Combate a la corrupción con enfoque de desarrollo sostenible

Por: Raquel Zapien Osuna*

Muchos de los problemas de nuestras ciudades tienen su origen en la forma en que se gestiona el suelo. Solo tenemos que observar con atención para identificar rellenos y edificaciones sobre escurrimientos naturales de agua, escasez de áreas verdes y asentamientos humanos en zonas susceptibles a deslaves e inundaciones.

Durante el verano, las olas de calor nos recuerdan que cuando la vegetación es sustituida por edificios y pavimento el aire es más caliente. La experiencia también nos dice que durante la temporada de huracanes el riesgo para la población y los sectores económicos es mayor sin los bosques de manglar y dunas costeras que aminoran el impacto de los fuertes vientos.

La planeación y el ordenamiento territorial urbano y ecológico es la vía para lograr que las ciudades crezcan de forma ordenada, usen sus recursos de manera sustentable y eviten la expansión urbana en áreas protegidas y zonas de riesgo. Pero en la práctica ha ocurrido lo contrario, ejemplos hay.

Estas omisiones y uso discrecional del suelo podrían incrementar la vulnerabilidad de miles de familias ante los efectos de ciclones, crecidas de ríos e inundaciones. En un contexto de cambio climático, en el que se prevén tormentas más intensas, sequías más prolongadas y aumento del nivel del mar, debemos colocar el tema en la agenda pública y actuar en consecuencia desde las diversas esferas y ámbitos de competencia.

Desde el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, hemos impulsado una agenda anticorrupción con enfoque de desarrollo sostenible que pone el foco de atención en la forma en que se administra el suelo, así como sus impactos ambientales, sociales y económicos; ¿es esto posible? sí.

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa establece las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. Esta norma jurídica no se refiere de manera expresa al tema ambiental o territorial, pero sí contempla la instrumentación de mecanismos de disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción “a partir de las causas que los generan”.

Recordemos que la corrupción es un fenómeno complejo y sectorial que puede manifestarse de diversas formas y ocurrir en todo tipo de escenarios, más allá del ejercicio presupuestal de las administraciones públicas. La indebida expedición de licencias de construcción y cambios de uso de suelo, por ejemplo, podría derivar en faltas administrativas y actos de corrupción con efectos devastadores en este nuevo escenario global. Eso es lo que queremos prevenir desde el ámbito local, ¿cómo? Desde los procesos internos de la gestión estatal y municipal.

Las acciones que este CPC ha incorporado tanto en su Programa de Trabajo, como en el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PIPEA) están concentradas en los siguientes puntos:

1. Que los permisos de construcción y cambios de uso de suelo se publiquen de forma actualizada, accesible y en formatos descargables a través de mecanismos de transparencia proactiva.
2. Que los trámites y servicios asociados a la gestión del suelo se incluyan en los procesos de mejora regulatoria con un enfoque de prevención de la corrupción.
3. Fomentar la expedición, actualización y observancia de los planes y programas de ordenamiento territorial urbano y ecológico, así como los atlas de riesgo.
4. Que estos instrumentos con validez jurídica, que regulan el uso del suelo presente y futuro, también sean reconocidos como mecanismos de prevención de la corrupción.
5. Fortalecer y crear nuevos mecanismos de participación ciudadana en asuntos relacionados a la gestión de suelo y medio ambiente desde la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa.
6. Creación de sistemas de información geográfica (visores urbanos) municipales que faciliten el acceso a la información en temas relacionados al suelo, medio ambiente y otros trámites administrativos de forma georreferenciada, visible en mapas.
7. Impulso a las auditorías al desempeño para identificar si las políticas públicas en materia de gestión de suelo operan bajo los principios de eficacia y eficiencia, en congruencia con el marco jurídico aplicable.

En el último año y medio, el CPC ha impulsado este enfoque al interior del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción logrando incluir más de 36 acciones en el PIPEA.

El combate a la corrupción con un enfoque de desarrollo sostenible fue el tema central del Primer Foro de Transparencia para el Desarrollo Sostenible que realizamos en junio de 2024 en Culiacán con el apoyo directo de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP); el resto de los entes que conforman el Sistema también participaron, colocando a Sinaloa como el primer estado en abordar el tema desde este órgano colegiado. También se unió la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), encargada de la política ambiental y territorial de nuestra entidad.

Para establecer mecanismos de colaboración, hemos tenido acercamiento con los institutos municipales de planeación de Ahome y Mazatlán, así como el Visor Urbano de Jalisco y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMERGE); además, recientemente nos reunimos con el alcalde de Mazatlán para impulsar la transparencia proactiva en permisos de construcción y cambios de uso de suelo en ese municipio.

En este proceso hemos contado con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, con quienes ya estamos trabajando una agenda desde la Red de Ciudadana Anticorrupción que conformamos en febrero. La convocatoria para incorporarse sigue abierta.

No ha sido fácil incluir este enfoque en un sistema que no fue creado bajo esa visión, pero sí es posible y más necesario que nunca. Seguiremos trabajando. Gracias por leer y llegar hasta aquí.

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Fuentes: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa; Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ONU; Programa de Implementación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa

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Raquel Zapien Osuna es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. Presidenta de la Comisión de Municipios de la Red Nacional de CPC´S.