¿En qué condiciones se dará el Santiago al ciclo escolar 2025-26? La realidad que vivimos invita al reconocimiento de los problemas que limitan las posibilidades de la educación en México y en Sinaloa. El discurso oficial no abunda en el tema, en tanto desde la oposición sobran calificativos y señalamientos acerca de las debilidades y fallas del sistema educativo. De nuestra parte, ya manifestamos la semana anterior que la decisión de concluir el ciclo escolar en atención al calendario regular, sin observar los estragos que la crisis de seguridad nos impuso en Sinaloa, no fue lo más correcto. No hay duda en que, si se quiere consolidar el crecimiento de la economía y el desarrollo del país, tenemos que atender como prioritaria la educación pública.
Hay información que debe llevarnos a la aplicación mayor en materia de educación: el pasado 3 de enero, el periódico El Universal nos dejó sin aliento al señalar que en los últimos tres ciclos escolares la matrícula había disminuido en 310 mil alumnos. Y su investigación encontró que 116 mil de ellos marcharon a escuelas privadas, mientras los 193 mil restantes no tuvieron como destino aula alguna. Desertaron, dice el diario. Aunque el maestro Rodrigo López Zavala, subsecretario de educación superior en Sinaloa, aporta un término más adecuado: es exclusión, dice. La sociedad no encontró la manera de incluirlos en alguna de sus ofertas educativas. Hablar de deserción, de acuerdo a López Zavala, es echar la responsabilidad sobre las espaldas de los que ya no asistieron a las aulas. Decir exclusión, es preguntarnos por dónde cojea el sistema educativo que no resulta atractivo para quienes están ausentes de las aulas.
El índice de fuego de muchos críticos apunta a que la escuela pública enfrenta problemas de desigualdad tanto en el acceso a las escuelas como en la calidad que ofrecen, fallas en la estructura de las instituciones educativas, necesidad de una mejor formación sin faltar la dignificación del magisterio, deficiencias presupuestarias y que, a pesar de los esfuerzos más recientes, no se termina por contar con un verdadero proyecto de educación pública. No faltan verdades en ello y reiterando que el sistema educativo termina excluyendo a un porcentaje cada vez mayor de alumnos, en la medida en que el nivel de educación y la edad de los beneficiarios crece. Al menos aquí nos brinca una fuerte pregunta: si asistir a las aulas y recibir educación tiene el hermoso objetivo de enseñarnos a identificar y resolver los problemas que la vida nos presenta, cómo es que el sistema educativo no encuentra una solución para los alumnos que ahora están fuera de sus aulas.
En las últimas décadas la UNESCO y muchas otras instancias a nivel internacional insisten en el respaldo que la educación pública debe tener para resolver el problema elemental de formación escolar y profesional, pero ahora nuestro país registra que el 30 por ciento de sus alumnos prefiere el cobijo de instituciones educativas privadas.
La explicación de que la matrícula disminuyó porque las tasas de natalidad han caído no explica todo lo que sucede en las aulas públicas, hay que volver la vista hacia lo que piensan padres de familia de las clases medias sobre las condiciones de la educación pública y su confianza en ellas. Son un sector social importante y debe ser escuchado.
Ha trascendido que la OCDE señala que México invierte alrededor de 3 mil 513 dólares por estudiante en escuelas públicas, en tanto el promedio invertido por el resto de sus miembros es de 14 mil 209 dólares anuales. Destinar la cantidad señalada en nuestra Nación da como resultado que más de 56 mil escuelas primarias y de educación secundaria no cuentan con agua entubada, más de 43 mil instituciones no tienen lavabos y a más de 26 mil escuelas no llega la energía eléctrica, tan elemental para toda función escolar. Cómo poner en duda que la escasez en los recursos económicos y la capacidad instalada sin muchas aspiraciones condena a serios límites las posibilidades de aprender.
En Sinaloa, además de las fronteras que compartimos con las otras entidades en materia de educación, vivimos una coyuntura muy especial en el terreno de la seguridad que afectó el ciclo escolar anterior y que pone en riesgo el que viene. La capacidad de resiliencia que hemos fortalecido durante los recientes años de Covid-19 y en la Ola violenta que vivimos desde el mes de septiembre del año pasado, nos da la inteligencia de prevenir los escenarios posibles del próximo ciclo escolar y de encontrar soluciones. Sin duda hay que afinar toda la infraestructura para las clases virtuales para los casos en que tengamos que recurrir a ellas. Hacerlo en tiempo y forma nos resolverá el problema de pérdidas en la enseñanza.
Pero hay un renglón que no podemos descuidar: en primer lugar, el estado físico que guardan todas las instalaciones escolares. Antes de que arranque el nuevo ciclo escolar la autoridad educativa debe gestionar que el agua entubada y el servicio de energía eléctrica no falten en ninguna escuela y que los servicios sanitarios presenten las condiciones que demandan sus usuarios. Sin olvidar que todas las escuelas tengan como parte de su equipamiento instalaciones que permitan el acceso a personas con discapacidad. Quienes asisten a las aulas son los ciudadanos que dentro de pocos años se harán cargo de la conducción de nuestro estado y del país, no podemos negarles el derecho a educarse y formarse en las condiciones y con los recursos de que debe y puede disponer ahora Sinaloa. Lo que hagamos en este terreno es una inversión, la mejor sin duda, no un gasto, como otros lo ven. Por lo demás, la difícil coyuntura que vivimos nos pone en la circunstancia de ser creativos, no de rodillas. Aceptemos el reto. Vale.
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X @Oscar_Loza
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