De Culiacán a Washington: cómo Sinaloa quedó atrapado en una nueva doctrina de seguridad norteamericana

Sinaloa dejó de ser solo un estado del noroeste mexicano para convertirse en una referencia recurrente en discursos de seguridad nacional fuera del país. Su nombre aparece cada vez más asociado a amenazas que se presentan como globales.

En el discurso político estadounidense, Sinaloa opera como un atajo semántico que condensa la idea de cártel, fentanilo, violencia y enemigo externo en una sola palabra, simplificando una realidad mucho más dispersa y compleja.

El resultado es la territorialización simbólica de un problema que en realidad funciona a través de redes multinodales, cadenas logísticas internacionales y mercados compartidos. La complejidad estructural se sustituye por una geografía moral que identifica lugares “culpables” y espacios “amenazantes”.

Este giro coincide con un momento de transición del orden internacional, marcado por la pérdida relativa de hegemonía estadounidense y el ascenso de nuevas potencias. Las reglas, consensos y mecanismos multilaterales que sostuvieron el liderazgo global muestran signos de desgaste.

En ese contexto, la fuerza vuelve a ocupar un lugar central, no para reorganizar el sistema, sino para administrar la incertidumbre y enviar señales de control. El lenguaje de la excepcionalidad se normaliza como respuesta frente a un entorno percibido como inestable.

América Latina reaparece entonces como espacio de seguridad estratégica, y México queda en el centro de esa lógica por su cercanía territoria con Estados Unidos, su integración económica y su papel en flujos que hoy se leen desde claves de amenaza y contención.

La redefinición de los cárteles como organizaciones terroristas marca un quiebre conceptual profundo. No se trata únicamente de un cambio retórico, es también una transformación en la manera en que se clasifica el problema y, por tanto, en las respuestas que se consideran legítimas.

A ello se suma la narrativa que presenta al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Al elevarlo a ese nivel simbólico, el problema deja de ser tratado como crisis de salud pública y se convierte en justificación para medidas extraordinarias.

Bajo este nuevo marco, territorios como Sinaloa dejan de ser entendidos como espacios sociales complejos y pasan a ser concebidos como escenarios potenciales de confrontación, donde la excepcionalidad deja de ser transitoria y comienza a institucionalizarse.

Pero este endurecimiento del discurso tampoco puede separarse del calendario electoral estadounidense. En contextos de polarización interna, la promesa de mano dura frente a enemigos externos ofrece rendimientos políticos inmediatos y fácilmente comunicables.

México, y particularmente Sinaloa, se convierten así en insumos discursivos para disputas electorales que poco tienen que ver con la realidad local. El costo diplomático o regional se vuelve secundario frente al beneficio político interno.

Cuando la política exterior se subordina a la lógica de campaña, el riesgo no se limita a la retórica. La historia muestra que ese tipo de discursos puede traducirse en presiones concretas, incluso cuando sus consecuencias sean difíciles de controlar.

Es verdad que la interdependencia económica entre México y Estados Unidos pudiera actuar como freno ante a una ruptura abierta, pero también como un instrumento eficaz de coerción, sobre todo si la seguridad nacional comienza a utilizarse como argumento para amenazas arancelarias, sanciones y condicionamientos comerciales.

Para Sinaloa, cuya economía depende del turismo, exportaciones agroindustriales, logística y reputación comercial, este tipo de intervención indirecta puede resultar tan disruptiva como una acción de fuerza directa.

Aunque una intervención limitada tendría efectos significativos en el terreno. La presión selectiva pudiera fragmentar aún más las organizaciones criminales, y detonar nuevas disputas internas.

A ello se suma el impacto económico derivado de alertas, listas negras y mayores exigencias de cumplimiento que pueden paralizar inversiones, encarecer operaciones y afectar cadenas productivas completas.

El daño no sería únicamente inmediato. La estigmatización internacional de un territorio suele dejar huellas duraderas en su desarrollo social, político y económico.

Frente a este escenario, rechazar una intervención externa es necesario. Aceptar sin cuestionar el lenguaje de guerra y terrorismo implica también aceptar la jerarquía que ese lenguaje presupone. El riesgo es terminar actuando dentro de un marco conceptual impuesto desde fuera.

El desafío para México consiste en sostener una defensa firme de su autonomía sin caer en la negación del problema ni en un nacionalismo retórico que no produce capacidades reales.

Sinaloa no es la causa del conflicto geopolítico que hoy lo nombra, sino el espejo donde se reflejan tensiones globales no resueltas. Su centralidad es más simbólica que estratégica, pero no por ello menos peligrosa.

El mayor riesgo no es una intervención inminente, sino la normalización de un discurso que vuelve pensable, legítima y políticamente rentable la idea de intervenir sobre territorios ajenos.

Pensar a Sinaloa desde esta complejidad es una forma de anticipación política. Simplificar o guardar silencio, en cambio, es dejar que otros decidan su destino desde lejos.