadanía y a los gobiernos locales.

Ni siquiera sus superiores en el centro del país están al tanto de lo que hacen estos políticos privilegiados en las regiones que les toca administrar, por lo que obtener una delegación estatal es prácticamente una invitación para enriquecerse a costa de traficar con permisos y concesiones federales.

El otro inconveniente es que normativamente las franjas costeras están fuera de la jurisdicción de las autoridades municipales, que en la práctica son las que establecen los lineamientos para la planificación de las ciudades.

Por más esfuerzos que un haga un municipio para ordenar su territorio mediante ejercicios de consulta y planificación, al final todo cae en saco roto porque los funcionarios federales pueden hacer y deshacer, saltarse planes y programas, sin pedir la opinión de nadie.

Las declaraciones del titular de ASIPONA así lo constatan, pues al ser cuestionado por el proyecto, éste se limitó a decir que toda autorización en ese lugar corresponde otorgarlo a la federación: “yo doy la concesión, lo mando a la dirección de puertos, en la ciudad de México, y ahí lo estudian”, dijo fríamente el contralmirante Mariel Aquileo Ancona, sin reparar lo que El faro representa para los locales.

Por otro lado, el proyecto de la tirolesa al parecer es una iniciativa del empresario mazatleco Amado Guzmán, líder de Grupo Petroil, que en los últimos años ha ganado notoriedad por la expansión y éxito de sus negocios.

Desafortunadamente con Amado Guzmán estamos viendo otra vez la misma lógica de pequeño emperador que ya es un síndrome entre los empresarios mazatlecos, que al igual que los hermanos Arellano, Ernesto Coppel, o el Pity Velarde, piensan que al ser sus empresas una importante fuente de empleo en la localidad, eso les da el derecho de acomodar y regular los espacios en la ciudad a como les conviene.

Pero ya la ciudadanía les hizo saber, ahora con el conflicto de la banda y la playa, que los mazatlecos no son tan dejados y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias con tal de defender lo que consideran suyo.

Incluso en las redes sociales nuestras muy estimadas y valientes colegas Sibely Cañedo y Sheila Arias lanzaron un oportuno grito cívico de guerra: “¿Cómo es posible que vayamos a permitir que destruyan el Cerro del Crestón nada más por intereses económicos de algunos cuantos?”, “Callar no es opción”, expresaron cada una por su cuenta.

Parece que se aproxima una gran batalla por el espacio urbano y por el derecho a la ciudad. El objetivo central, para que sea duradero, no debe limitarse en impedir el inmediato ecocidio y lucro privado del Cerro del Crestón. Esto debe ir más allá.

La meta colectiva debe ser terminar de una vez por todas con la discrecionalidad de funcionarios y empresarios a la hora de echar a andar proyectos en zonas federales sin tomar en cuenta a la ciudadanía, y que, en vez de eso, sea la planificación legal y consensuada lo que marque el rumbo del desarrollo de Mazatlán de aquí en adelante.